La decisión tomada por el Consejo Directivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el 25 de noviembre de 2014, de eliminar la Gerencia General y en su lugar crear la Gerencia Corporativa de Administración y Finanzas, es ilegal, por cuanto no les corresponde a los directivos ni al presidente ejecutivo de la entidad suprimir un cargo que está dentro de la estructura organizacional, pues esta cobró vida con la Ley de Creación del ICE, en 1949.
En una opinión jurídica emitida por la Procuraduría General de la República (PGR), la OJ-039, no vinculante, del 27 de abril anterior, solicitada en su momento por el hoy exdiputado del Partido Frente Amplio, Jorge Arguedas Mora, se especifica que dicha eliminación no procede por un principio de legalidad.
“En definitiva, por más que el Consejo Directivo ostente la condición de superior jerárquico supremo del ICE, como órgano vinculado que es al principio de legalidad, no puede eliminar o suprimir de la estructura orgánica de la referida entidad un cargo que está creado por ley ni tampoco vaciar de contenido el haz de potestades que le son propias, de tal suerte que solo a través de una norma del mismo rango es que sería posible hacer un cambio de esa naturaleza”, se desprende de la opinión jurídica.
La única forma para eliminar o suprimir la gerencia general es mediante una reforma a la ley de creación del ICE, la cual tendrá que ser aprobada por los diputados en la Asamblea Legislativa
POTESTADES, IMPERIO Y NULIDAD
De acuerdo con los abogados del Estado, entre las funciones establecidas por ley al Gerente General están la de ser un administrador general, que deberá formular el plan de organización interna y funcional de la Institución, lo mismo que los programas de trabajo para presentarlos a la consideración del Consejo Directivo y dirigir la ejecución de estos.
Al mismo tiempo, le corresponde a la Gerencia General la creación de nuevas plazas y la designación y remoción de persona, entre otras funciones.
En la “Memoria ICE 2014”, se desaparece la gerencia general y aparece el cargo de la Gerencia Corporativa de Administración y Finanzas, dependiente de la Presidencia Ejecutiva.
Según se desprende de dicha “Memoria ICE 2014”, el Consejo Directivo estaba integrado, en ese momento, por Carlos Obregón como presidente, y Rodolfo Silva como vicepresidente y los directores Eduardo Gómez, Roberto Trejos, Carlos Quesada, Farid Beirute y Ruth Martínez.
Al momento de su eliminación, Martín Vindas ocupaba el puesto de gerente general, pero fue reubicado en otro cargo, y como gerente corporativo fue nombrado Claudio Dittel, quien luego renunció en abril de 2016, por diferencias por el entonces presidente ejecutivo del ICE, Carlos Obregón.
Aparte de lo anterior, la PGR reitera que ninguno de los integrantes del Consejo Directivo, ni de cualquier otro órgano, puede asumir las funciones que el legislador de forma expresa le atribuyó a la Gerencia General, esto por cuanto carece de competencia para actuar de esa manera.
“(…) ningún órgano de la Administración Pública -incluida su Presidencia Ejecutiva- puede realizar actos que no sean el resultado del ejercicio de potestades que han sido atribuidas previamente por el ordenamiento jurídico”, apunta la Procuraduría.
Consecuentemente con lo anterior, el documento especifica que “sobre todo, cuando como se desprende del citado artículo 14 de la Ley n.°449, comprenden potestades de imperio a favor del Gerente General, caso de la potestad disciplinaria que se le reconoce con la remoción del personal que no sean de jefatura; pues supondría un quebranto de los artículos 59.1 y 66.1 de la Ley General de la Administración Pública, que establecen que la competencia para ejercer una potestad de imperio deberá estar regulada por ley, siendo este tipo de potestades intransmisibles a otros órganos”.
Las decisiones y acciones que adopten los órganos que carezcan de competencia legal para su ejecución, como es el caso de la Gerencia Corporativa de Administración y Finanzas pueden ser nulas e inválidas, y pueden conllevar a responsabilidades administrativas, civiles y penales por las actuaciones incurridas.
“La consecuencia jurídica de que otro órgano, así sea el superior jerarca, ejerza las potestades que expresamente le fueron dadas por ley a otro es la invalidez de lo actuado, al carecer de competencia para ello, en grado de nulidad absoluta.
De acuerdo con la Ley de Control Interno, compete a la Auditoría Interna de cada institución determinar si el jerarca está actuando de una manera contraria al orden legal que, en los casos de directores de instituciones autónomas, el llamado para declarar la posible responsabilidad es el Consejo de Gobierno”, agrega el documento.
SE CONSIDERAN IMPLICACIONES
Al respecto Irene Cañas, presidenta ejecutiva del ICE, respondió vía correo electrónico: “desde que tuvimos conocimiento del documento se están analizando los razonamientos esbozados en el documento para establecer sus alcances. Al ser el pronunciamiento una opinión jurídica, no vinculante para el ICE, existen varias alternativas para clarificar el alcance de lo allí expuesto. La decisión que se va a tomar en este asunto estará apegada a la legalidad.
En este análisis se están considerando las implicaciones administrativas, legales y temporales que pudiera tener el curso de acción elegido sobre el accionar del Grupo ICE”, reafirmó Cañas.
Asimismo Juan de Dios Cordero, coordinador del Frente Interno de Trabajadores del ICE (FIT-ICE) sostuvo que la administración del Instituto debe hacer un análisis cuanto antes de la situación, realizar un pronunciamiento y actuar en consecuencia.
“El problema es que las acciones y decisiones que toma la administración puedan tener nulidad absoluta, tal y como lo dice la Procuraduría, por lo que, en esa tesitura, que la administración haga lo que tenga que hacer cuanto antes”, recalcó Cordero.
PERIODISTA: Krissia Morris Gray
CRÉDITOS: Foto: Mauricio Aguilar
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Martes 10 Julio, 2018
HORA: 12:00 AM
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