Este martes, cuando salió publicado en el Diario Oficial La Gaceta lo que será la nueva reforma a las pensiones del Poder Judicial, la Asociación Nacional de Profesionales del Poder Judicial (Anprojud) presentó una acción de inconstitucionalidad.
Ellos alegan vicios en el procedimiento e ilegalidad en la propuesta, con la esperanza de que la Sala IV pare la entrada en vigor de la ley.
Así lo indicó a DIARIO EXTRA Juan Carlos Sebiani, presidente de Anprojud, quien explicó que se presentaron dos acciones, una alegando por el trámite que siguió la reforma en el Congreso, donde consideran hay fuertes vicios.
“El proyecto crea una junta administradora de las pensiones a la que se dan funciones que se les quitan a órganos del Poder Judicial, siendo un ente externo y esta consulta nunca se hizo”, explicó.
RECARGA
El otro tema es por el fondo de la reforma, que a criterio de los funcionarios se les está recargando una contribución mayor, pero con los mismos beneficios de otros regímenes, como los que otorga la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
“Se está subiendo la contribución obrera al 13%, mientras que la Caja es apenas del 3%, y en nuestros cálculos vemos que saldremos con una jubilación similar a la que otorga el IVM, pero cotizando un 10% más. En ese caso mejor nos pasamos todos a la CCSS, que es lo que quieren”, argumentó Sebiani.
MEDIDA CAUTELAR
Los empleados judiciales esperan que los magistrados admitan la acción y se aplique la medida cautelar que impida a la reforma entrar en vigor, mientras se resuelve por el fondo.
Ya la Sala IV, en un voto dividido el 12 de abril pasado, avaló la reforma que los diputados habían aprobado en primer debate el 30 de octubre del 2017.
La reforma se basa en el informe actuarial que elaboró el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica (UCR) y que fue pagado por la Corte.
En él se reflejó un déficit proyectado de ¢5,3 billones, si no existían cambios. Aunque los gremios judiciales siempre refutaron estas proyecciones e insisten en que no hay peligro de quiebra.
CAMBIOS
La reforma incluye una serie de modificaciones que impactan a los actuales colaboradores judiciales e incluso a los ya pensionados, como la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva.
De los principales cambios se encuentra el aumento para la edad de pensión a los 65 años. Anteriormente las mujeres podían jubilarse a los 60 y los hombres a los 62.
Otro es el aporte de los trabajadores que pasa de un 11% a un 13%, además de un tope de pensión establecido en 10 salarios base (alrededor de ¢4 millones) y una contribución solidaria que sobrepase el tope, el cual se aplica de manera escalonada entre un 35% y un 55%.
Se crea además una junta administradora que estará integrada por tres miembros de la Corte y tres del colectivo sindical.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
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Jueves 24 Mayo, 2018
HORA: 12:00 AM
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