La Sala Constitucional otorgó un plazo de tres días al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía Adjunta de Género para que justifiquen los motivos que los llevaron a realizar los allanamientos en las sedes de la Curia Metropolitana de San José y de la Conferencia Episcopal de Barrio México.
Así lo confirmó la Oficina de Comunicación de la Sala Constitucional luego de que esta institución acogiera un recurso de hábeas corpus presentado por el abogado José Francisco Herrera Umaña.
Dichos allanamientos se suscitaron el 7 de marzo y se dieron principalmente para recabar información relacionada sobre los casos del sacerdote Mauricio Víquez (expulsado por el Vaticano el 25 de febrero) y el expárroco de Santo Domingo, Manuel Guevara, acusados por supuestos casos de abuso sexual y violación contra menores de edad.
Alonso Mata, vocero de la Sala Constitucional, explicó que inicialmente se presentó el recurso como amparo, sin embargo, los magistrados consideraron que se debía tramitar en hábeas corpus.
“Los magistrados y magistradas deberán analizar los alegatos y además como parte del proceso se le concede tres días al director del Organismo de Investigación Judicial, a la fiscal adjunta de asuntos de género y a la jueza que ordenó el allanamiento para que pongan sus argumentos en cuanto a su hábeas corpus”, indicó.
ACCIÓN
La acción presentada por el abogado se dio el 8 de marzo, es decir, un día después de los allanamientos contra las sedes de la Iglesia Católica.
Herrera Umaña presentó el recurso específicamente contra la Fiscalía de Delitos Sexuales y el Juzgado Penal de San José y en favor tanto de la Curia como de la Conferencia Episcopal. El caso que está en la mira del máximo Tribunal se tramitó bajo el expediente 19-004005-0007-CO.
Mata señaló que el Tribunal tomó a consideración tres puntos por recalcar para que se procedieran a realizar las investigaciones correspondientes.
“El recurrente alega que en el momento del allanamiento había personas dentro de la Curia, lo que señala él en una privación de libertad. Segundo, se alega que hubo un uso desproporcionado de la fuerza y el recurrente argumenta que en el momento del allanamiento había personas orando.
En su recurso, el abogado solicitó cuentas a las autoridades por considerar la necesidad de responder lo que considera como actos abusivos y temerarios “como si se tratara de un allanamiento de crimen organizado”.
Incluso el abogado instó a las autoridades de la Curia y de la Conferencia Episcopal a que presenten la denuncia penalmente.
DIFERENCIAS
Desde el momento de los allanamientos, las autoridades religiosas y la Fiscalía sostuvieron un intercambio de opiniones y criterios diversos.
La Conferencia Episcopal denunció ese 7 de marzo que las autoridades del OIJ intimidaron a los colaboradores de la Conferencia Episcopal.
De inmediato, las autoridades judiciales señalaron que no hubo violencia en los allanamientos, aunque reconocieron que se dio fuerza para abrir tres candados y la puerta de un baño.
Posteriormente, la Iglesia Católica aseguró que la Fiscalía se comprometió a devolver los expedientes sobre otros casos de posibles abusos a menores, sin embargo, desde el Ministerio Público refutaron esa acción.
Una vez que las instituciones justifiquen cada uno de los movimientos que desataron en las acciones, la Sala Constitucional deberá determinar si lo declara con lugar o lo rechaza.
PERIODISTA: Greivin Granados
CRÉDITOS: Foto: Cristian Cartín
EMAIL: [email protected]
Miércoles 20 Marzo, 2019
HORA: 12:00 AM
SIGUIENTE NOTICIA