La nueva lucha de clases en Costa Rica
ANFE
Es común en ciertos círculos académicos escuchar sobre la lucha de clases, esa idea de que diferentes grupos velan por sus intereses propios frente a la de otros colectivos. Usualmente, tal como se observó en la reciente huelga “nacional”, se suele usar este concepto para enmarcar la pelea entre los ricos que controlan las industrias y los pobres que laboran para ellos.
Las recientes declaraciones del magistrado Fernando Cruz (adalid de la clase media, según boca propia), y la comparecencia ante la Asamblea Legislativa del rector Alberto Salom (defensor de la cultura, las artes y la construcción); nos sirven para constatar que sí, estamos ante una confrontación donde los privilegios y explotación juegan parte, pero no como usualmente se piensa.
La nueva lucha de clases en Costa Rica es entre aquellos que, por medio de su profesión liberal, trabajo independiente y actividad privada se ganan la vida; frente a los miembros de la cúpula y altos mandos medios del sector público que viven de lo que se quita a los primeros mediante impuestos y no están dispuestos a dejar su estilo de vida costeado con bolsa ajena. Por otra parte, en el medio actuando como árbitros están quienes, mediante su influencia política, pueden abstraerse de la reyerta.
LO QUE ACONTECE. Así las cosas, tenemos a los líderes del sector público oponiéndose a un plan fiscal que los afecta tanto con impuestos como con necesarias reformas al empleo público. Ellos, acostumbrados a manejar las instituciones que representan con gran liberalidad, no pueden permitir que exista más control sobre lo que gastan y cómo se gasta. Para esto, en algunos casos incluso están dispuestos a movilizar a los grupos que lideran a huelga, sabiendo de que al final de mes su salario no será tocado ni sufrirán mayor afectación.
Por otra parte, están los trabajadores privados, quienes en condiciones económicas deterioradas y con una economía que crece menos de lo habitual, tienen la amenaza de afrontar nuevos impuestos o afrontar las consecuencias. Se podría decir que la cúpula del sector público también paga tributos, pero recordemos que lo que ellos pagan viene igual de lo que se le tasa al sector privado. Ellos no pueden irse a huelga, ya que un día no trabajado es un día no pagado, sufriendo además el grueso de la incertidumbre que este tipo de movimientos generarán en el día a día de una economía.
Mientras esto sucede, los grupos que tienen músculo político esperan. El paquete fiscal tiene una larga lista de exoneraciones que permiten a quienes ejercieron presión tener un trato fiscal diferenciado frente al resto de la gente. Incluso algunos podrán disfrutar de amnistía tributaria y salvarse de pagar multas e intereses. Así mientras obligan a unos usando el miedo como amenaza para que cumplan y acepten nuevos impuestos, otros terminarán premiados por no haber pagado los que estaban vigentes con anterioridad.
LO QUE DEBERÍA PASAR. No existe duda de que el país está en una encrucijada. El nivel de deuda es insostenible y el tiempo apremia para poder hacer algo. Pero, mientras el reloj corre, quienes pueden actuar en el Poder Ejecutivo esperan. Para ellos la solución es el proyecto 20508, sin importar de que ya una mayoría de la cúpula del sector público ha dado señales de que con ellos no cuenten, y otra gran parte del Poder Legislativo le ha dicho NO a este Plan que a ruido de tambores no han podido vender.
Lo lamentable es que existen otras soluciones que podrían estarse intentando, pero por obstinación aparente son ignoradas. Para nadie es un secreto de que existen múltiples Ministerios sin cartera, instituciones con funciones duplicadas y misiones diplomáticas redundantes. Por otra parte, en un Estado lleno de activos, muchos se podrían vender para atenuar la deuda. Cualquier paso en esta dirección sería bien aceptado y daría la señal de que existe valor para tomar las decisiones que el país necesita.
Pero lo más importante es que, incluso en el tema de impuestos, se puede mejorar. Lejos de impulsar un proyecto que hace todo el proceso de tributar más complejo para los individuos como el IVA, se podrían valorar opciones más simples y equitativas. Por ejemplo, un sistema de una sola tasa, donde cada quien pagase un porcentaje igual según sus ingresos y una reducción de las tasas recaudadas con los demás impuestos daría lugar a un sistema más progresivo que el actual o el hasta ahora propuesto.
LO QUE OCURRIRÁ. Ante la incertidumbre causada por la marcada toma de decisiones por parte de los líderes privilegiados del sector público, y la falta de acciones concretas aparte del Proyecto Fiscal por parte del Ejecutivo, solo tres cosas son claras: I. Quienes pagarán la cuenta serán los miembros del sector privado de este país, esos que no tienen el poder para hacer cabildeo en los que toman las decisiones; II. Esta deuda será saldada con nuevos impuestos que no afecten al empleo público o por una inflación que erosione aún más la ya empeorada calidad de vida de los costarricenses; III. Siempre se ha dicho que los funcionarios públicos son servidores de todos los costarricenses, pero la realidad es que para las cúpulas del sector público es el sector privado el que esta para servirles. ¡Ya están informados!
