Aunque el Ministerio de Hacienda dice que se trató de un “error” de la cooperativa, hay 200 funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública que no permitirán que el caso se cierre.
Este martes entre administrativos y policías enviaron una nota a la Fiscalía de Fraudes del Poder Judicial, donde solicitan que se continúe con la investigación hasta determinar quién o quiénes son los posibles responsables.
Se trata del caso en que la Cooperativa de Producción Agropecuaria y Servicios Múltiples de Pocora R.L. (Cooproaserpo R.L.) realizó un rebajo de ¢5.900 en los salarios de casi 13 mil funcionarios públicos sin su autorización.
Los afectados calificaron la deducción como “arbitraria”, al tiempo que enfatizan en que Hacienda no había devuelto la plata, al menos hasta este martes por la tarde.
En total, la Tesorería tiene que hacer un reintegro de ¢75 millones entre todos los ofendidos.
“Es necesario que esta semana se les retribuya el dinero a los funcionarios que se vieron afectados por el rebajo irregular, no consentido por ellos y que les generó un perjuicio patrimonial ante esa afiliación misteriosa.
Confiamos que Hacienda devuelva el monto lo más pronto y que la Fiscalía y la Policía Judicial puedan determinar qué sucedió en aras de que no se repitan estos hechos”, indicó Carlos Hidalgo, abogado que asesora a los empleados en cuestión.
Según el abogado, hay personas que con esos ¢5.900 pagan sus pasajes para ir a trabajar o compran el pan con que desayunan.
Hidalgo señaló que a nivel penal se estaría ante la figura delictiva de una estafa informática agravada, en el tanto al parecer un tercero indujo a error a otra persona por medio de la simulación de hechos falsos para obtener un beneficio antijurídico para sí, lesionando el patrimonio de un ajeno (funcionario público) valiéndose del procesamiento de los datos de un sistema automatizado de información pública.
El caso se tramita bajo expediente 19-92-1220-PE. No obstante, el Ministerio Público, mediante la oficina de prensa, indicó que se encuentra en la etapa inicial de investigación y a hoy no se ha determinado el aparente delito, tampoco hay imputados ni indagados.
Habrá que ver si queda en el misterio la forma en que una cooperativa rural de peones agrícolas obtuvo una base de datos de casi 13 mil empleados públicos y un código para descuentos sin cumplir con los requisitos previstos por el propio Ministerio de Hacienda.
PERIODISTA: María Siu Lanzas
CRÉDITOS: Foto: Archivo
EMAIL: [email protected]
Miércoles 20 Febrero, 2019
HORA: 12:00 AM
SIGUIENTE NOTICIA