La Procuraduría General de la República (PGR) aún no se pronuncia sobre la consulta realizada por la legisladora Karine Niño en relación con los nombramientos hechos por la canciller Epsy Campbell en la Dirección de Política Exterior.
DESIGNACIONES
La también vicepresidenta designó a la consejera Adriana Murillo y a la primera secretaria Carolina Fernández como directora general y directora adjunta de Política Exterior, respectivamente.
Dichos nombramientos al parecer rozan el artículo 9 del Estatuto del Servicio Exterior (Ley No. 3.530), ya que para ocupar una dirección dentro de la Casa Amarilla el funcionario debe tener el rango de embajador.
El movimiento habría traído consigo un aumento salarial. Según la tabla de equiparaciones de funcionarios (con corte al 30 de junio de 2018), un consejero en el servicio interno debe percibir un sueldo base de ¢963.650, mientras que un embajador ¢1.174.950. Ambos montos sin contar pluses.
En el caso de los primeros secretarios en el servicio interno el salario base es de ¢820.600.
Lo anterior puede traducirse en que tanto Murillo como Fernández recibirán al mes cerca de ¢211.000 y ¢354.000 de más, sin cumplir con los requisitos.
La consulta de Niño al procurador general de la República, Julio Jurado, se interpuso el viernes 27 de julio.
SOLICITAN RESPUESTA
Para la congresista, quien preside la Comisión de Asuntos Internacionales, han pasado al menos tres meses y aún no hay un pronunciamiento, lo que agrava la situación, ya que la práctica continúa.
La Cancillería confirmó hace una semana que nombró en la Dirección de Cooperación Internacional a la ministra consejera Adriana Solano Laclé.
Al igual que Murillo y Fernández, la designación de Solano no solo le pasa por encima al artículo 9 del Estatuto del Servicio Exterior, sino también al 18, así como al 75 del reglamento de la Casa Amarilla.
El enunciado 18 es claro al indicar que cuando se trate de llenar una vacante en el servicio, el Ministerio debe designar un funcionario de la categoría correspondiente.
En cuanto al 75 del Reglamento del Servicio Exterior, este aclara que para llenar una vacante se debe abrir un concurso previo.
Las designaciones de Murillo y Fernández también se hicieron a dedo.
“Con confianza en el rol y la competencia de la Procuraduría General de la República, me permito solicitar se atienda la consulta que remití a la institución desde el viernes 27 de julio del 2018, número de oficio KNG-FPLN-108-2018, ya que a la fecha no he recibido respuesta alguna”, se lee en el documento que envió Niño el 5 de noviembre.
Agrega: “Es de suma importancia contar, a la mayor brevedad posible, con el criterio de la Procuraduría sobre la legalidad de los nombramientos en cargos de Dirección en el Ministerio de Relaciones Exteriores, tal y como lo detallé en mi misiva anterior; particularmente a luz de pronunciamientos o criterios anteriores, como los recogidos en el oficio AEP-AR-009-2011 del 19 de diciembre del 2011”.
Niño incluso hizo referencia en su carta a las informaciones que reveló la prensa sobre extrañas designaciones que generaron zozobra e indignación entre la ciudadanía, tal como confirmó el propio presidente Carlos Alvarado.
PERIODISTA: Marco Antonio González
EMAIL: [email protected]
Lunes 19 Noviembre, 2018
HORA: 12:00 AM
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