Los cinco magistrados de la Sala II comparecieron este martes ante la Comisión de Asuntos Sociales del Congreso, donde se analiza el expediente 21.097, proyecto que pretende establecer los servicios esenciales, con el fin de evitar que estos se obstruyan durante las huelgas.
Los jueces que se encargan de resolver temas en materia laboral pidieron a los legisladores que se defina con claridad cuáles serían esos servicios esenciales, pero sin atropellar el derecho a huelga que tienen estos grupos sociales.
Así lo expresó Orlando Aguirre, magistrado presidente de la Sala, quien indicó por ejemplo que no hay una intención clara en el texto, ya que primero habla de prohibir la huelga en los servicios esenciales, pero después en el artículo 4 lo que se busca es regular el tema de la huelga en esos servicios.
“Para mayor claridad sería conveniente precisar lo que se está regulando, la huelga, y cuáles son esos servicios”, manifestó.
Considera poco conveniente que la definición de servicio esencial se deje abierta para que sea el Poder Ejecutivo quien la proporcione porque esto podría restringir derechos fundamentales.
“Hacer un enunciado muy extenso que incluye prácticamente todo el ámbito laboral podría llegar a interpretarse como una limitante exagerada de lo que se quiere regular”, advirtió.
NORMAS INTERNACIONALES
La magistrada Julia Varela recordó a los legisladores que no se puede obviar todo lo que ha resuelto la Sala IV en estos temas y también lo que establece la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que es materia vinculante.
Pidió que se blinde la norma y para ello debería hacerse como una reforma al Código de Trabajo.
El magistrado Jorge Enrique Olaso apuntó la necesidad de incluir en el proyecto normas o medidas de aplicación claras para los jueces cuando deban sancionar o aplicar un incumplimiento a un servicio esencial.
La magistrada Roxana Chacón fue más incisiva en cuanto a las advertencias a los diputados y recordó que en materia de servicio público no se puede regular todo porque se acabaría el derecho a huelga.
Recordó que la educación nunca se ha catalogado como una prestación de un servicio esencial que otorga el Estado.
“Hay que recordar que por exigencia de la OIT, de convenios internacionales y de la misma Constitución Política existe un derecho a la libre sindicalización y permite el derecho a huelga, entonces hay que analizar si el sector educación podría considerarse como un servicio esencial y que tampoco el derecho a huelga se puede quitar de la Constitución ni limitar”, recalcó.
SOBERANÍA
La liberacionista Yorleny León, principal impulsora del proyecto, refutó a la magistrada Chacón y le respondió que si bien es cierto la OIT establece estos parámetros, el país tiene la libertad y soberanía para definir qué es un servicio esencial.
“Estamos lejos con este proyecto de querer eliminar este derecho que entendemos está en la Constitución, pero sí es el espíritu de este proyecto asegurar la prestación de los servicios y no se dejen tirados por una huelga y que no pase nada”, enfatizó.
El diputado oficialista Víctor Morales Mora agregó que la iniciativa no pretende eliminar el derecho a huelga o protesta, sino generar una discusión y análisis con todos los sectores sobre lo que son servicios esenciales que presta el Estado.
La discusión del proyecto continúa esta semana en la Comisión de Asuntos Sociales.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
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Miércoles 16 Enero, 2019
HORA: 12:00 AM
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