Una vez más el tema del aborto se prestó para generar controversia en nuestro país, sin embargo en esta ocasión los actores del conflicto no son los mismos de siempre, sino el presidente de la República, Carlos Alvarado, y dos diputadas del partido oficialista.
Ellos intercambiaron criterios de manera bastante airada ya que no coinciden en algunos criterios.
De hecho, durante una actividad pública durante este jueves el mandatario se mostró visiblemente molesto, levantando su tono y gesticulando más de lo normal, precisamente por el tema del aborto terapéutico.
Alvarado, que dejó a criterio de la prensa para quién era su mensaje, aseguró que este no es el momento para hablar sobre el aborto, ya que hay asuntos más importantes en discusión, por ejemplo, para el Ejecutivo el tema fiscal es vital.
En la Asamblea Legislativa, dos congresistas de Acción Ciudadana (PAC), Paola Vega y Nielsen Pérez, insistieron esta semana en el aborto terapéutico, que se refiere al inducido justificado por razones médicas.
“En ese tema yo entiendo que mi mandato está sobre los principales problemas que tiene Costa Rica y para eso estoy aquí. Veo en el orden de esos problemas, temas como seguridad ciudadana, infraestructura, generación de empleo, y dar solución al tema fiscal para garantizar nuestra estabilidad y nuestro crecimiento”, dijo el jefe de Estado.
Añadió, con un tono más de regaño que de declaración: “Quien quiera llevar la agenda ya (sobre el aborto terapéutico) lo hace a sabiendas, no solo de que distrae la atención de estos temas que son los prioritarios para Costa Rica, sino que muchos lo hacen porque saben que es la única forma que pueden invisibilizarlos y eso no está bien.
El país necesita soluciones en lo fiscal, en el empleo y en la seguridad ciudadana, y eso es lo que yo voy a hacer”.
EN PLAN DE GOBIERNO
La justificación de Alvarado la reiteró pese a reconocer que prometió el aborto terapéutico en su plan de gobierno como candidato a la Presidencia, así como en el acuerdo suscrito tras la alianza con el ahora ministro Rodolfo Piza.
“Impulsar la institucionalización de la norma nacional sobre aborto terapéutico, según lo establecido en el artículo 121 del Código Penal.
Además de la normalización técnica de la CCSS (guía clínica) sobre dicha norma en servicios de salud, se deben incluir instrumentos, divulgación, sensibilización y capacitación del personal de Salud.
Se le prestará especial atención a la temporalidad de aplicación de la norma a quienes así lo requieran”, señala el plan de gobierno de Alvarado, que aprobó el PAC en octubre del 2017.
CONGRESISTAS
REACCIONAN
Sin pelos en la lengua Paola Vega, diputada del PAC, aseguró, a modo personal, que ella seguirá abogando por el aborto terapéutico pese a lo expuesto por Alvarado.
“El Presidente establece sus prioridades desde una visión como hombre, pero nosotras como mujeres sí creemos que el tema del aborto terapéutico es una prioridad, entonces lo lamento”, aseguró.
Sobre la prioridad de asuntos que señaló el mandatario, indicó: “Nunca he considerado que un tema sea más importante que otro. Creo que en el mismo orden de prioridades está el fiscal, que es un tema urgente, como el de infraestructura, ambiental y el tema de las mujeres.
Nosotras no estamos pretendiendo ir más allá de lo que dice la ley, lo que queremos es que se ponga en práctica de la manera correcta”.
Contradijo al Presidente al asegurar que si el tema se aborda de una forma “madura”, no debe haber polarización.
Nielsen Pérez, legisladora del PAC, añadió que si se ha abordado en los últimos días el tema del aborto terapéutico desde su curul y la de su compañera Vega es porque salió un proyecto para criminalizar esta posibilidad permitida por la ley.
“Lo que hemos estado planteando mi compañera Paola y yo es el tema del protocolo, a partir de que hace unos días salió a la luz pública un proyecto de ley que pretende la criminalización del aborto y por supuesto que eso nos causa preocupación, pero eso no quiere decir que estemos poniendo al debate el tema del aborto”, acotó Pérez.
A diferencia de Vega, coincidió con el presidente Alvarado en que habrá un momento para abordar dicho debate y hay otras prioridades.
BORRADOR
Desde la administración anterior se trabaja en un borrador de reglamento para regular el aborto terapéutico en Costa Rica.
DIARIO EXTRA tuvo acceso a ese documento, que data del 10 de febrero de 2017, y en que Fernando Llorca, entonces ministro de Salud, indicaba que la versión definitiva se presentaría ante la Cancillería de la República.
“La comisión redactora de la presente norma ha considerado pertinente resaltar que el aborto impune constituye una herramienta que posibilita la protección, no solo de la vida sino también de la salud de la mujer.
Su aplicación debe basarse en una concepción amplia de la salud, entendiendo esta como un estado de bienestar biopsicosocial, tal y como fuera establecido por la Organización Mundial de la Salud”, resumió el texto.
La comisión encargada de la elaboración del proyecto dijo que el peligro presupone la amenaza de que se presente una situación que afecte negativamente la salud de la mujer o ponga en riesgo su vida.
La propuesta establece que la normativa debe ser revisada al menos cada 5 años a partir de su oficialización.
IMPLEMENTACIÓN
En el borrador se indica que el Ministerio de Salud es el ente responsable para regular y estar atento al cumplimiento del ordenamiento jurídico. Además, los colegios profesionales deberán emitir un criterio técnico sobre los aspectos comprendidos para el desarrollo del aborto impune.
Cualquier mujer, en cuyo embarazo se genere un peligro para la salud o su vida, tendrá acceso al aborto terapéutico. Eso sí, cada caso debería ser valorado de forma individual.
“Se deberá realizar una certificación en el expediente de la mujer cuando el criterio de los profesionales tratantes concluya que el peligro para la salud o la vida de la mujer no puede ser tratado por otros medios, basado en buenas prácticas profesionales y considerando aspectos de razonabilidad y proporcionalidad”, señaló el documento.
De acuerdo con este, la solicitud para valoración sobre el aborto impune surge a partir del criterio del médico o de la fémina, si considera que la vida suya o salud estén en riesgo.
Para proceder a la práctica del aborto impune, los establecimientos habilitados serían aquellos en que se cuente con el equipamiento y recurso humano necesarios para desarrollar la práctica y que, para cumplir con ese objetivo, se deberá contar con el visto bueno del Ministerio de Salud.
ACCESO
AL PROCEDIMIENTO
En el texto se resume que las solicitudes de valoración para la práctica del aborto impune se analizarán por medio de una comisión especializada en la Dirección General Médica de los centros de salud que atiendan los casos, excepto en los de emergencia.
El médico que trate estos casos y cuyo criterio considere que el embarazo está en alto riesgo deberá remitir en el acto una solicitud para que se valore la práctica del procedimiento.
Si la afectación de la salud obedece a una causa social, el médico tendrá que elaborar una referencia a las entidades estatales para que se le brinde la asistencia correspondiente.
La comisión especializada deberá estar compuesta por un ginecobstetra, un especialista en la condición que aqueja a la mujer y uno nombrado por la Dirección General del establecimiento.
“El plazo de la comisión para dar respuesta a la solicitud será de 8 días naturales a partir de la recepción en la Dirección General Médica.
En caso de que el pronunciamiento de la comisión sea realizar un aborto impune, la misma deberá efectuarse en un máximo de 4 días naturales a partir del pronunciamiento de la comisión”, indicó.
La junta podrá decidir también una revaloración sobre el caso en el tiempo que estime necesario siempre y cuando no haya un riesgo en la mujer. Las resoluciones son por escrito.
La mujer deberá firmar su consentimiento libre, voluntario e informado antes de proceder a la realización del proyecto.
El Periódico de Más Venta en Costa Rica efectuó la consulta con el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde señalan que la propuesta se valora con base en una revisión jurídica de conformidad con el artículo 121 del Código Penal.
Según Casa Amarilla, ellos colaborarán en dicha revisión de la propuesta en compañía de la Presidencia de la República, y descartó que el Ministerio de Salud entregara la norma técnica.
“Para que una norma técnica, cualquiera que esta sea en materia de salud pública, sea aprobada y entre en vigencia, debe emitirse vía decreto ejecutivo suscrito por el/la ministra de Salud y por el/la presidente de la República”, manifestaron en Cancillería.
PRESIÓN
La presión para que el Poder Ejecutivo apure la reglamentación del aborto impune ha venido tanto de la fracción oficialista como de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), cuya jerarca es Patricia Mora.
Ya la diputada Vega le había enviado una carta a la ministra de Salud Giselle Amador donde le pide apurar la directriz que hace falta para que en el país se aplique el aborto terapéutico, que es el único que se permite según el Código Penal.
“Me permito señalar como legisladora y como mujer, que el avance de esta norma es fundamental para garantizar derechos fundamentales de las mujeres que han sido postergados por un siglo y que se traducen en injusticias que afectan la salud física y emocional de muchísimas mujeres.
Esta norma viene a saldar una deuda de 100 años del Estado costarricense con las mujeres que habitamos en este país”, indicó en la carta la legisladora.
Por su parte, Mora también hizo un llamado para presionar al presidente Alvarado y a Salud para que el reglamento camine.
“Para el Inamu es prioritario que esa norma se dicte y apruebe, porque se está violentando nuestro ordenamiento jurídico que posibilita el aborto cuando la vida de la mujer corre peligro, pero no se aplica por esta norma técnica, y por eso le estamos solicitando actuar a la Ministra de Salud y al Presidente de la República”, indicó Mora.
ALERTA
La exdiputada y miembro del Movimiento Pro Vida Costa Rica, Alexandra Loría, señaló que ellos mantienen un estado de alerta porque saben que el protocolo para establecer el aborto impune está listo desde 2017 y que el gobierno PAC no lo ha firmado porque reconoce que es un tema sensible para el país.
“El Presidente dice que no es prioritario, pero nosotros sabemos que el protocolo existe y está para firmarlo”, expresó.
La oposición de estos grupos al reglamento en particular pasa porque insisten en que tiene conceptos indeterminados que avalarían otras formas de aborto.
“Se habla de aborto por causa social que incluye el aborto por violación, por incesto, por pobreza, contiene lo que ellos llaman ‘producto inviable’, a lo que nos oponemos porque hay casos documentados donde se dice que el feto es inviable y el niño o niña nace y vive”, explicó.
PERIODISTA: Marco Antonio González
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Viernes 06 Julio, 2018
HORA: 12:00 AM
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