A sus 31 años, Andrés Araya Arias puede decir que es un milagro viviente, luego de sobrevivir al ataque de una turba de aficionados de la Garra Herediana el 27 de agosto del 2017 ante un encuentro entre el Club Sport Cartaginés y el Club Sport Herediano.
Este lunes arrancó el juicio contra Luis David Sánchez Sanabria, conocido como “Orco”, principal sospechoso del furibundo ataque con una piedra que lanzó contra la humanidad de Araya, específicamente a la cabeza y que lo dejó con un 32% de incapacidad cerebral.
El debate tuvo un retraso, pues estaba pactado para las 8 a.m., y una hora después, debido al rezago en el traslado de Orco y por ende el desayuno tardío para el privado de libertad.
Tras la lectura de la sentencia, de inmediato vinieron los alegatos de los diferentes litigantes. Así por ejemplo Sergio Rivera, abogado de la Unión Nacional de Fútbol (Unafut), solicitó que se proyectaran dos videos recopilados como prueba del ataque a Araya Arias, donde también se observa al joven brumoso participar de la gresca, pese a que mencionó en reiteradas ocasiones no pertenecer a la Fuerza Azul, nombre con el que se le denomina a la barra brumosa.
La solicitud de Rivera fue secundada por Rodolfo Freer, abogado del Club Sport Cartaginés (CSC), que junto a Orco y a la Unafut están siendo demandados civilmente por una suma de ¢90 millones.
Incluso Ramiro Dennis, abogado del imputado Sánchez Sanabria, no encontró oposición a la de sus colegas al considerar que la prueba ya estaba incorporada, fue vista por todas las partes y como estrategia pretendía exponerle al tribunal compuesto por Alexander Salazar, presidente, y los cojueces Edwin Reyes y Rolando Morales.
Araya Arias no solo fue víctima, sino también participó de la gresca lanzando piedras y quitándole una camisa a un aficionado rojiamarillo.
De inmediato vino la réplica de Erick Varela, abogado de Araya Arias, que lleva la demanda penal, así como de la Licda. Mayra Alfaro, encargada de la demanda civil y hasta de la Fiscal Paula Aragón, quienes señalaron que, para respetar el orden de testigos y sus testimonios, era primordial escucharlos primero y no lanzar el video; con lo que el tribunal se fue a deliberar y llegaron a la conclusión de pasar los videos.
TESTIGOS
Una vez analizados los videos, vino el primer testigo, era precisamente el ofendido, Esteban Araya, quien parecía verse bien. Sin embargo, en reiteradas ocasiones de su intervención los jueces debieron preguntarle si se sentía a gusto, por lo que su abogado le hizo saber al tribunal que su cliente de acuerdo al análisis de la especialista de lenguaje, no coordinaba el cerebro con él habla y había que darle tiempo para que coordinara.
El joven relató que, a raíz de lo vivido, “no puedo dormir, me da miedo caerme, tengo dolores de cabeza, desesperación, ganas de llorar, la sensibilidad se me perdió, tengo que andar con suéter y me da más cansancio”, señaló.
Araya le explicó al tribunal que se dio cuenta que tenía una cicatriz como un hueco, “y me di cuenta después de los 12 días, como semana y media que lo vi en la tele, fue mi hermano el que me dijo que me habían pegado”, explicó el agredido.
Cuando concluyeron los abogados de Araya y la fiscalía, vino la batería de preguntas de los litigantes del CSC, la Unafut y Ramiro Dennis, estos dejaron al descubierto que Araya no es el angelito que parece ser, pues mediante la prueba de video develaron que el agredido antes de pasar a ser víctima, fue victimario, pues también lanzó piedras y cuando le preguntaron ¿si las había lanzado?, este señalo que “lancé piedras para espantar a los heredianos”.
Incluso Sergio Rivera fue más allá al remarcar por qué el Ministerio de Seguridad Pública debía ser acusado y no estaba acusado en la causa, siendo los responsables de prestar la seguridad en la vía pública, ya que el espectáculo futbolístico no tuvo problemas y se llevó con toda normalidad a lo interior del recinto. Mientras tanto, la gresca se dio en las afueras del estadio donde no se dio la vigilancia necesaria y no porque no hubiese un plan de seguridad, sino por un “capricho”, de la entidad de seguridad estatal de solicitar 130 agentes privados o de lo contrario no daban la colaboración.
Para el Lic. Freer la única institución en el país capaz de clausurar un espectáculo masivo es el Ministerio de Salud y al no existir un protocolo, ni Seguridad Pública puede exigir, lo que se puede y lo que no, adujo.
Para el Lic. Varela, las instituciones demandadas sí tienen responsabilidad objetiva, ya que sí existe un protocolo contra la violencia en el fútbol, de hecho, se hizo un taller en el 2010 en nuestro país.
“En el año 2010, se firma el protocolo “La violencia en el fútbol, régimen jurídico nacional e internacional, es un seminario que es un acuerdo importantísimo para los jerarcas en la prevención de la violencia en Costa Rica”, dijo Varela.
El abogado añadió que en ese protocolo se establece toda la tramitología que se debía realizar y no se hizo.
“Con lo anterior se llega a un reglamento por parte de la Unafut, en el que en el artículo 67 se obliga a todos los clubes de primera división a categorizar los riesgos del partido.
Segundo: establecer un plan de manejo de seguridad en conjunto con la Dirección de Planes y Operaciones del Ministerio de Seguridad Pública.
Esa situación el día antes del partido fue advertida por el Ministerio de Seguridad Pública, pues no contaban con el permiso, es decir el partido se realiza aun cuando no hubo una aprobación o un plan”.
Para este martes se esperan los testigos del Unafut, del CSC y la defensa de Orco.
PERIODISTA: Alexander Méndez
CRÉDITOS: Fotos: Joaquín Salas
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Martes 21 Agosto, 2018
HORA: 12:00 AM
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