Ordenamiento territorial y disposición final de residuos
Lic. Marco Arroyo*
En un marco de creciente preocupación por el cuidado del ambiente y el impulso de iniciativas enfocadas en la reducción de residuos que terminan por contaminarlo, como la eliminación del plástico de un solo uso o su sustitución por completo, no debe perderse de vista la atención de aquellos residuos cuyo destino final es su confinamiento permanente, de los cuales tenemos muchos todavía. Aquí hay una temática que debería ser abordada desde la planificación urbana y el ordenamiento territorial, particularmente en el caso de la Gran Área Metropolitana, tomando en cuenta el acercamiento al límite en la capacidad volumétrica del Parque de Tecnología Ambiental La Uruka, más conocido como Relleno Sanitario de La Carpio.
Es lugar común la molestia de los vecinos de las zonas circundantes a los espacios dedicados al depósito final de residuos. De hecho, ninguna comunidad está dispuesta a recibir con satisfacción la instalación de un relleno sanitario en su territorio, al menos en la forma en que son concebidos hasta ahora. Es decir, se trata de una materia sensible y potencialmente conflictiva. Hablando del relleno en La Carpio y del relleno El Huaso en Aserrí (Parque de Tecnología Ambiental Aczarri), con frecuencia aparecen inconformidades de los pobladores cercanos en cuanto a su operación, algunas de mayor intranquilidad, por ejemplo, la presencia de malos olores.
La instalación de rellenos destinados al depósito de residuos siempre será objeto de controversia, pero raras veces desde el diseño y ejecución de políticas públicas se profundiza en la compensación que reciben las comunidades por tener ubicados durante años en sus cercanías espacios que albergan los residuos de todos los demás, o una buena parte de ellos, con los cambios del entorno asociados que les implica. Mientras para unos la disposición final de residuos termina cuando el camión de la basura los recolecta frente a su hogar, para otros la preocupación continúa.
Hay aquí una tarea más a nivel estatal, entiéndase el Gobierno Central y los Gobiernos Locales, en términos del tratamiento esperado a la disposición final de residuos sólidos, para lo cual la Ley para la Gestión Integral de Residuos ofrece un amplio margen de avance -inconcluso todavía-, como en torno a su ubicación. ¿Cuáles son las potenciales zonas desde el punto vista de impacto ambiental y de ordenamiento territorial que pueden dedicarse a esos propósitos? ¿Qué tipo de compensaciones o medidas de promoción del desarrollo deben impulsarse en las comunidades donde se hospeda un relleno sanitario que recibe los residuos de otros cantones o zonas del país? ¿Cuáles de esas compensaciones corresponden a la compañía propietaria de un relleno y cuáles al Estado? Para empezar ese ejercicio, puede utilizarse como casos de estudio el Relleno en La Carpio y el relleno en El Huaso, receptores de grandes cantidades de residuos, examinando qué ha sucedido con el paso de los años en las áreas circundantes a esos rellenos y los aprendizajes de cara a nuevos sitios de la misma naturaleza.
La resistencia que produce entre la población la ubicación de rellenos sanitarios, al menos en su concepción actual, frente a las posibilidades contenidas en la normativa vigente de residuos, plantea la necesidad de avanzar hacia soluciones innovadoras que permitan atenuar los efectos que conlleva este tema en el espacio local.
Por su parte, el impulso al ordenamiento territorial es la vía para discutir sobre la definición macro de eventuales zonas aptas para la colocación de los residuos en su última etapa, de manera que la evaluación de impacto ambiental de potenciales rellenos no se convierta en el campo de batalla entre sus promotores y detractores por aspectos vinculados al uso del suelo.
Tal situación, junto a las clásicas razones del ordenamiento territorial, y más recientemente considerando aspectos en boga como la movilidad urbana, la recuperación de espacios públicos o el cambio climático, señalan la importancia de contar con una estrategia de corto plazo, con intervención de todas las instituciones públicas involucradas (Setena, ICT, INVU, IFAM, Mideplan) y los gobiernos locales, a fin de lograr que todos los cantones y zonas del país cuenten con planes reguladores aprobados y en ejecución en un plazo determinado.
*Politólogo
PERIODISTA: Redacción Diario Extra
EMAIL: [email protected]
Lunes 10 Diciembre, 2018
HORA: 12:00 AM
CRÉDITOS: Lic. Marco Arroyo*
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