Por más de tres horas el expresidente Óscar Arias Sánchez compareció ante las autoridades de la Fiscalía General de la República debido a la reapertura del caso relacionado con la mina Crucitas, en San Carlos, por el delito de prevaricato.
El exmandatario llegó alrededor de las 2 p.m. a las inmediaciones de Barrio González Lahmann, tal como se esperaba, luego de que la fiscala general Emilia Navas ordenara reabrir la causa penal 12-000124-0621-PE.
Tras hablar con las autoridades, Arias se dirigió a los medios de comunicación y confesó que durante su administración firmó decretos ejecutivos sin saber lo que estos decían al momento de aprobarlos.
“Yo firme 2.800 decretos, son muchos decretos todos los días y uno no puede estar viendo lo que dicen los decretos. Uno confía en los ministros, estos en sus técnicos y departamentos legales y la asesoría jurídica de cada ministerio”, declaró.
“Uno firma decretos en todo sistema de gobierno sin conocer lo que está firmando porque hay que firmar 10, 12, 15, 20 decretos en un día (...) No fue un error (firmar el decreto)”, aseguró.
Bajo esa línea, el exmandatario insistió en su inocencia y dio a entender que quizás el exceso de confianza hizo que estampara su firma en los papeles que dieron inicio a las críticas por el proyecto de minería a cielo abierto.
Originalmente el Caso Crucitas se encontraba en el Juzgado Penal de Hacienda con una desestimación desde 2014, resolución fundamentada en la falta de elementos probatorios.
Pero tras un análisis jurídico efectuado al caso se determinó que era necesario profundizar en la búsqueda de nuevos elementos de prueba que en su momento no se incorporaron al legajo de investigación.
La reapertura del expediente obedece al análisis que anunció Navas de algunos expedientes desestimados que cuestionó la opinión desde que inició su gestión pública, el 13 de octubre.
En esa oportunidad la fiscala general dijo que el análisis jurídico pretende establecer si los hechos de cada proceso particular merecían una indagación más profunda en caso de no estar prescritos.
Por esta misma causa se condenó por prevaricato a Roberto Dobles, ministro de Ambiente de la administración Arias, pero se le otorgó el beneficio condicional de la pena.
El prevaricato es el delito en que incurre un servidor público cuando dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial, a sabiendas de que es injusta y contraria a la ley, la cual enfrenta una pena de cárcel de entre 2 y 6 años.
INSISTE EN QUE ES INOCENTE
Arias sostuvo en todo momento que es inocente y hasta cierto punto se siente en paz con la reapertura de la causa penal, pues a la larga demostraría que no hizo nada indebido.
“Hago esto (comparecer) deseoso de que se esclarezcan los hechos, que se conozca la verdad y que se dicte justicia (...) Creo en la independencia e integridad de nuestros jueces”, expresó.
Reiteró que desea colaborar con la investigación que se lleva a cabo, pues insiste en que “el que nada debe, nada teme” y que su participación no fue como muchos de sus detractores han manifestado por años.
El proyecto minero Crucitas inició en 1993 con una serie de estudios técnicos que demostraron que los dos cerros localizados en una finca de más de 800 hectáreas podían generar entre 800 mil y 1,2 millones de onzas de oro.
Pero la cancelación de la concesión minera, tras la sentencia de la Sala I y del Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) en 2010 y el 2011, puso un alto a la extracción en estos puntos cercanos a Nicaragua.
Desde la anulación de la concesión para extraer oro de la mina ubicada en Cutris, la minería ilegal se ha vuelto algo de todos los días, al punto que de acuerdo con Edgardo Araya, diputado del Frente Amplio, mafiosos tomaron el territorio.
También desde 2008 se advirtió que el proyecto Crucitas atentaba contra el derecho a un ambiente sano, equilibrado y sostenible, además contravenía tratados internacionales suscritos por Costa Rica.
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CRÉDITOS: Fotos: David Barrantes
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Jueves 09 Noviembre, 2017
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