En el último semestre, desde octubre de 2018 hasta marzo de 2019, los medios de comunicación en Costa Rica han sido víctimas de censura y limitaciones en el ejercicio de sus funciones.
La libertad de prensa y expresión es objeto de afrentas por parte del poder político y económico.
Varias empresas periodísticas se han visto afectadas con resoluciones y sentencias que a todas luces violentan el ejercicio profesional, pero además empañan el Estado de derecho que tanto se pregona.
Por eso durante estos últimos tres días el país, con su representante Iary Gómez, gerente general del Grupo Extra, expuso ante la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) reunida en Cartagena, Colombia, un informe detallado de las afrentas y amenazas latentes que se enfrentan cuando se trata de señalar, evidencia y criticar al gobierno y los grandes empresarios.
Para la empresaria de medios informativos lo que está sucediendo no debe ignorarse o subestimarse, por el contrario, debe ponerse atención porque implica un avance sistemático de agresiones que como efecto colateral afectan a los ciudadanos que cada día buscan la información más veraz y oportuna de sus representados.
“Para nadie es un secreto que hay una intención solapada de parte de algunas autoridades de desacreditar a los medios, a sus equipos de trabajo ante la ciudadanía, no les gusta verse descubiertos o desmentidos algunos representantes del gobierno, entonces lo más sencillo es emitir fallos que provocan daño a la libertad de prensa”, expresó la representante de Costa Rica ante la SIP.
CENSURA
El primero de los casos expuestos ante la SIP ocurrió el 22 de diciembre de 2018, cuando la Oficina de Control de Propaganda, adscrita al Ministerio de Gobernación y Policía, notificó a DIARIO EXTRA sobre una resolución administrativa que censuraba el contenido de la portada.
Textual indicaba el documento oficial “solicitar al DIARIO EXTRA que de ahora en adelante se abstenga de publicar en sus portadas, imágenes de cuerpos de personas especialmente de mujeres ensangrentadas, mutiladas y desnudos, principalmente si han sido víctimas de violencia sexual, por lo cual la empresa deberá abstenerse de publicar nuevamente la imagen en la portada”.
Advierte además que el medio no debió usar fotos u otras imágenes provenientes de las redes sociales, las cuales a todas luces son de carácter público. Dicha dependencia además sugirió en su documento que este medio nacional promovía hechos delictivos como crímenes y violaciones a mujeres, lo anterior con la intención de promover otro tipo de sanciones, no solo legales, sino también sociales.
La resolución advertía que la portada tiene un fin publicitario e insinuaba que podría valorarse algún tipo de revisión previa, con el fin de evitar la publicación de ciertos contenidos que no eran del agrado de esa dependencia. Lo anterior es una clara violación a la libertad editorial e implica censura previa.
María Elvira Domínguez, presidenta de la SIP, se mostró sorprendida por la notificación y evidenció que esta dependencia nacional confunde los contenidos periodísticos con los publicitarios y pidió a dicho organismo retirar la notificación de censura.
“Nos preocupa que una entidad oficial se entrometa con criterio editorial periodístico”, sentenció.
DESPIDEN HUMORISTA
Para ese mismo mes del año anterior Canal 7 Televisora de Costa Rica debió despedir a un comediante que participaba en un programa de televisión porque este contó un chiste que fue catalogado como machista.
La medida se tomó después de que Marcia González, ministra de Justicia, usara sus redes sociales para manifestar que investigarían lo sucedido y añadió que el espacio televisivo no cumplía con la agenda de valores sociales que promovían esa cartera y el gobierno en general.
Se expuso también acerca de la condena que recibió Repretel, pues un humorista contratado para las actividades del fin de año de 2018 hizo unas imitaciones que aludieron a una mujer.
Ella adujo que la caracterización fue una falta de respeto hacia su persona, más que es una adulta mayor. Acudió a los tribunales, que fallaron a su favor y condenaron a la empresa al pago de ¢70 millones.
ELIMINAR ARCHIVOS
Un tercer evento reprochable ocurrió a inicios de 2019, cuando la Oficina de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) del Ministerio de Justicia notifica a DIARIO EXTRA para que elimine de sus archivos una noticia que se difundió el 13 de julio de 2018.
La información, que reviste interés público, daba cuenta de la detención arbitraria de un costarricense por parte de las autoridades nicaragüenses en territorio de Costa Rica. La noticia la confirmó en su momento la propia Cancillería de la República.
Pese a lo anterior, esa dependencia resolvió que este medio de comunicación debía eliminar además la fotografía del afectado, pese a que la imagen usada corresponde a un pasaporte, documento que es de carácter público y oficial en el país.
Prodhab está haciendo uso de la Ley 8968 de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales como mecanismo de sanción, pese a que no fue diseñada para regular la actividad de prensa, siendo así un riesgo a la práctica en el ejercicio periodístico.
PROYECTO DE LEY PELIGROSO
Para la gerente del Grupo Extra otro elemento importante de mencionar ante la SIP fue la propuesta de proyecto de ley en el expediente 21187 que presentó Erwen Masís, diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), que pretende combatir la ciberdelincuencia.
Sin embargo dicha iniciativa implica un riesgo latente para la libertad de expresión, pues se enfoca en sancionar la publicación de fake news o noticias falsas.
La ley implicaría una pena de cárcel de hasta 4 años a quien difunda noticias catalogadas como falsas, pero es más que claro que una norma de este tipo se prestaría para perseguir periodistas y comunicadores, además de ciudadanos que tienen derecho a difundir opiniones.
“El tipo penal en que podrían enmarcarse las fake news es aún incierto y de promover estas leyes podría ser un mecanismo de poder para increpar a los medios de comunicación por parte de grupos políticos y económicos disconformes con denuncias”, explicó Gómez en su ponencia ante más de 300 medios informativos del continente.
El proyecto también pretende sancionar a quienes difundan, publiquen o recopilen información catalogada como privada sin autorización del titular, aunque esta se difunda en redes sociales. Peor aún, propone castigo de prisión de 6 meses a 1 año a quien capte imágenes y difunda datos de ubicaciones en tiempo real de una persona.
Se propone además pena privativa de libertad para quienes difundan comunicaciones orales, grabe manifestaciones verbales o que mediante procedimientos escuche manifestaciones privadas que no le estén dirigidas. Esto limita la acción periodística de denuncia en casos de corrupción y crimen organizado.
Ya existen normas jurídicas aprobadas desde 2012 que sancionan delitos informáticos, por eso este proyecto es reiterativo y limita el trabajo del periodista.
FALLO CONTRA GRUPO NACIÓN
Otra de las acciones que se evidenciaron en el informe se registró hace un mes, cuando la Sala Constitucional falló contra el Grupo Nación, editor de los diarios La Teja y La Nación, obligándolo a eliminar información que estaba en su página de Internet.
La noticia difundida estaba relacionada con una figura pública expuesta vastamente en medios de comunicación, pues ella misma postea en sus redes sociales detalles como fotos y mensajes que son de pleno acceso al público. Pero posteriormente aduce al tribunal constitucional que eso lesiona su intimidad.
Varios magistrados resolvieron que efectivamente el medio incurrió en una acción ilegítima al publicar el video de la modelo y obviaron el interés público que generan los temas de la farándula, el deporte y el entretenimiento.
Los supremos jueces aplicaron en este caso la norma de derecho al olvido, que a todas luces lesiona el derecho a la información.
Algo más preocupa a las empresas de medios de comunicación y es el proyecto Ley de Extinción de Dominio, registrado en el expediente 20868, que busca el decomiso de bienes sin condena penal.
Para Gómez “el proyecto no define con claridad a cuáles delitos se les aplica la extinción de dominio y existe un peligro latente de que esta ley se convierta en un instrumento para que el Estado persiga a ciudadanos honestos y les quite sus bienes o a medios de comunicación que difunden noticias que no son del agrado del gobernante”.
REACCIONES
• Walter Muñoz, PIN
“En Costa Rica muchas veces se dan reacciones severas de parte del Poder Ejecutivo de querer censurar algún medio que tome una posición más independiente e informaciones más objetivas. La Extra ha mantenido una tendencia independiente, eso muchas veces molesta a la gente y se trata de censurar la información para que solo se vea una parte de la noticia, de acuerdo a ciertos intereses. La prensa en general tiene esa presión de los grupos interesados en que se vaya solo por una línea y la censura para que no se den las dos partes de la noticia”.
• José María Villalta, FA
“En términos relativos, comparado con otras naciones latinoamericanas, hay un mayor respeto a la libertad de prensa, pero hay deudas importantes, como el acceso a información pública y la tendencia de las autoridades de gobierno a negar información, lo que lleva a la ciudadanía y los medios a presentar salacuartazos para obtener esa información. También me preocupa mucho la concentración de frecuencias de radio y televisión en pocas manos, lo que afecta la diversidad de voces”.
• Albino Vargas, ANEP
“Nunca en mis años de lucha social había visto a un gobierno tan interesado en golpear a la prensa que no le es afín y no le rinde pleitesía, que trata de hacer las cosas de manera transparente, la prensa que trata de reflejar las necesidades populares que se contradicen con la línea gobiernista de favorecer a los grandes grupos económicos. Esa ha sido la tónica del Partido Acción Ciudadano en sus dos administraciones. Es preocupante que muchos programas de opinión, especialmente radiofónicos, no reciben ningún tipo de publicidad del gobierno por no rendirles esa pleitesía. Por dicha en el caso de Grupo Extra, que es bastante sólido e importante para la democracia, no ha podido golpearlo como quisiera”.
• Jonathan Prendas, Independiente
“Lamentablemente en el país la práctica común ha sido que quienes no quieren que se conozcan todos los enfoques y puntos de vista de las noticias polarizan la realidad, llevándola a una desinformación muy conveniente para algunos pocos y muy perjudicial para muchos. El solapado veto informativo se ha convertido en una lamentable costumbre que busca restar credibilidad y, por ende, desinterés de lo que pasa en el país”.
• Martha Rodríguez, Undeca
“Ha habido una ruptura del pacto social en Costa Rica y una gran pérdida de la democracia. Esas conductas de criminalización de la protesta, de persecución a periodistas y a la prensa que realmente informa, como el DIARIO EXTRA, que está cercano al pueblo, son consideradas por ciertos gobiernos como el nuestro como una amenaza. Por tal situación DIARIO EXTRA ha sido amenazado reiteradamente y en distintas formas. En Undeca condenamos esas prácticas y creemos que la prensa debe ser imparcial, debe informar y ser cercana al pueblo. Los medios de prensa no están para servirles a los gobernantes, sino al pueblo. Eso es lo que ha venido haciendo DIARIO EXTRA, motivo por el cual hay cierta disconformidad de algunos sectores del gobierno. Lo que uno espera es que el gobierno entienda que no hay democracia si no hay periodismo fuerte y veraz”.
PERIODISTA: Redacción Diario Extra
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Lunes 01 Abril, 2019
HORA: 12:00 AM
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