Nicaragua. (EFE/AFP) - Barricadas de adoquines, casas quemadas, luto, dolor y pánico: la combativa ciudad de Masaya, en el sur de Nicaragua, resiste este miércoles al asedio de las fuerzas del gobierno de Daniel Ortega, en una escalada de violentas protestas que dejan 200 muertos en dos meses.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) confirmó tres muertos más y 48 heridos en Masaya, en tanto que 37 lesionados se reportaron en Ticuantepe, a 14 km, donde la policía y grupos paramilitares atacaron el tranque (bloqueo) resguardado por decenas de jóvenes.
"Esto está horrible. La gente se está muriendo por este gobierno que no se quiere ir", dijo a AFP Ramona Alemán, ama de casa de 40 años, en un cementerio de Masaya donde sepultaron a Marvin López.
En algunas zonas de la ciudad se escuchaban aún disparos de balas y estallidos de morteros. Camionetas de antimotines con pasamontañas recorren el casco central, pero en los barrios de la periferia aún muchos pobladores permanecen atrincherados.
Pobladores reportaron también disparos y ataques de hombres fuertemente armados en las ciudades de Jinotepe, León, Matagalpa y Estelí, donde el miércoles murió una persona.
Escombros del hotel Masaya y de algunas casas quemadas esta madrugada eran levantados por habitantes. Una mujer en bicicleta mostró a la AFP tres casquillos de fusil que recogió en el camino.
"Entraron a mi negocio, regaron combustible dentro, a mi tío lo sacaron a golpes y le partieron la cabeza con culatas de AK47. Le perdonaron la vida y lo sacaron descalzo ensangrentado", narró el activista estudiantil Cristian Fajardo, dueño del hotel.
Casi todos los negocios en Masaya están cerrados por el temor a nuevos ataques, pero hay unos pocos que se arriesgan porque, dicen, si no trabajan, no comen."Queremos que haya paz, que renuncie. Los antimotines y los grupos paramilitares que están en la entrada de la ciudad son unos sanguinarios. Hoy hubo lluvia de balas en la madrugada", contó José Ramírez, un vendedor de helados ambulante.
S.O.S. INTERNACIONAL
El ataque a Masaya ocurrió luego de que la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) suspendiera el lunes un diálogo a la espera de que el gobierno invitara a un grupo de organizaciones internacionales para investigar los hechos de violencia.
"Esto es una anarquía total, lanzamos un S.O.S a la comunidad internacional, que nos apoye. Están masacrando a un pueblo que no tiene armas", lamentó el carpintero Edgar Taleno, de 35 años, quien contó cómo tuvo que escabullirse entre las balas en el ataque a Masaya.
Esa convocatoria se había acordado entre el gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que reúne a sectores de la sociedad civil, el pasado viernes luego de que el diálogo pasara varios días suspendido por el recrudecimiento de la violencia.
"La Unión Europea, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) han informado a los Obispos de Nicaragua haber recibido oficialmente las respectivas invitaciones del gobierno", publicó en Twitter Silvio Báez, arzobispo auxiliar de Managua.
Tras condenar la "violencia e intimidación patrocinada por el gobierno", Estados Unidos se sumó a la presión por la presencia de organismos internacionales y el adelantamiento de elecciones.
El gobierno exige el levantamiento de los bloqueos de vías y la Alianza Cívica un adelanto de las elecciones de 2021 a marzo de 2019 y reformas en el poder judicial.
El curso escolar se dio por concluido por orden del gobierno, debido a la violencia que se vive en las calles del país, la cual impide que los menores puedan salir del cobijo de sus hogares.
Según corroboró Acan-Efe, en Masaya no se ven menores en las calles, puesto que no pueden salir por el miedo de sus progenitores a que una "bala perdida" les siegue su corta vida.
Nicaragua cumple 64 días desde que se inició la crisis sociopolítica más sangrienta desde los años de 1980, con Daniel Ortega también como presidente, y que ha acabado con la vida de 200 personas.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.
PERIODISTA: Redacción Diario Extra
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Jueves 21 Junio, 2018
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