La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aprobó la semana anterior el Reglamento de Aseguramiento de Microempresas y Emprendedores en el Seguro de la Salud, el cual, según dijo Mario Devandas, directivo de la institución, pone en riesgo las finanzas de la entidad.
Con la aprobación, los otros 8 miembros de junta buscan apoyar el microemprendimiento, promover la empleabilidad y la tasa del éxito del sector emprendedor en el país y, además, combatir la informalidad.
Actualmente, el aporte que realizan los patronos a la CCSS es del 14,33%, del cual el 9,25% es para el seguro de salud y un 5,05% al de Invalidez Vejez y Muerte.
Según explicó el directivo, la esencia del reglamento aplica para ese seguro de salud y a las empresas que tengan un máximo de cinco empleados, consiste una reducción del porcentaje; es decir, el primer año los microempresarios pagarán 4,25% en lugar del 9,25%, con un incremento anual del 1%.
Para el segundo año desembolsarán un 5,25%, el tercero 6,25%, para el cuarto se establecerá el 7,25% y para el quinto se regresa al 9,25%.
Por ejemplo, si un trabajador gana ¢500.000, el patrono actualmente debe pagar a la CCSS ¢46.250 (por el 9,25%), pero con el cambio (4.25%) cancelará ¢21.250.
“Yo voté en contra, no hay un estudio actuarial que sustente esta nueva modalidad para la microempresa, estoy preocupado por la sostenibilidad del seguro de salud, que tiene serias dificultades”, comentó Devandas.
“Con las condiciones actuales, ese seguro empieza a tener problemas de sostenibilidad en el 2026, o sea ocho años, y con estos cambios lo que se hace es pasarle obligaciones a la CCSS para que las financie con sus propios recursos y me parece que no es el camino”, apuntó.
La preocupación en el directivo aumenta al considerar que queda un portillo abierto para que los trabajadores empiecen a cubrirse.
“Los microempresarios ahora van a abrir empresas nuevas y eso va a tener un impacto en las finanzas de la Caja. Yo propuse que el Estado tuviera un fondo, que la empresa pague a la institución, luego se diga cuánto pagó cada empresario y se devuelva el dinero que corresponda, pero no financiado por la seguridad social, el problema es grave”, aseveró.
En el caso de las empresas, tendrán que comprometer por medio de una declaración jurada, en un plazo de 6 meses, su certificación de pyme, otorgada por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y el Registro de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (Pympa), entregado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
Datos de la CCSS indican que las microempresas constituyen el 86% del empleo informal, donde solo el 15% de los trabajadores se asegura dejándolos en condición de riesgo y vulnerabilidad.
PERIODISTA: Sergio Jiménez
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Martes 07 Agosto, 2018
HORA: 12:00 AM
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