Se supone que todos los prestadores de servicios estarán obligados a dar factura electrónica a partir de noviembre de este año, pero hay exclusiones.
Hay entidades públicas que no tendrán que emitir comprobantes de este tipo, según la resolución DGT-R-012-2018.
La Dirección General de Tributación puso que se exceptúan de emitir comprobantes electrónicos 14 instituciones.
No obstante, algunas de ellas se enmarcan dentro del concepto de prestador de servicios. A criterio de Hacienda, aquí no habría mucho riesgo de evasión fiscal.
Entre las excluidas están la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), las universidades estatales, el Consejo Nacional de Vialidad, la Corte Suprema de Justicia, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).
Además, no tiene que emitir factura electrónica las asociaciones solidaristas, los bancos, incluyendo al Central, el Tribunal Supremo de Elecciones, el Consejo Nacional de Producción (CNP) ningún Ministerio del Poder Ejecutivo, y la Asamblea Legislativa.
Fuentes allegadas a este medio y que exigieron el anonimato indicaron que no es comprensible que estas entidades estén exoneradas, porque muchas prestan servicios a la población, mediante venta de servicios, como es el caso de las universidades, los bancos y asociaciones solidaristas.
Consultado sobre el tema, Carlos Vargas, director general de Tributación, reconoció que no las están emitiendo, pero dijo que las llegarán a emitir.
“Que las estamos excluyendo de momento no significa que en el futuro cercano no las vayamos a incluir. Esto es un proceso progresivo”, señaló a DIARIO EXTRA.
Aclaró que la exoneración a estas instituciones se hizo porque el giro de sus actividades no es específicamente la venta de servicios.
Además, resaltó que muchas de las transacciones de estas entidades, tienen posibilidades de control, a diferencia de otras donde hoy la posibilidad de fiscalización es mínima.
Enfatizó que otras entidades como el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Acueductos y Alcantarillados (AYA), la Compañía de Fuerza y Luz y el Instituto Nacional de Seguros (INS), para citar algunos ejemplos, sí deben emitir factura electrónica y entrarán en esta fase conforme la terminación del número de su cédula jurídica.
Dunia Zamora, fiscal del Colegio de Contadores Públicos, indicó que para que se considere una relación de venta de servicios, debe haber un oferente y una demanda.
Hay además una estructura de gastos, retribución de costos actuales, y utilidades. A su criterio, justamente las entidades excluidas de la factura electrónica no están destinadas a generar utilidades.
“El superávit es otra cosa, son ingresos y salidas desde el punto de vista presupuestario”, explicó.
No obstante, considera que quizá las que podrían incluirse serían las universidades y asociaciones solidaritas.
PERIODISTA: María Siu Lanzas
CRÉDITOS: Foto: Archivo
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Jueves 26 Abril, 2018
HORA: 12:00 AM
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