Las polémicas por las irregularidades en las adjudicaciones en el Festival de las Artes 2019 continúan. Hay que recordar que la actividad se realizará del 28 de marzo al 7 de abril, en los cantones de Esparza y Orotina.
Este martes DIARIO EXTRA dio a conocer sendas objeciones por las licitaciones en audio, video, luces y seguridad. Las quejas las interponen en la proveeduría institucional del Departamento de Auditoría del Ministerio de Cultura y Juventud.
Lo nuevo es que en las últimas horas trascendió que dicho ministerio habría desacreditado a Swat Black Security Sociedad Anónima para volver a colocar el cartel pero sin cambios, a fin de recibir nuevas ofertas de parte de todas las empresas interesadas.
Dicha situación motivó a la firma Isaceca a colocar una nueva impugnación, pues considera que el cartel está mal diseñado, ya que no contempla las condiciones mínimas de ganancia para cualquier adjudicatario y violentaría las ganancias de los empleados a contratar.
La empresa confirmó por medio de su denuncia, de la que DIARIO EXTRA tiene copia, que el ministerio pretendía pagar solo ₡20,3 millones por la seguridad para dos sedes por 11 días, cuando ese servicio dado con responsabilidad vale ₡45,3 millones, más del doble.
EN LA RUINA A
EMPLEADOS Y EMPRESA
“De la descripción presentada en el hecho anterior, se pretende la contratación de 695 oficiales de seguridad por cada sede, cuyo costo por sede según salarios mínimos de jornada y cargas sociales derivadas para el contratante es de veintidós millones quinientos once mil ochocientos treinta y dos colones con veinticinco céntimos (₡22,511,832,25) para un total de cuarenta y cinco millones veintitrés mil seiscientos sesenta y cuatro colones y un centavo (45,023,664,51), todo lo cual resulta de los cálculos contenidos en las tablas que conforman los anexos 1 y 2 de este memorial”.
Insiste que “de donde resulta que se ha limitado el costo de la contratación a los veinte millones trescientos cincuenta y nueva mil colones exactos, suma que como costo de adquisición de los servicios y sin considerar ganancia de ninguna especie para la ofertante constituye como costo total, apenas un 45,21% de la cifra que se ha dispuesto como límite y que permite consecuencia de contratación directa como mecanismo elegido por el Ministerio de Cultura y Juventud, tornando por anticipado la contratación en ruinosa absolutamente y consecuentemente de imposible cumplimiento, evidenciado asimismo que el Ministerio de Cultura y Juventud hace caso omiso, contra la ciencia, la técnica y la lógica, del deber de cumplimiento de la ley en el respeto al salario mínimo como base elemental de los cálculos que debieron motivar la fijación del monto a contratar. Tales irregularidades convierten en Contrario a Derecho el cartel, según las razones que se profundizan y obligan a su declaratoria de nulidad evidente y manifiesta”, se detalla en el documento.
BAJAR EL SALARIO
Agrega la impugnación que “tal y como se indicó que en líneas procedentes, para cumplir el objetivo contractual, solamente a nivel de costos de contratación de los oficiales o servidores de seguridad, habría que reducir sus salarios en un 54,79%, lo cual es absolutamente prohibido por nuestra legislación laboral”.
Además, se añade: “ese ajuste técnico elemental advierte que el servicio que se pretende, o bien es ilegal por razón de la violación implícita de los derechos laborales de los oficiales de seguridad o bien es ilegal porque no podría cumplirse el objeto al ser inalcanzable, generando con ello la violación del principio de eficacia y eficiencia descritos el artículo 4 de la Ley de Contratación Administrativa”, se lee en el texto.
PERIODISTA: Ariel Chaves González
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Miércoles 20 Febrero, 2019
HORA: 12:00 AM
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