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Nacionales

PUSC reconoce ilegalidad en extinción de dominio

Propondrán devolverlo a comisión para cambios

El diputado socialcristiano Pablo Abarca cree en el espíritu de la ley, pero insisten que se requiere aplicar cambios. (Foto cortesía Asamblea)

La fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) pedirá que el proyecto conocido como extinción de dominio, y que se encuentra en el primer lugar de la agenda de consenso del Congreso, sea devuelto a comisión para mejorarlo.

La iniciativa busca que el Estado pueda apoderarse de los bienes o capitales provenientes de recursos mal habidos como una respuesta al crimen organizado.

El problema es que expertos en derecho constitucional, como docentes de maestría de la Universidad de Costa Rica (UCR), alertan que el texto en cuestión tiene serios roces con la Constitución Política.

Lo anterior porque la iniciativa acaba con el principio de presunción de inocencia que exige a las autoridades demostrar la culpabilidad del delito acusado y pone a la persona denunciada en la posición de demostrar que los bienes a su nombre fueron adquiridos sin irregularidades.

“Estamos formulando una propuesta para que el debido proceso se lleve a cabo, sin afectar el objetivo del proyecto con el cual estamos de acuerdo, es decir queremos darle una herramienta al país efectiva para combatir el narcotráfico, pero que tenga los filtros constitucionales que se requieren”, externó el diputado socialcristiano Pablo Abarca.

Su compañera de bancada, María Inés Solís, también reconoce problemas en el texto actual del proyecto.

“Lo hemos revisado y es inconstitucional, ya que elimina el principio de inocencia de las personas y los hace culpables antes de poder ser investigados, es decir, usted es culpable hasta que demuestre lo contrario y eso nos parece un serio problema”, agregó.

Los diputados recalcan que no están en contra de la propuesta, pero sí les preocupa que no solucionar estos puntos haría que la futura ley se pueda caer en la Sala IV.

 

MÁS DUDAS

 

Los expertos de la UCR alertan que no existe en el proyecto un límite en los montos que se pueden perseguir. También que no hay una prescripción en el tiempo y permite investigar muchos años atrás.

Esta ley busca que los bienes como terrenos, casas, carros, que hayan sido adquiridos de forma ilícita, en especial de actividades del crimen organizado, puedan ser confiscados por el Estado.

El Gobierno y las autoridades policiales insisten en que aprobar el proyecto es una urgencia para combatir el crimen organizado golpeándolo donde más le duele.

Países como Colombia, Estados Unidos, Guatemala y El Salvador ya cuentan con una legislación de este tipo.

PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro

EMAIL: [email protected]

Jueves 14 Junio, 2018

HORA: 12:00 AM

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