Diario Extra - 'La reforma al empleo público es impostergable'

La diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) Silvia Hernández, economista de profesión, reconoce que esperaba integrar la Comisión de Hacendarios, la cual por cierto preside. La legisladora lleva ya un rato en la función pública, pues trabajó en el Ministerio de Planificación, adonde fue viceministra, y también ha tenido su paso por la academia en universidades públicas y privadas.

Actualmente, impulsa una reforma a la Ley de Concesiones que considera necesaria para que el país pueda realizar obras mediante alianzas público-privadas. Pero, además, Hernández no ve otro camino, luego del plan fiscal, distinto de reformar el empleo público, como uno de los cambios estructurales a ejecutar por parte del Estado.

El tema de infraestructura es prioridad para usted, ¿impulsa una reforma a la Ley de Concesiones?

- Es un tema que lo he venido consensuando con las bancadas, con el Gobierno y tiene que ver con un proyecto para fortalecer la Ley de Concesiones y dar un mayor peso a las alianzas público-privadas. Me parece que el tren del que habla la primera dama es urgente para llevar un mensaje esperanzador en el tema de movilidad urbana, pero el monto en que hablan de 1.350 millones de dólares, para que sea rentable, el Estado tendría que financiar. Si yo estuviera en un Gobierno, me preocuparía mandar una señal que es necesaria, pero donde habría que financiar el 40% o 50% de ese monto para volverlo rentable, porque la demanda no es tan elevada. El tema es que, como país, hemos creído que usted decide dar en concesión un tren y ya hay una fila de inversionistas queriendo tomar la concesión, cuando no tenemos clara la rentabilidad.

¿Cómo cambiaría eso con el proyecto que usted impulsa?

- La Ley de Concesión tiene alrededor de 20 años de estar vigente, y solo se han hecho cuatro proyectos. En estas condiciones de estrechez fiscal, hay que apostar al tema de la concesión y alianzas público-privadas para desarrollar obra pública. El proyecto tiene cuatro objetivos puntuales: fortalecer la fase de preinversión del Consejo Nacional de Concesiones (CNC), para ello le quita un 2% al impuesto del derecho de circulación o derecho al ruedo, que hoy genera $350 millones por año, donde el 50% hoy va al Conavi (Consejo Nacional de Vialidad). Con esto creamos un destino específico con un transitorio de 8 años para preinversión. Con esto el CNC sabrá cuánto cuesta una obra, porque si le vamos a dar un proyecto a una concesionaria por 50 años, no termine resultando que la obra se pagaba en 20 años, por desconocimiento.

Pero debe ser también atractivo para el inversionista…

- Claro, es que esto es una ruta en ambas vías, donde el inversionista conoce la rentabilidad y que al cabo de 15 o 20 años comienza a recuperar la inversión, no puede solo verse del lado del Estado. El gran potencial que tiene la concesión es que el bien siempre será posesión del Estado, el inversionista lo desarrolla, invierte y debe ganar, pero para eso sirve tener una fuerte etapa de preinversión, para que el Estado se defienda y sepa cuánto tiempo debe dar en concesión, cuánto me cuesta esa obra, y generar un clima de atracción al inversionista.

¿Qué más cambia en el proyecto?

- El componente financiero para mí es el más importante, además que creamos una ley que incluye el contenido presupuestario, ya que con ese impuesto del 2% al cabo de 8 años tendremos una bolsa de $42 millones y el Estado podrá valorar si lo mantiene o lo quita. También hace una modificación a la Ley de Contratación Administrativa y permite una contratación más flexible, porque se requiere un proceso o modelo de contratación que no me lo da el Servicio Civil, porque no es lo mismo un proyecto para un muelle, que un hospital, una carretera, etc. Agrega además la figura de “optimización de activos”, donde con obra ya construida, por ejemplo, Cañas-Liberia, también se pueda dar en concesión su mantenimiento y para pagar eso se tendrá que poner un peaje. Por último, se obliga a que todo proceso de concesión se transparente y esté disponible en la página web del CNC, hoy no hay información de nada.

El Partido Acción Ciudadana (PAC) no cree mucho en esas alianzas público privadas…

- El Partido Acción Ciudadana ha satanizado las alianzas público-privadas o el tema de la concesión, me parece que el Gobierno de Carlos Alvarado está mandando un discurso en la línea contraria, pero esos discursos deben ser claros y contundentes. Entonces, si de verdad queremos apoyar este esquema, ahí está el proyecto que yo presenté, que ha pasado el tamiz de expertos y reúne los elementos necesarios para dinamizar una de las dinámicas más importantes cuando hablamos de reactivar la economía, como es la infraestructura.

En el presupuesto para 2019, la inversión de obra pública incluso disminuye…

- Así es, disminuye en relación con 2018, eso no es una crítica, sino que, si los grandes desafíos de este país no se pueden hacer vía presupuesto por razones obvias, de dónde se van a hacer. Si usted habla de un tren fantástico, pero creo que debemos dejar de hablar de fechas de inauguración y decir cómo se va a financiar eso, entonces si tenemos un presupuesto donde el 50% se financia con deuda, yo no veo otra salida que la alianza público-privada o una donación, que yo no veo quién va a donar $1.350 millones, no podemos ser ingenuos.

¿Y el Gobierno tiene claro ese discurso?

- Bueno, eso esperamos. Yo soy optimista, y hace poco lo decía en un control político, hay que pasar del discurso ambiguo de doble interpretación y tener un discurso claro, digamos, usted no puede tener un ministro de Agricultura con un discurso proteccionista y a una ministra de Comercio Exterior hablando de la Alianza del Pacífico y la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). Entonces usted no puede decir que ambos discursos se complementan, ¿cuál es, de las dos vías, la que vamos a hacer? Y esas señales claras le tocan al Gobierno de la República, no a la Asamblea Legislativa.

Se aprobó al fin la reforma fiscal, ¿es lo que requería el país?

- Esto es una reforma fiscal que en el mejor escenario es “light”. Hemos hablado de una reforma necesaria, pero insuficiente y eso significa que, si la aprobación de la reforma significa no hacer nada más para disminuir el gasto, estamos mal.

¿Cuáles son esas reformas estructurales que deben aprobarse?

- Primero, estas deben venir muy claras de parte del Gobierno, y yo diría que la primera debe ser ya no desde la perspectiva de la contención del gasto, sino de disminución del gasto. Hay que ver que el 96% del presupuesto de la República tiene compromisos legales o constitucionales y eso requiere cambios. Ahí hay que revisar el tema del empleo público, porque hay 127 pluses salariales, entonces tenemos que entender que la base salarial del sector público es baja, eso se entiende, el problema es ese muñecote de pluses salariales que en el pasado se hicieron con un buen objetivo, que era compensar esa base salarial baja, pero se volvió perverso, no es contra una persona o porque son empleados públicos, sino que nunca se calculó que hacerlo porcentual iba a ir generando aumentos abrumadores por todo lado.

¿Es el momento idóneo para entrar en la discusión del empleo público?

- Yo creo que ya, desafortunadamente, no queda mucho tiempo. Creo que sí es el momento, donde usted tiene una reforma fiscal que su rendimiento es tan bajo, y eso nos lleva a aplicar cambios estructurales, porque debemos comprender que, si no lo hacemos, seguiremos con el agua hasta el cuello. La reforma al empleo público es impostergable. Y, para tener claridad, lo que queremos es el salario único, y debemos comprender que esto en el corto plazo va a aumentar el gasto, pero ya ese funcionario no va a tener sus 11 pluses, pero va tener un salario único que en lugar de una base de ¢600 mil va a ganar ¢1,2 millones, y eso es un montón de plata, pero en el largo plazo lo disminuye.

¿Eso podría significar una huelga más?

- Eso significa muchas cosas. Y, bueno, tenemos el tema de la reforma procesal laboral y lo que queremos como país de permitir la libre manifestación sin que eso signifique volver a enfrentarnos a 80 días de huelga y eso entonces es una otra reforma que debemos hacer.

¿Por eso se quiso apurar la reforma a la Ley Procesal Laboral antes de tocar el empleo público?

- No creo, sinceramente no le veo esa intención, porque hay una serie de temas que ninguno es superior al otro y deberían de llevarse de manera simultánea.

¿Estaríamos en vías de cerrar o fusionar instituciones?

- El problema es que nos hemos esperado como Estado a tomar algunas decisiones, no es un tema de un solo Gobierno, que ojo, no son fáciles. No me quiero imaginar lo que va significar cerrar una institución, que digamos sean 40 funcionarios, pero al revisar se requiere cerrar o fusionar más. Estamos a la vuelta de la esquina de ver el ejemplo de Japdeva. Ya entró a operar APM Terminals, qué cosa va a hacer Japdeva para ese montón de gente, y recuerden que el canon no es para salarios. Entonces, si son 200 personas desempleadas, por decir algo, ¿qué haremos si esa gente va y cierra la ruta 32?

Ustedes presentaron al presidente hace poco cerca de 15 proyectos para el periodo de sesiones extraordinarias…

- Si se revisa la lista, vienen proyectos que se podrían quitar, pero hay otros que deben ser de interés del Gobierno, por ejemplo, los de la agenda de la OCDE, que le interesa a Liberación. Esto para decir que muchos de esos proyectos no son una lista al Niño, otro ejemplo, educación dual, donde si bien el presidente Alvarado dice que lo aplaude y lo respalda, a lo largo de las sesiones en la comisión no hubo un mensaje tan claro de parte de la fracción del PAC, es más, pudo interpretarse un mensaje en contra.

¿Es necesario ingresar a la OCDE para subir los índices país, además de la millonada que hemos pagado?

- La agenda o las temáticas que evaluamos para entrar a la OCDE son 24, donde educación es una de ellas, pero hay otras que a mi juicio son fundamentales. Como gobernanza pública, que tiene que ver con empleo público, que es sí o sí. Otro tiene que ver con la autonomía del Banco Central, que establece la designación de la junta directiva, nunca debería encajar en el mismo periodo que se hacen cambios de gobierno y mantener así a un actor que debe ser totalmente apolítico, esto por decir uno de los proyectos más pequeñitos que se incluyen en esa agenda, pero también se incluye la evaluación de todo el mandato del Servicio Civil, ¿quién debería tener la rectoría del empleo público? Entonces sí, el costo ha sido significativo, pero la gama de temas y el valor agregado que esto tiene en transparencia, buenas prácticas y adaptación a esos parámetros internacionales tiene mayor valor. Creo que el país necesita caminar por esos rumbos, y la OCDE nos vuelve a enrumbar en grandes conquistas de gran comparación internacional, que si nos esperamos para después podríamos caer en el error de retroceder, no encuentro cómo creer que no es un buen momento para hablar de buenas prácticas.

Extradirecto

Reforma fiscal: en el camino correcto

Contención del gasto: urgente

Reforma del Estado: ya

Reforma empleo público: necesaria

Gobierno PAC: Carlos Alvarado

Fracción PLN: propositivos

Alianzas público-privadas: rotundo sí

Ministra de Hacienda: reforma del Estado

Crisis fiscal: de larga data

Presupuesto 2019: calidad del gasto

PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro