El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) no sale de dificultades para ampliar el acueducto Sardinal-El Coco-Ocotal, en Guanacaste, que busca beneficiar a 10 mil personas entre familias, negocios, establecimientos médicos, industria y centros educativos, entre otros. Se trata de una obra con la que se pretende garantizar agua potable a la población.
La situación en la zona es tan tensa que, para garantizar la integridad de los funcionarios del AyA y de los contratistas que laboran para lograr el objetivo, el Instituto ha solicitado la presencia de agentes de la Fuerza Pública.
Esto porque, según manifestó Manuel Salas, gerente general del AyA, hay grupos sociales opuestos a la realización de la obra, al punto que han afectado el avance de la construcción, así como frenan y obstaculizan la campaña informativa a la población, la cual busca que la ciudadanía cuente con la documentación técnica sobre la importancia y el desarrollo de los proyectos.
Días atrás, las autoridades del AyA anunciaron la reanudación de las obras constructivas, luego de superar una serie de actos vandálicos que se dieron contra varios pozos en la localidad.
La entidad recordó que el proyecto tiene alrededor de 10 años de atraso, por lo que subrayó que no se puede tardar más en tomar decisiones y ejecutarlas.
“Con el objetivo no solo de preservar la integridad física, la tranquilidad de los trabajadores y con el fin de que no pudiera salir alguna persona herida o lastimada en estos procesos, hemos solicitado el acompañamiento de la Fuerza Pública, que estará con nosotros para garantizar la seguridad de todos”, sostuvo Salas, quien manifestó que se intensificará la campaña de divulgación a la ciudadanía.
DIFICULTADES SOCIALES
Con el acueducto El Coco-Ocotal, se explotarán 70 litros de agua por segundo, de los 440 litros por segundo disponibles y, según Salas, la entidad cuenta con los permisos necesarios, así como con la viabilidad ambiental de Setena.
“En la etapa de construcción en que la estamos, hemos encontrado algunas dificultades de tipo social. Hay un grupo opositor que ha impedido, en dos ocasiones, el avance de la construcción y ha impedido el que se pueda estar suministrando información a toda la población de Sardinal. (…) tratamos de informar por diferentes medios, pero con estrategias para impedir, como la gritería del jueves pasado, cuando se impidió el acceso directo al lugar donde se iba a realizar el evento de información, son formas de dilación y que ayuda a tener a la gente engañada en este proceso y nosotros no queremos que la gente se engañe, sino que tenga la información de primera mano”, recalcó Salas.
En este sentido, el jerarca apuntó que dichos actos se traducen en violencia, al punto que hubo funcionarios del AyA, del Servicio Nacional de Riesgo y Avenamiento (Senara), que no pudieron salir del Colegio Técnico de Sardinal por temor a una afectación a su integridad física.
Ante esto, el AyA presentó el viernes anterior una denuncia contra el cierre forzado que efectuó un grupo de personas a dicho centro educativo ocurrido el jueves 30 de noviembre, que impidió la presentación de un estudio del acuífero a la comunidad y la salida de los funcionarios. La gestión legal fue presentada ante la Fiscalía de Santa Cruz y estará ampliándose esta semana para aportar más pruebas.
Además, la institución prepara una denuncia contra las acciones violentas que se dieron el sábado pasado en el sitio de construcción, por parte de otro grupo opositor.
“La institución utilizará los mecanismos legales disponibles para mantener el orden y asegurar el avance de esta obra pública que garantizará el derecho humano al agua potable en el distrito. AyA lamenta los actos de violencia, la intimidación y la desinformación que ha promovido este grupo en contra de líderes comunitarios, funcionarios de la institución y trabajadores de la empresa constructora”, agregó Salas.
PERIODISTA: Krissia Morris Gray
CRÉDITOS: Foto: Cortesía del AyA
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Martes 05 Diciembre, 2017
HORA: 12:00 AM
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