La decadencia del ICE y sus repercusiones en la economía
Juan Antonio Rodríguez Carazo*
En el segundo mandato del Presidente Arias (2006-2010), el Gobierno mediante el Decreto Ejecutivo Nº 33619 del 20 de febrero del 2007 excluyó al ICE de la aprobación por parte de la Autoridad Presupuestaria de los presupuestos de gastos e inversiones de esa entidad estatal, incluyendo todo lo referente a los recursos humanos.
El Artículo 1º de dicho Decreto Ejecutivo indica: “…Objetivo fundamental. El presente decreto tiene como objetivo el fortalecimiento del Instituto Costarricense de Electricidad y sus empresas, definidas como Radiográfica Costarricense Sociedad Anónima, Compañía Nacional de Fuerza y Luz Sociedad Anónima, y Compañía Radiográfica Internacional de Costa Rica Sociedad Anónima, liberándoles de la aplicación de aquellos Decretos Ejecutivos que en la práctica han venido representando dificultades para su gestión en diversas áreas estratégicas. El ICE y sus empresas deberán cumplir con la legislación vigente, incluyendo lo indicado en sus leyes de creación, o constitución. Asimismo, se insta a las instituciones públicas, a las que por ley el ICE y sus empresas deberán seguir acudiendo, para que den un trato expedito y efectivo a las gestiones del ICE y sus empresas al ser éstas de interés público y de la más alta prioridad nacional (el subrayado es del autor).
En materia de recursos humanos el Artículo Tercero del citado Decreto establece: “Ratifíquese que el ICE y sus empresas podrán administrar su recurso humano de acuerdo con las facultades que le otorgan sus leyes constitutivas correspondientes, de manera tal que quedan facultadas las Juntas Directivas del ICE y sus empresas para modificar su normativa interna en materia de empleo, modificar y actualizar sus Estatutos de Personal, reglamentación interna en materia de empleo y administración del recurso humano, actualizar sus estructuras y escalafones de puestos, esquemas de remuneración, creación de plazas y demás aspectos propios de la materia de empleo” (el subrayado es del autor).
No es por casualidad que el 7 de octubre de aquel mismo año del 2007 se efectuaba en nuestro país el Referéndum sobre el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos; sobre lo cual los sindicatos del ICE y demás sindicatos del Sector Público estaban en contra. Y posiblemente el Poder Ejecutivo realiza la maniobra de establecer un marco legal para fortalecer el ICE y sus empresas, tratando de congraciarse con esas organizaciones.
Los sindicalistas del ICE, apoyados por todas las organizaciones similares del Sector Público, le exigían al Gobierno una mayor liberalización en el accionar de la Institución como si fuera una empresa privada para poder competir –no se sabe con quién- en igualdad de condiciones. Y que no se produjera otra tentativa de abrir el mercado de la energía y las telecomunicaciones, como ocurrió en marzo del año 2000 con el llamado Combo del ICE.
En el Tratado de Libre Comercio solamente se incluía el sector de las telecomunicaciones.
La independencia del ICE de las aprobaciones previas de sus gastos en materia de inversiones, operaciones y, por supuesto, en los aspectos de recursos humanos, queda comprobado en el documento denominado INFORME NIVEL EMPLEO II SEMESTRE 2016 Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP) 2017, que al respecto indica: “Debido a que el ámbito de la Autoridad Presupuestaria no cubre la totalidad del Sector Público, la STAP ha realizado esfuerzos con el fin de contar con estadísticas de nivel de empleo de las municipalidades, universidades estatales, bancos públicos y de otras instituciones públicas que se encuentran fuera de su ámbito, tales como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), entre otras”
A partir de la exclusión del ICE del ámbito de la Autoridad Presupuestaria, se inicia un proceso mediante el cual la institución desarrolla en forma acelerada la construcción de proyectos hidroeléctricos – algunos de ellos de altísimo costo - y de otra índole energética, lo cual hubiera sido excelente si se hubiese hecho con el respaldo de estudios económicos, no solamente de carácter financiero, con el fin de analizar los efectos de las tarifas sobre el consumidor y sobre la industria, de cara a los niveles de competitividad que nos garanticen la participación de nuestras empresas en el mercado global y de la atracción de empresas internacionales que mejoren el nivel del empleo en el país. Esto porque en este campo el precio de la electricidad es un elemento fundamental a tomar en cuenta por las empresas extranjeras en su decisión de elegir en qué país de la región van a realizar sus inversiones.
El hecho de que el ICE actúe como un cuasi monopolio en materia de energía, le permite realizar inversiones y contrataciones de personal sin importar sus repercusiones en las tarifas eléctricas, porque en esas condiciones de mercado, el nivel de los precios no es una variable importante en la toma de decisiones. En realidad el consumidor no tiene alternativa.
En forma paralela se han cometido errores en materia financiera y tecnológica en algunos proyectos tales como el proyecto hidroeléctrico Balsa Inferior, en la planta Pirrís, en el Parque Eólico, en el proyecto Chucás, en la planta hidroeléctrica Capulín, en el proyecto Reventazón y en los diseños técnicos de la planta Garabito, que han aumentado los costos de construcción y operación, lo cual repercute o repercutirá directamente en las tarifas eléctricas.
Y en el campo de los recursos humanos, se dice que antes de la Ley de Fortalecimiento, la planilla del ICE era de 7.500 empleados y que actualmente puede superar los 20.000 empleados. Pero además de ello, también se comenta que los funcionarios tienen el privilegio de contar con los mejores salarios del Sector Público y el derecho de tener dos pensiones, una proveniente del ICE – a través de las tarifas- y la otra de la CCSS.
Insostenible. Todo lo anterior nos lleva a una situación económica con respecto a los costos de operación de la institución que es a todas luces insostenible y que ha sido denunciada reiteradamente por los empresarios y por diferentes medios de comunicación.
Esta situación ha quedado ampliamente expuesta con la información que nos brinda Central America Data, empresa dedicada a la investigación de mercados e información de negocios en la región centroamericana, y que el pasado 5 de enero indica lo siguiente: “…Un reporte de CEPAL señala que en el año 2016, el costo promedio en Centroamérica de un kilovatio hora (kWh) fue de 13,48 centavos de dólar, mientras en Costa Rica fue 18,47 centavos de dólar; 37% más para consumos industriales de 100.000 kWh. En El Salvador y Guatemala, fue de 11,03 y 11,54 respectivamente. En Panamá, 10,92 centavos de dólar.
Lo anterior es absolutamente incompresible si tomamos en cuenta que en nuestro país la fuente principal de la generación eléctrica es el agua, mientras que en el resto de Centroamérica se utilizan los derivados del petróleo.
Los que mucho pelearon para que el ICE tuviera autonomía en sus presupuestos de inversión y operaciones, y sobre todo en la independencia de aumentar la planilla y los niveles salariales, tendrán que darse cuenta que todo ello se convirtió en un arma de dos filos, porque se ha logrado lo que querían, pero el precio ha sido muy alto.
Primero porque las tarifas eléctricas han subido de tal manera que ahora son las más altas del área. Y segundo porque el prestigio de la institución, que otrora fue la empresa modelo del sector público, ahora no es más que un recuerdo.
Y ahora que estamos en plena campaña política para designar el nuevo Presidente de la República, es necesario que los candidatos nos expliquen cómo van a enfrentar esta situación que vive el país en el sector energía y qué soluciones proponen para resolver este caos.
*Economista
