El ajuste fiscal pendiente es grande y urgente

Miguel Ángel Rodriguez

Las cifras del cierre de año fiscal 2018 son estimulantes, reflejan un cambio en la dirección de las finanzas públicas y auguran que la aplicación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (LFFP) nos pone en la dirección correcta. Pero a la vez señalan que las mejoras del año pasado difícilmente se trasladan de manera positiva y automática al año actual. Además la aplicación del ahorro en el gasto público por la LFFP no se dará sin un gran esfuerzo y costo político, vivimos una situación de estrujamiento en las posibilidades de financiar el déficit y hay otros elementos negativos en las finanzas del sector público que requieren ser atendidos. Bajar en 2018 de un déficit financiero esperado de 7,2% del PIB a un 6%, y en 0,16% del PIB respecto al año anterior, y reducir el déficit primario también respecto a 2017 en un 0,59 del PIB es muy meritorio, sobre todo cuando se inicia un gobierno en mayo, heredando un presupuesto y un hueco presupuestario de enorme magnitud y se enfrentan problemas fiscales acumulados durante una década. Pero no debemos cerrar los ojos a los enormes retos fiscales que se deben vencer este año y los siguientes. El gasto corriente en 2018 sin intereses tiene una disminución de 0,25 puntos del PIB, pero por el gran crecimiento en la carga de intereses el gasto corriente total sube 0,19. Pero la composición de esa rebaja incluye gastos pospuestos de 2018 que se girarán en 2019, por lo que el ahorro no es automáticamente recurrente. Así 0,1% del PIB está en disminución de cargas sociales y transferencias corrientes que al menos en parte es una posposición que se erogará este año. El BCCR proyecta que el déficit primario en este 2019 disminuirá 0,91% del PIB por la LFFP. También el BCCR estimó que aún sin LFFP el déficit primario este año disminuiría en 0,6 puntos del PIB. Por ello se podría prever que con un manejo cuidadoso del gasto corriente -disminuyendo lo ejecutado respecto a lo presupuestado en una proporción mayor a la habitual- se pueda acelerar el programa de disminución del déficit primario y bajar la proyección de crecimiento de la deuda. Esto sería muy positivo. El mayor problema radica en que en el año 2018 la mayor parte de la disminución de los egresos se dio en gastos de capital: 0,1% del PIB en Inversión del Gobierno Central y 0,38 en disminución de las transferencias de capital al resto del sector público. Vivimos un proceso de desaceleración del crecimiento económico desde mediados de 2015 y urge la reactivación. De manera que la disminución del gasto de capital del gobierno no es una buena noticia y esperamos que la buena conducción del MOPT por el ministro Méndez Mata haga que este año aumente la inversión pública. La recuperación del gasto de capital este año hará que la reducción del gasto total como proporción del PIB sea muy limitada salvo un inesperado crecimiento alto de la producción. Así lo estimó el BCCR que en su respuesta a la consulta de la Asamblea Legislativa estimó que la LFFP solo disminuiría el gasto en 2019 como proporción del PIB en 0,19% del PIB. Por otra parte es posible que la estimación del BCCR respecto a los efectos de la LFFP contenga una sobrestimación. Es muy posible que se haya contado dos veces -al menos en parte- el efecto de las medidas de contención de las remuneraciones y de la aplicación de la regla fiscal. Esto disminuiría a partir de 2021, el efecto positivo estimado de la reforma fiscal aprobada y obligaría aprobar medidas adicionales a la limitación del gasto que impone la regla fiscal. El tamaño de este esfuerzo adicional será determinado cuando la misión del FMI de mediados de febrero rinda su informe. En todo caso la regla fiscal indica el monto del ajuste que se deberá hacer, pero se requerirá de la acción esforzada de los poderes Ejecutivo y Legislativo para asignar las áreas en que se reducirá el gasto y para ejecutar esa disminución. De acuerdo con la LFFP esta aplicación empezaría a ser significativa a partir de 2021. Finalmente para tener el panorama completo de la hacienda pública, debemos tener en cuenta que el resto del sector público presenta elementos negativos adicionales que afectan las finanzas públicas. Por una parte las pérdidas del ICE que se proyectan crecientes deben ser eliminadas sin encarecer más el costo de la electricidad, ya muy alto. Estas pérdidas disminuyen el resultado fiscal consolidado. Y debemos recordar que el financiamiento de nuestra seguridad social demanda desde ya nuestra atención. Sabemos que IVM está desfinanciado y solo mereció oficialmente -durante la anterior administración- algunas propuestas de simple maquillaje. El Régimen de Enfermedad y Maternidad enfrenta costos que crecen aceleradamente. Ambos regímenes deben encarar el rápido envejecimiento de nuestra estructura poblacional, que como recientemente nos ha advertido don Edgar Robles avanza en nuestro país a un ritmo mucho mayor al que experimentó Europa y al que viven las otras naciones de nuestro continente. Para solucionar el futuro financiamiento de la seguridad social no deberíamos encarecer más el costo laboral, con aumento de las cargas sociales. Eso sería muy negativo ya que sufrimos altas tasas de desempleo de entre el 7,5 y el 8,5%, según la Encuesta Nacional de Hogares han aumentado la desigualdad y la informalidad, y somos un país con altos costos de producción. Claro que no tenemos que resolver todo ya, sería como querer comerse una rica manga de Orotina en un solo bocado: nos ahogaríamos. Pero sí debemos tener presente el panorama total e ir actuando en todos los frentes pausadamente, pero con pasos efectivos. Esto es indispensable para nuestro progreso económico y social. La tarea está inconclusa.

PERIODISTA: Redacción Diario Extra

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Lunes 28 Enero, 2019

HORA: 12:00 AM

CRÉDITOS: Miguel Ángel Rodriguez