Un gran avance, pero la tarea debe continuar

Miguel Ángel Rodriguez

La resolución de la Sala Constitucional sobre el proyecto de ley 20.580 y la aprobación consiguiente de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas significaron un gran paso para enfrentar el grave desequilibrio fiscal acumulado en los últimos 10 años.

Pero esa ley produce sus efectos en los siguientes años, y aun aplicándola muy bien el estimado del BCCR (Criterio del BCCR sobre expediente 20.580) es que la deuda del gobierno seguirá creciendo hasta el año 2023 inclusive, y representará en ese año 65% del PIB. Solo a partir de 2024 empezará a disminuir como proporción de nuestra producción.

Ese mismo documento señala: “La materialización de esos resultados (se refiere a los efectos de esta ley sobre el déficit y la deuda del gobierno) requiere reformas en la administración tributaria para gestionar los nuevos tributos, y el cumplimiento estricto de la regla fiscal por parte de los distintos poderes de la República” y añade: “se concluye que el proyecto de ley, tal y como fue aprobado en primer debate el 5 de octubre, y en el tanto sus disposiciones se cumplan fielmente, restablece gradualmente la sostenibilidad de las finanzas públicas en el largo plazo”.

Por ese darse la ejecución de estas medidas fiscales durante los próximos años, entiendo -aunque no comparto y critico en los aspectos técnicos- la decisión de la calificadora de riesgo Moody’s de rebajar la calificación de la deuda de Costa Rica. Eso se justificaba antes de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, cuando la situación había deteriorado respecto a 2017, pero no ahora cuando -por primera vez en 10 años- se logra aprobar una ley que aumenta los ingresos del fisco, adopta mecanismos que reducirán los gastos y se acuerda una regla fiscal. Tan es así que no ha habido una reacción negativa en los mercados para los bonos de Costa Rica ante la decisión injustificada de Moody’s.

Pero es claro que para alcanzar los resultados esperados se requerirá una actitud de seria responsabilidad fiscal de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Para acelerar ese resultado, en vez de “aflojar” en el control del gasto, el gobierno debería implementar medidas adicionales de restricción y control de sus disparadores (salario único, reestructuración del sector público) y además propiciar de manera efectiva un crecimiento de la producción nacional mayor al raquítico de estos años.

Por la iliquidez que en nuestro mercado local se ha dado este año antes de la aprobación de esta ley, considero apropiado que el gobierno solicite autorización para colocar $6.000 millones de títulos de deuda pública en dólares en el exterior. Se emitirían bonos por $1.500 millones anuales en 2019 y en 2020, y por $1.000 anuales en 2021 a 2023.

Pero no podemos permitirnos que al aumentar el financiamiento caigamos en la complacencia y el gobierno vuelva a las andadas soltando el gasto público: por ello considero que eurobonos sí…pero con condiciones.

El mencionado dictamen del BCCR sobre la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas establece una base objetiva para imponer las condiciones para que pueda Hacienda colocar las emisiones solicitadas, pues estima cuál sería el déficit primario que se daría en cada uno de los años 2019 a 2022, de cumplirse estrictamente con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Para el año 2019 no habría condicionalidad, pues ya se ha cumplido con la emisión de esa ley.

Pero para cada uno de los años siguientes (2020 a 2023) se exigiría que para realizar la colocación de los bonos en el extranjero por el monto predeterminado, el déficit primario del año precedente (2019 a 2022) no haya sido mayor al estimado por el BCCR en ese dictamen.

De esta manera los poderes Ejecutivo y Legislativo reafirmarían la seriedad de su compromiso con el equilibrio de las finanzas públicas.

PERIODISTA: Redacción Diario Extra

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Lunes 10 Diciembre, 2018

HORA: 12:00 AM

CRÉDITOS: Miguel Ángel Rodriguez