El Tribunal Penal de Desamparados en una decisión unánime condenó a 45 años de cárcel a Miguel Ángel Arley Acuña por cuatro delitos de trata de personas con fines de explotación laboral contra cuatro adictos de la capital.
Arley, a quien se le conoce como Matapobres, recibió su quinta condena por múltiples delitos. Ha pasado la mitad de su vida tras las rejas, en esta ocasión le negaron el beneficio condicional de la condena y le ampliaron la prisión preventiva por 6 meses mientras la sentencia queda en firme.
El juez Luis Alberto Venegas Marín explicaba las razones por las cuales lo condenaron cuando el sujeto interrumpió para decir: “Muy claro que esos videos no dicen eso, güevón. ¿Eso era lo que quería, que me retiraran de la sala? ¡Vas a ver!”, mientras era controlado por un contingente de oficiales de la sección de Cárceles del OIJ.
“En los meses de junio, julio y agosto del 2017 se dedicó a realizar la captación de los ofendidos y mediante un engaño de la supuesta oferta laboral y teniendo conocimiento que son adictos los pone a realizar trabajos de construcción de hasta 18 horas, no les daba alimentación ni les pagaba.
Los tenía amenazados y que si se iban los iba a buscar, las agresiones físicas fueron constatadas por gran cantidad de video, a la 1, 2, 3, 4 a.m. andaban ropa sucia de construcción que denotaba que trabajaban a esas horas. Los ofendidos no faltaron a la verdad, los golpearon con las cachas de las armas de fuego”, detalló.
ADICTOS MIEDOSOS
Agregaron que el Matapobres drogaba a sus víctimas (Eliot, José, Keneth y Lesli, que fueron captados en la Zona Roja de San José y llevados a su casa), quienes le tenían miedo, sin embargo entre ellos se curaban las heridas y limpiaban la sangre en la casa.
“Que los ofendidos debían agradecer por sacarlos de la indigencia, los ofendidos vivían en condiciones insalubres, pensaban que no iban a salir vivos de esa casa. El comportamiento del acusado fue irrespetuoso, por lo que fue sacado de la sala de juicio”, acotó.
Sebastián Rivera Bedoya, abogado de Arley, dijo no estar de acuerdo con la sentencia.
“Estoy disconforme con la condena, todas las versiones de los supuestos ofendidos quedaron desacreditadas con los videos, donde se ve que entraban y salían de la casa.
Inclusive se les pagaba un salario cada semana, se les daba alimentos, tenían celulares y andaban en el carro de mi representado. No se da una fundamentación, presentaremos el recurso de apelación correspondiente”, explicó.
Los jueces ordenaron la destrucción de 2 armas de fuego, 3 teléfonos celulares y 1 tableta, así como el comiso a favor del Estado de ¢831 mil y el carro Nissan Versa que usaba Arley para trasladar a las víctimas y ponerlos a trabajar en su casa, ubicada en Desamparados.
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CRÉDITOS: Fotos: Isaac Villalta
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Martes 19 Febrero, 2019
HORA: 12:00 AM
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