El 85% de la población privada de libertad en Costa Rica no ha terminado aún la secundaria y la gran mayoría es menor de 35 años y vive en condiciones de vulnerabilidad, lo cual representa una fuerte presión para las autoridades del Ministerio de Justicia y Paz.
La baja en la reincidencia de casi un 1% en los primeros seis meses de esta administración, el combate al hacinamiento carcelario y el traslado de privados de libertad del régimen institucional al semiinstitucional son solo algunos de los principales desafíos de esa cartera durante este cuatrienio.
Marcia González, ministra de Justicia, visitó El Diario del Pueblo para ahondar en la situación carcelaria de Costa Rica. La jerarca conversó con Iary Gómez, gerente general del Grupo Extra, y Paola Hernández, directora de DIARIO EXTRA.
A continuación, un fragmento de la entrevista.
La administración anterior recibió múltiples cuestionamientos por el traslado de privados de libertad al régimen semiinstitucional. ¿Qué encuentra usted cuando llega al Ministerio?
-Lo primero que nosotros hicimos, y nos abocamos en eso, porque era un tema muy importante para la población, fue la revisión de todos los protocolos mediante los cuales el Instituto Nacional de Criminología definía si una persona era o no trasladada al régimen semiinstitucional. Meses después se empezaron a aplicar nuevos protocolos mediante los cuales ahora personas que hayan estado involucradas en delitos que tengan violencia, que tengan antecedentes de violencia doméstica, que hayan sido reincidentes, que tengan problemas manifiestos con drogas, no reciben este beneficio.
¿Cuál ha sido el impacto de endurecer esos protocolos?
-Esto nos ha permitido en estos meses, y me complace en darles la primicia, de que logramos bajar el nivel de reincidencia de un 10,65%, que fue lo que encontramos, a un 9,4%. Eso significa en estos pocos meses, de mayo a octubre, una baja de casi 100 personas que no están reincidiendo, lo cual es una cantidad importante. Cuando entramos, había cerca de 4.350 personas en el régimen semiinstitucional, hemos ido endureciendo nuestros protocolos y ha ido disminuyendo la población acumulada de un 12%, estamos cerca de 3.800 y eso además de la cantidad de población que ha bajado, el nivel de reincidencia bajó y queremos garantizarle a la ciudadanía que las personas que están recibiendo este beneficio son realmente las que lo necesitan.
En esta evaluación de inicio, ¿tuvieron que quitar la medida a algunas personas que la habían recibido?
-No. Eso no se empezó a hacer en ese momento. Hay incumplimiento de los planteamientos de atención técnica que siempre se dan y por eso es que las personas vuelven a ser institucionalizadas, pero eso es parte de la práctica normal dentro del sistema penitenciario. Aquí lo importante es que, con esa meta muy clara de que la ciudadanía tenga la certeza y la tranquilidad de que reciben ese beneficio, se dio una revisión exhaustiva y los resultados ya lo estamos viendo.
Cuando usted habla de que los protocolos se mejoraron, ¿quiere decir que se puso más mano dura? ¿Qué pudo incidir?
-Hay un análisis más detallado del perfil de cada una de estas personas y algunos casos, como le estoy diciendo, cuando son delitos en los que hubo violencia, si hay violencia doméstica, si hay consumo de drogas, si eran reincidentes. Vamos en la dirección correcta y esto no ha sido fácil, porque durante mucho tiempo los traslados al semiinstitucional han sido una válvula de escape para el sistema penitenciario.
¿Cuál es la proyección de traslado de privados de libertad del régimen institucional al semiinstitucional?
-La proyección para este 2018 es que sea de un 8%, lo cual es una cifra aún menor con lo que se reubicaba en 2012, y de ahí, si usted ve, en 2010 estaba en 10%, en 2013, 16%; en 2014, 17%; en 2015, 22%; en 2016, 18%; y 2017, 12%. En otros momentos, esos traslados que quedan, más es parte de cómo opera el sistema y cuando las personas lo merecen y cumplen con los requisitos, pero varía de acuerdo con las políticas de cada Administración. Menos gente está siendo reubicada, pero nos está ingresando una cantidad muchísimo mayor de gente.
¿Extranjeros o nacionales?
-La población extranjera se mantiene, la población es de un 14% de los cuales el 10% son nicaragüenses y el 4% restante son de otras nacionalidades. Pero, en nacionales, la población dinámica, las acciones tanto del Ministerio de Seguridad, del OIJ (Organismo de Investigación Judicial) y de la misma Corte Suprema de Justicia que están reduciendo las tasas de morosidad que tienen, está haciendo que los ingresos sean casi del 1% mensual. Esto quiere decir que son entre 120 y 150 personas por mes que nos están ingresando al sistema penitenciario y nos pone una mayor presión.
Usted menciona que el traslado de reos al régimen semiinstitucional era la válvula de escape. ¿Ahora cómo están lidiando con eso?, porque los centros penitenciaros están hacinados.
-Tenemos una presión muy fuerte y lo que hemos estado haciendo es mejorando la gestión de los centros en el sentido de que nos encontramos muchos espacios penitenciarios que podrían ser utilizados tal vez de una manera más eficiente y hemos logrado generar espacios que con este crecimiento nos ha ido permitiendo hacer una contención de la población sin que suba el hacinamiento. (...). Lo que en abril eran 463 personas que podían reincidir potencialmente, en este momento son 361.
¿Cuál es la condición social con la que cuenta la gran mayoría de los privados de libertad en este momento?
-Lamentablemente, el 85% de la población penitenciaria no ha terminado la secundaria y el 56% es menor de 35 años. Además de que la gran mayoría de la población es de escasos recursos. Tenemos, como sociedad, que preocuparnos de lo que está sucediendo, porque son personas en condición de pobreza, con baja escolaridad y la principal queja de los privados de libertad es que, una vez que egresan, no encuentran trabajo.
¿Qué ha hecho el Ministerio de Justicia para contrarrestar la problemática?
-Estamos en un proceso de digitalización de toda la información del Ministerio de Justicia. Hasta ahora, todos los expedientes estaban en papel y eso no nos permitía tener un control como debiera y no nos permitía hacer inteligencia de datos para poder determinar muchas de estas situaciones de vulnerabilidad. Ahora lo que queremos hacer es cruzar esa información, que nos permita identificar de dónde está saliendo esa población vulnerable y cuáles son esos factores de riesgo.
¿Cuáles han sido los resultados de ese proceso de análisis?
-Cruzando diferentes variables como homicidios, consumo de drogas y pobreza, logramos identificar 20 cantones prioritarios en materia de prevención de la violencia, eso nos está permitiendo de la mano con otras instituciones, poder ayudar en la rectoría de la seguridad humana, poder identificar esas acciones que podamos hacer en materia de prevención. La etapa del año entrante con los nuevos Centros Cívicos por la Paz que se van a construir y los programas de prevención que vamos a hacer en los diferentes territorios están focalizadas en estos 20 cantones, e incluso vamos más allá, ya no estamos tanto en la parte cantonal, sino en la distrital, y tenemos ahora 40 distritos (dos por cada cantón) con más víctimas y más victimarios y necesitan un mayor modelo de intervención.
¿Cuál es el estatus actual de la infraestructura carcelaria?
-El gran escollo que estamos teniendo es que, como no se ha invertido en la infraestructura penitenciaria desde hace muchísimos años, me imagino que desde que fueron construidos, las instalaciones eléctricas, las plantas de tratamiento, no dan abasto y no nos permiten la oportunidad de crecer. Tuvimos que solicitar más fondos para poder invertir en las averías eléctricas de los centros penitenciarios para poder llevar a cabo todos estos proyectos. Desde que iniciamos, hicimos un plan único de infraestructura donde logramos determinar las necesidades de cada uno de los centros, ver para qué tenemos fondos y lo hemos priorizado en el Patronato Nacional de Construcción.
¿De cuánto se dispone y qué se va a hacer?
-En realidad las acometidas eléctricas de todos los centros deben ser intervenidos. Ni siquiera hay que modernizarse, tienen que hacerse nuevos.
¿Existe algún centro más deteriorado que otro?
-Estamos priorizando, según las zonas en que tenemos prioridad por el hacinamiento, por ejemplo, en el caso de Puntarenas, en donde realmente el hacinamiento es importante, pero además hay una enorme necesidad de ubicar una de las comunidades terapéuticas para la atención de drogas, una para mujeres y uno de los complejos de la regionalización de la mujer va a ser en Puntarenas. Cuando entramos teníamos 105 órdenes sanitarias pendientes.
¿Qué funciones hacen los privados de libertad?
-Hay muchos que pintan, que hacen artesanías, lo cual les permite en muchos casos mantener a las familias de estas labores, se da mantenimiento, trabajan en las cocinas. No es obligatorio, pero el tema es que nosotros sí podemos incentivarlos y realmente motivarlo. Nos encontramos que toda la temática relacionada con los privados de libertad no estaba articulada por el sistema, no había metas claras. La mayoría de las personas privadas de libertad cuentan con mayor experiencia en el sector de construcción.
¿Qué pasó con las unidades productivas de $22 millones que se inauguraron en la Administración pasada?
-Parte de lo que estamos haciendo con los programas que anunciamos es que los talleres en esas unidades de atención integral realmente sean utilizados. No estaban operando al 100%, entonces ahora es lo que vamos a hacer porque es infraestructura con inversión muy grande y tenemos que sacarle el máximo provecho.
¿Qué obstáculos enfrentó la Administración para la atención penitenciaria?
-Con la última, que fue en Pococí, tuvimos una serie de obstáculos, siendo el más importante un déficit de Policía Penitenciaria cercano a los 1.000 policías y entonces, para poder abrir el centro y que la población fuera mayor, para cumplir con la capacidad de 640 personas, tuvimos que nombrar a más policías.
¿Cuántos policías penitenciaros hay en el país?
-Tenemos cerca de 4.000 policías penitenciaros en el país, es el segundo cuerpo policial más grande del país y tiene muchos retos y carencias. Uno de los retos que tenemos es que podamos desarrollar es la confección de uniformes de la Policía Penitenciaria con personas privadas de libertad, lo que nos va a permitir un ahorro y dar herramientas para poder trabajar. Con la Policía Penitenciaria tenemos retos enormes porque tenemos cerca de 12 mil períodos de vacaciones atrasados entre las terapéuticas y las de ley. Eso definitivamente nos genera situaciones muy complejas.
En el tema de revisión en uso de brazaletes electrónicos, ¿qué ha pasado, tomando en cuenta las opiniones de la gente, que se queja de las políticas?
-El monitoreo se hace desde la Policía Penitenciaria y la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) nos da el servicio de los brazaletes. Ahora, es importante que la ciudadanía sepa que esto es una medida alternativa que da el juez a la persona privada de libertad y nosotros no definimos cuáles son esos perfiles.
Una de las críticas de la ciudadanía es que la gente se sigue reventando los brazaletes y tiene un alto costo para el Ministerio reponerlos. ¿Cuál es el manejo que le está dando Justicia a esta alternativa?
-Desde el punto de vista del Ministerio, definitivamente no solo por las posibilidades que les da a las personas que tienen esta medida alterna y que les permite en muchos casos una vida más normal, para el Ministerio de Justicia, si bien es cierto, una persona privada de libertad nos cuesta cerca $1.300 al mes, el monitoreo electrónico nos cuesta $525 por persona. Entonces, desde una perspectiva del sistema, es un ahorro importante.
¿Cómo está distribuido el monitoreo electrónico con respecto a la población?
-Las personas que tienen monitoreo electrónico son 87,9% hombres y un 12% mujeres. Están ahí por diferentes delitos: la población tiene la mayor cantidad, un 42% es por robo, un 34% es por psicotrópicos y luego tenemos toda una diversidad de delitos. El 50% de la población monitoreada se encuentra en la Gran Área Metropolitana (GAM).
Extradirecto
Ministerio de Justicia: Trabajo comprometido
Sistema penitenciario: Espacio de mejora
Privados de libertad: Población vulnerable
Traslado al sistema semiinstitucional: Mayor rigurosidad
Presupuesto: Situación compleja
Centros cívicos: Prevención
PERIODISTA: Greivin Granados
CRÉDITOS: Foto: Johanfred Bonilla
EMAIL: [email protected]
Lunes 17 Diciembre, 2018
HORA: 12:00 AM
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