La mañana de este martes, alrededor de 200 taxistas marcharán por distintitos puntos de la provincia capitalina para presentar ante las autoridades una demanda contra el jerarca del Ministerio de Hacienda, Helio Fallas.
La convocatoria dará inicio a las 10 a.m. de hoy, con miembros de la Fuerza Roja saliendo de dos sitios tácticos, como lo son la radial de Paso Ancho y la rotonda de Guadalupe.
La denuncia va dirigida específicamente a la fiscala general, Emilia Navas, en la cual se acusará a Fallas en sus papeles de ministro de Hacienda y vicepresidente de la República.
Así lo confirmó el representante del Foro Nacional de Taxistas y a su vez candidato a diputado por el Partido de los Transportistas, Gilberth Ureña, quien fue claro en que están cansados de la falta de compromiso.
“La inacción y complicidad que parece hay en el Ministerio de Hacienda nos ha llevado a tomar esta decisión, pues desde hace casi dos años presentamos las pruebas para que se investiga a Uber”, dijo.
De acuerdo con Ureña, la salida de remesas que lleva a cabo Uber ha dejado al Gobierno sin miles de millones de colones en sus arcas, contribuyendo al problema fiscal que tiene el país actualmente.
“Hablamos de miles de millones que salen sin control alguno y que entran sin saber de dónde exactamente provienen, los pagos a conductores que no cotizan al Estado ni pagan impuestos por esta actividad”, declaró.
Esta movilización podría complicar el tránsito vehicular de miles de conductores y choferes de transporte público, por lo que se recomienda estar atentos a posibles congestionamientos.
OPERACIONES EN ZONA FRANCA EN LA MIRA
Otro de los aspectos que Ureña rescató fue la autorización firmada por la vicepresidenta de la República, Ana Helena Chacón, en el que se da permiso a Uber de operar su call center en la Zona Franca América.
“Firmaron un decreto ejecutivo permitiendo a Uber operar en zona franca relacionado con producción de servicios, los cuales son relacionados con actividades al margen de la ley como lo es el transporte ilegal de personas”, sostuvo.
Ureña insistió en que este será el próximo punto que le presentarán a las autoridades nacionales para tratar de detener del todo las actividades de la empresa de origen norteamericano en suelo nacional.
Uber opera en el país desde el 21 de agosto del 2015 y aunque se ha dado la detención y decomiso de algunos de sus vehículos, estos siguen operando, algo que aseguran los taxistas ha afectado sus ingresos, disminuyéndolos hasta en 60%.
A raíz de su llegada y la lucha suscitada se han dado agresiones físicas contra ciudadanos y daños a la propiedad privada en ambos bandos, además del arresto de choferes de taxi durante las marchas y protestas.
La cosa no pinta muy bien para los conductores de la empresa extranjera, pues desde hace algunos meses se han venido intensificando operativos contra el transporte ilegal de personas en modalidad taxi.
Tras lo dicho por la Sala IV en febrero del año anterior se dio luz verde a sanciones por parte de la Dirección General de la Policía de Tránsito, como de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) para detener esta actividad.
Las mismas van desde el decomiso del vehículo hasta multas de más de casi ¢8 millones, son solo algunas de las muchas acciones que hoy tienen a los de Uber intranquilos y con bastante que reflexionar.
