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Nacionales

“En Limón hay gente que vive del agua de lluvia”

Yorleny León, diputada del PLN:

La legisladora Yorleny León conversó sobre su labor en el Congreso con Iary Gómez, gerente general de Grupo Extra; y Paola Hernández, directora de DIARIO EXTRA

La diputada liberacionista Yorleny León, oriunda de la provincia de Limón, conoce a profundidad los problemas que enfrentan los cantones del Caribe. Esta licenciada en administración de negocios, ha asumido un rol relevante en la actual Asamblea Legislativa, tanto en la Comisión de Ingreso y Gasto Público, como en su labor para la aprobación de la reforma fiscal. Siempre ha estado dentro del ambiente político, aunque hasta ahora tiene un rol más visible. En esta entrevista comenta sobre los problemas de su provincia, además de los proyectos que impulsa en el Congreso.    

Usted ha mostrado preocupación por el canon de APM Terminals y su uso, ¿qué pasa ahí?

-Primeramente, debo decir que se trata de un recurso que no viene a solucionar los problemas de Limón, pero sí una contribución importante que nos ubica como una provincia diferenciada. Estos recursos son de las cosas más inteligentes que se han dado a la hora de negociar una concesión, pero estamos preocupados por dos razones. La primera es que en estos años en que el PAC ha administrado Japdeva han sido incapaces de establecer la estructura para que opere el canon, tanto así que ya se liberó el primer desembolso y el fideicomiso no está listo. Lo segundo es el divagar de las autoridades de Japdeva sobre las prioridades de los proyectos, no hay claridad y yo hago un llamado para que esto se defina con prontitud.  

¿Por qué esa falta de claridad?

-Lo que hemos visto es que hablan de planes maestros a 30 años, de hacer diagnósticos, cuando yo creo todos sabemos hace mucho dónde es que le chima el zapato a Limón. Entonces nos parece un inicio incorrecto tomar recursos del canon para hacer estudios de cosas que ya sabemos hace mucho rato. El contrato de concesión habla que todos los recursos del canon irán a la figura de un fideicomiso, nos preocupa que esto se vaya a manejar de forma secreta, cuando son fondos y proyectos públicos. Nos preocupa cuando se dice que no todos los recursos van a ir al fideicomiso y una parte la va a manejar Japdeva a discrecionalidad, porque uno esperaría que esos dineros se usen para proyectos de alto impacto en la provincia. 

Usted vive en Limón y sabe de los problemas, ¿por qué ha costado tanto solucionarlos?

-Cuesta mucho porque Limón nunca ha sido una provincia prioritaria para ningún gobierno, no voy a decir que uno u otro, todos han puestos sus ojos en Guanacaste. Un ejemplo, si hoy Cinde nos dice que encuentra cinco empresas del tipo agrícolas para instalarse en Limón, no podrían hacerlo porque no hay disponibilidad de agua. Y si se va al AyA le van a decir en dos años le puedo conectar el agua porque no hay capacidad instalada para resolver el tema. El AyA pasó 12 años sin invertir en Limón y no lo hizo porque la prioridad fue Guanacaste. Limón tiene problemas de disponibilidad de agua en toda la provincia, porque no hay infraestructura potable y en la parte del norte, que nosotros llamamos la bajura, no hay agua del todo, la gente tiene que hacer pozos, porque la cobertura se ubica en los centros urbanos. En Caño Seco, donde viven unas 600 personas, no hay agua, y la gente tiene que recolectar agua de lluvia, porque los pozos no les funcionan y viven del agua que recogen en botellas y recipientes y si en 15 días no llueve, no tienen agua. 

¿Son problemas que se podrían solventar con el canon?

-Claro, el tema de inseguridad es terrible, también el de la basura, no hay rellenos sanitarios, sólo botaderos clandestinos, y estos son problemas que se pueden solucionar con el canon. Nosotros también estamos impulsando un mercado regional para Limón, que estaría en Siquirres. Ya está el terreno y los estudios, pero se ocupa la plata, recordemos que el canon genera por año $18 millones.

¿Qué va a pasar con Japdeva más adelante, con APM en competencia?

-Todos nos hacemos esa pregunta, ellos están apostando a proyectos nuevos, pero consolidar clientes en un negocio tan especializado como ese, en una institución sin capital de trabajo es muy complicado. Ahora sí se puede decir que mucho funcionario de Japdeva está en otra sintonía, ya no con aquella desidia, porque hay que decirlo, si no se ponen las pilas terminarán cerrando. 

Usted impulsa cambios al Código Procesal Laboral, ¿cuáles son?

-Uno es la interpretación auténtica del artículo 615 del Código Procesal Laboral que es muy importante para la provincia de Limón. En este se utiliza una figura que se llama comités permanentes, en sustitución de los sindicatos, reconocida en las bananeras y piñeras. Con la reforma al Código Procesal Laboral el objetivo es que esa figura siga teniendo vigencia y los sindicatos no la sustituyen. Sin embargo, la inspección del Ministerio de Trabajo, está interpretando que la figura válida para hacer negociaciones laborales es el sindicato y casi que está exigiendo que en las fincas se tenga el sindicato y desconocer los arreglos de los comités permanentes. Entonces en este proyecto estamos recuperando esa interpretación.

¿Busca definir lo que serían servicios esenciales? 

-Es un proyecto aparte, no es un cambio al Código Procesal Laboral. Tiene que ver con los servicios esenciales. Lo que buscamos es establecer una lista para Costa Rica sobre cuáles son estos servicios, porque hoy no hay una lista de ley, sino queda a criterio de los jueces. Hemos revisados legislación de otros países y todos tienen su lista de servicios esenciales, incluso algunos tienen por ejemplo la difusión radiofónica o el trabajo en las minas, la recolección de la basura. Para mí, este proyecto es una base que va a iniciar una discusión importante, donde en un inicio hemos propuesto 17 servicios esenciales, que podrían ser más o menos.

La gente cuando escucha servicios esenciales piensa en los hospitales o la policía, ¿qué más se incluye en esa lista?  

-Un servicio esencial es aquel que le permite al Estado asegurar la vida, la continuidad y la seguridad de las personas y que estará ahí las 24 horas del día los 365 días del año, que no habrá una interrupción. Entonces en esa lista incluimos la educación, acabamos de pasar una huelga de 85 días donde se afectó la alimentación de los niños con los comedores escolares, pero también el rezago para esos estudiantes que les afecta su futuro. O en el caso de Recope, donde la jueza que declaró legal la huelga dice que el combustible no es esencial. 

¿Significa entonces que en el caso de la educación los maestros no podían hacer huelgas?         

-No, puede que vayan a huelga, pero el Estado debe asegurar la continuidad del servicio. El funcionario puede irse a huelga, pero debe establecer un plan remedial de manera conjunta con el Estado, entonces se podría contratar gente de afuera para continuar con el servicio o una empresa privada o un tercero, el tema es que el ciudadano no se vea afectado. 

¿Qué otros servicios incluyen en el proyecto?

-La recolección de basura, el servicio de agua, luz, combustibles, la distribución de alimentos, porque recuerdo que en la pasado huelga tuvimos cinco cierres permanentes en la ruta 32 y en los supermercados de Limón ya casi no había comida. También en los pocos Ebais que funcionaban no había medicinas porque los camiones de la CCSS no podían llegar. Incluso ambulancias detenidas y los huelguistas obligaban a los paramédicos a abrir la ambulancia para determinar si esa persona iba grave o no, por eso incluimos el traslado de pacientes.

¿Qué otro proyecto está impulsando?

-Hay otro que busca una disminución de los honorarios, para personas con limitados recursos o emprendedores o pymes que buscan tramitar créditos en instituciones públicas donde se le hace una reducción de hasta un 50%. Estas reducciones en los bancos son hasta machoteras, es decir los honorarios son iguales sin distinción del tipo de crédito. Evidentemente los profesionales se oponen porque les disminuye sus ingresos, pero estamos en un proceso de consulta.   

Usted promueve también una iniciativa para la pérdida de credenciales de los legisladores…

-Correcto, como ya se sabe, se aprobó un proyecto de ley para la pérdida de credenciales de los diputados, pero no tiene establecido el cómo se implementaría esto. Por medio de cinco artículos estaríamos diciendo cómo sería ese trámite. Hoy la Asamblea establece que ante cualquier duda la Procuraduría es quien resuelve, pero el problema es que esos pronunciamientos no son vinculantes. Entonces la Procuraduría puede decir si la diputada tal cometió un acto contra la probidad, pero ese criterio llega y se archiva y no pasa nada. Entonces nosotros proponemos seguir con ese mecanismo, pero una vez ese criterio llega, la presidencia de la Asamblea tiene la obligación de informar a todos los diputados en 24 horas y también de integrar una comisión que analizará el fallo y emitirá una resolución.

¿Cómo se integraría esa comisión de diputados?

-Tendría cinco miembros, y no hay un criterio para la elección porque se supone que todos tenemos las mismas condiciones, y ese fallo sí sería vinculante e inapelable. Es decir que si esa comisión considera tras el análisis que es necesario levantarle las credenciales a ese legislador así se haría o aplicar otras medidas correctivas. Y eso llegaría al Tribunal Supremo de Elecciones para el trámite final. 

Otro tema que nos interesa tiene que ver con lo que sigue después de la aprobación del plan fiscal…

-Bueno, nosotros como fracción esperamos el proyecto de empleo público, que ojalá sea bien abundante, robusto y que venga a solucionar varios problemas que quedan en ese capítulo. Y el otro proyecto que creemos que debe también comenzar a concretarse es sobre la restructuración del Estado. Es decir, para el 2019 creemos que debe ser la discusión del empleo público, el 2020, la reforma al Estado y en el 2021 lo que falta de la reforma a los diferentes regímenes de pensiones y aquellos que se puedan unificar.

¿Hay un convencimiento del Congreso para aplicar estas reformas?

-Yo pienso que, si no se aprovechan estos cuatro años para hacer estos cambios estructurales, no se van a dar en otro momento. La Asamblea entiende y tiene la sensibilidad de comprender que la situación del país es crítica. La reforma fiscal no significa que los problemas se acabaron, lo único que obtuvimos fue oxígeno, pero el problema es el Estado grande, ineficiente y costoso. Un gobierno inteligente no perdería por nada esta oportunidad, al tener fracciones de oposición que le apoyan en estos proyectos, pero lo que debe quedar claro es que el actor activo aquí debe ser el gobierno, Liberación no va a presentar ningún proyecto y ese costo político debe asumirlo el partido de gobierno.

Pero ustedes también han asumido costo político…

-Sí, por supuesto, en reforma fiscal, por ejemplo. Le puede decir que en Limón soy hoy non grata y por los propios liberacionistas, pero para mí es un costo relativo, porque mucha de esa gente que habla, tal vez ni leyó el proyecto o no logra manejar la cantidad de información que uno tiene para comprender la complejidad y la importancia. Uno es privilegiado, porque en una duda, yo le escribo directamente a la ministra, un ciudadano de a pie no puede hacer eso.

 Extradirecto

Reforma fiscal: importante

Japdeva: revisarla

Limón: oportunidades

Gobierno PAC: de revisión

PLN: mucho futuro

Gasto público: reducirse 

Asamblea Legislativa: eficiente

Servicios esenciales: importante

PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro

EMAIL: [email protected]

Miércoles 19 Diciembre, 2018

HORA: 12:00 AM

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