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Nacionales

Exdiputado Céspedes presionó para beneficiar a JCB

Señala informe de la Procuraduría de la Ética

  • Al excongresista Walter Céspedes lo investiga la Fiscalía por el presunto delito de tráfico de influencias

  • Las conclusiones del informe de la Procuraduría de la Ética indican que Céspedes violentó su deber de probidad

El exdiputado socialcristiano Walter Céspedes Salazar (2010-2014) presionó a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y utilizó su figura de legislador para buscar el beneficio del empresario del cemento chino Juan Carlos Bolaños (JCB), violentando así su deber de probidad.

Así lo indica el informe AEP-546-2019 de la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) que fue entregado este martes a los parlamentarios y del cual DIARIO EXTRA tiene una copia.

Este medio había informado en julio del 2017 las supuestas presiones que Céspedes realizó a la entonces presidenta de la CNE, Vanessa Rosales, con el fin de beneficiar el contrato a una empresa constructora de Bolaños para la reconstrucción de la ruta 36 Bribri-Sixaola en Limón.

En el informe la PEP explica cómo el contrato para dicha carretera por un monto de ¢1.500 millones fue adjudicado por la CNE en 2007 al Consorcio JCB Alquiler de Maquinaria S.A-Constructora Industrial Especializada del Atlántico S.A. 

En el 2009 este consorcio cedió sus derechos económicos del contrato a JCB Alquiler de Maquinaria S.A., empresa de Juan Carlos Bolaños. Pero el proyecto se paralizó y el contrato fue rescindido.  

Según indicó Rosales en el informe, Bolaños insistió varias veces para que se le pagara lo que él consideraba había invertido.

Se agrega además que el empresario contactó a Céspedes para externarle su preocupación por la situación del finiquito del contrato en esta ruta.

 

NOTAS A VANESSA ROSALES

 

El entonces congresista envió varias notas a Rosales, además de una reunión que tuvo en el despacho de la jerarca de la CNE para consultar sobre la situación del contrato.

El informe de la PEP en su página 12 resalta uno de los oficios que Céspedes envió (JPUSC-WCS-009-05-10), del 5 de mayo del 2010, donde pide a Rosales explicaciones del por qué la paralización de la obra. 

En otro oficio (JPUSC-WCS-231-09-10) Céspedes le vuelve a instar a Rosales que busque en mutuo acuerdo con Bolaños finiquitar el contrato y evitar “reclamos que conduzcan a litigios largos y tediosos”.

Finalmente, el finiquito se hizo en 2012 y según indica Rosales a la investigación de la PEP, Céspedes no volvió a solicitar información sobre la reparación de la ruta 36, pero había manifestado en varias ocasiones su interés por el proyecto.

Rosales acotó a la PEP que para ese momento la información que solicitaba Céspedes era excesiva y era evidente para ella la presión del entonces diputado, que a la vez era presidente de la Comisión de Ingreso y Gasto Público, donde incluso la llamó a comparecer, lo que hizo presión política y mediática sobre ella.

“Al emitir el señor Walter Céspedes Salazar esos oficios se apartó de la satisfacción del interés público, actuando con imprudencia, ya que no se aseguró que esa decisión de consultar sobre la reparación de la ruta 36 se orienta a las funciones propias de su cargo de diputado, sino que más bien se dirigió a propiciar un trato privilegiado a un administrado ante la CNE, tratando de influir en la gestión administrativa de una institución del Estado, realizando actos que lo alejaron de la objetividad, independencia e imparcialidad como funcionario público. 

Tanto es así, que el contenido de esos oficios trascendió y hoy por haberlos emitido, el exdiputado Céspedes Salazar está siendo sometido a cuestionamientos éticos”, menciona el informe.

 

INTERÉS DE LA MAYORÍA

 

La PEP insiste en sus conclusiones que Céspedes no veló por los intereses de la colectividad, sino por los de un empresario, y su actuar violentó su deber de probidad.

“El exdiputado Walter Céspedes amparado al mandato de ser ‘representante del pueblo’ se arrojó el derecho de velar por los intereses de un particular, Juan Carlos Bolaños, intentando presionar a la señora Vanessa Rosales, presidenta ejecutiva de la CNE, para que procediera con el finiquito del contrato”, indica el informe.

La PEP enviará dicho informe a la Fiscalía General, donde ya se investiga si Céspedes cometió el delito de tráfico de influencia, causa que se analiza bajo el expediente Nº 17-82-1218-PE de la Procuraduría. Se intentó conocer una reacción del exlegislador, pero no fue posible ubicarlo en su celular.

PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro

CRÉDITOS: Foto: Archivo

EMAIL: [email protected]

Miércoles 03 Abril, 2019

HORA: 12:00 AM

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