No tener ¢10 mil para pagar la cuota que cobraba la asociación del proyecto habitacional Las Brisas en La Unión de Cartago, pareciera ser la causa del desalojo de 24 familias que llevan ocho días durmiendo a la intemperie. Lo anterior luego de que la Fuerza Pública en coordinación con el Ministerio de la Vivienda y la Fundacion Costa Rica- Canadá los sacaran de sus ranchos, lo cuales fueron destruidos para evitar que retornaran.
Es por eso que los representantes legales de las familias afectadas, integradas por mujeres solas, niños y adultos mayores, presentaron un recurso extraordinario ante la Municipalidad de La Unión de Cartago para que se valore la situación. Los afectados insisten en que siguen dándose actos irregulares en el proyecto que dará vivienda a 156 familias radicadas en el lugar desde hace 18 años en condiciones precarias, incluidos los ahora desalojados.
“Según documentos que manejamos, el Concejo Municipal se reunía con los personeros de la Fundacion Costa Rica-Canadá y en los encuentros aseguraron que las soluciones de vivienda eran para la gente del lugar, pero nos hemos encontrado que hay gente calificada que no vive en el sitio”, indicó la abogada Eilleen Sandoval Pérez.
POR ¢10 MIL
La ley que regula los proyectos de vivienda de bien social prohíbe el cobro de dinero en efectivo para ser parte de una iniciativa de estas. En el caso de Las Brisas, la asociación de vivienda cobraba una mensualidad de ¢10 mil que varias familias, ahora desalojadas, no lograron pagar por su condición de pobreza extrema.
Luego de esto se les habría calificado como sujetos al desalojo, situación que sería avalada por la Fundación Costa Rica-Canadá y las autoridades de vivienda.
“No pudiendo pagar las cuotas de la asociación, los desafilian de la misma y con ellos se da la pérdida al derecho de vivienda en el asentamiento temporal del proyecto, es una asociación privada, quitando un derecho a los ocupantes que en las cláusulas del IMAS son claras”, manifestó Sandoval.
IRREGULARIDAD
La representante de 12 de las familias insiste en contar con prueba documental que evidencia una serie de irregularidades en los procesos de entrega de las viviendas.
Según indica, hay casos como el de una pareja de esposos que fueron beneficiados con casa, pese a ser parte del mismo proyecto, o sea cuando estén construidas las torres habitacionales tendrán dos apartamentos siendo un mismo núcleo familiar.
Otros puntos que generan dudas fueron descritos a este medio.
“Aparecen por ejemplo casos como el de Ana Marta Calvo Vargas, cuyo rancho fue destruido el 28/02/2018, nacida en San Cristóbal de Desamparados, pero en la lista de descalificado aparece como condición irregular migratoria, al igual que María Lourdes Pérez Pérez, costarricense por naturalización, pero en la lista aparece con igual condición”, asegura la abogada.
Por el momento las familias continúan sin techo, viviendo a la intemperie sobre las pocas pertenencias con las que cuentan. Al ser una zona alta deben enfrentar fríos extremos.
PERIODISTA: Gustavo Retana
EMAIL: [email protected]
Martes 20 Marzo, 2018
HORA: 12:00 AM
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