Plan de tarifas eléctricas solidarias: derribando mitos
Édgar Gutiérrez*
Cabe preguntarse por qué una iniciativa cuyo objetivo es contribuir de manera efectiva con la mitigación de la pobreza en Costa Rica, mediante el establecimiento de un esquema de tarifas eléctricas que beneficia a familias ubicadas por debajo de la línea de pobreza, ha generado tanta conmoción.
La pregunta toma especial relevancia, además, si nos detenemos a pensar que la política pública de este país ha sido históricamente solidaria y que precisamente gracias al desarrollo de herramientas sociales de este tipo hemos logrado alcanzar índices de desarrollo humano importantes y disminuir considerablemente las brechas socioeconómicas en nuestra población. El Plan de Tarifas Eléctricas Solidarias debe entenderse a la luz de esta perspectiva y a partir de un abordaje integral de la pobreza que amplía el concepto tradicional de la misma, para incorporar factores que incidan con un mayor alcance.
El Índice de Pobreza Multidimensional, instrumento de medición que emplea el INEC, justamente busca ir más allá del cálculo meramente basado en los ingresos de los hogares para incorporar otros aspectos esenciales tales como las dificultades para tener una vivienda digna, el acceso a Internet, problemas educativos y en general obstáculos de muy diversa índole que enfrentan los hogares pobres.
De acuerdo con ese índice, en el 2016 el porcentaje nacional de hogares pobres fue de 20,5%, lo cual en números absolutos representa un total de 306.854 hogares. Al calcularlo por zona, se obtiene en la zona urbana un 15,4% y en la rural un 34.2% de los hogares (INEC, 2016).
Si vamos más allá e incluimos datos de la última Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares encontramos información que nos permite calcular el porcentaje que el rubro de “electricidad, gas y otros combustibles” representa en el presupuesto de los hogares. En los hogares de mayor ingreso constituye un 2,3% del total, mientras que en los hogares de menor ingreso el porcentaje llega a un 7,6%. Lo anterior deja en evidencia que para los hogares con menores ingresos el gasto en electricidad tiene un peso mayor en el presupuesto familiar.
Entramos entonces a hablar de pobreza energética, situación que sufren aquellos hogares sin capacidad para pagar los servicios mínimos de energía que satisfacen sus necesidades domésticas básicas o que se ven obligados a destinar una parte importante de sus ingresos a pagar la electricidad de sus viviendas en detrimento de otros rubros.
Erradicar la pobreza energética es fundamental para alcanzar el desarrollo sostenible. Muchos países del primer mundo tienen clara esta prioridad y realizan tenaces esfuerzos para atender dicha situación. Según análisis recientes realizados por INSIGHT_E para la Comisión Europea, de más de 280 medidas evaluadas en todos los Estados miembros, más del 40% de los países emplean esquemas de subsidios para apoyar a los sectores más vulnerables (Policy Report May 2015: Energy poverty and vulnerable consumers in the energy sector across the EU: analysis of policies and measures). El aporte de este tipo de esquemas es que logran asegurar el acceso en un corto plazo y se complementan con medidas de largo plazo que abordan cuestiones estructurales subyacentes de la pobreza.
En concordancia con las aspiraciones planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo de lograr “un país solidario e inclusivo que garantice el bienestar de las presentes y futuras generaciones...”, en Costa Rica optamos por utilizar un esquema de tarifas eléctricas solidarias que reconozca el papel primordial que tiene el acceso al servicio eléctrico en la lucha contra la pobreza y garantice a los consumidores más vulnerables el acceso a la energía, tal y como demanda el VII Plan Nacional de Energía 2015-2030.
La accesibilidad al servicio eléctrico como acción para contribuir a erradicar la pobreza siempre ha formado parte de la política nacional. Por ello, se han mantenido subsidios dentro de las tarifas del sector residencial que pretenden proteger a los grupos sociales de menos recursos. Sin embargo, el mecanismo implementado hasta el momento es un subsidio general y no focalizado, que por sus características particulares no asegura que el beneficio llegue específicamente al grupo de interés e incluso llega a beneficiar grupos de medio y alto ingreso.
Con este nuevo plan el beneficio se asigna tomando en cuenta elementos como la focalización individualizada, la cantidad de energía consumida y una situación socioeconómica por debajo de la línea de pobreza, siendo un beneficio diferenciado según si el hogar se encuentra en pobreza básica o pobreza extrema. Para esta última el beneficio será mayor y en ambos casos su aplicación será por un periodo definido, acotado y sujeto al tiempo que se tenga la condición requerida.
Es importante destacar que este Plan no afecta de ninguna manera a la clase media. Hubo una solicitud expresa al ente regulador de establecer este beneficio asegurando que su aplicación no genere impactos significativos en detrimento de los demás usuarios y evitando que se ponga en riesgo financiero a las empresas distribuidoras.
La iniciativa de tarifas eléctricas solidarias no es una acción ni paliativa ni aislada. Es una herramienta que se enmarca dentro de la Estrategia Nacional para la Reducción de la Pobreza “Puente al Desarrollo” y que por ende responde a un enfoque multisectorial e interinstitucional. Por ejemplo, incorpora en sus ejes de intervención el desarrollo de capacidades para aprender un oficio por parte del sector en pobreza extrema, que en su mayoría está conformado por mujeres jefas de hogar.
La pobreza energética es una nueva expresión de vulnerabilidad producto del aumento de las desigualdades sociales. Pensar la pobreza como exclusión extrema de los que no tienen techo responde a una visión arcaica que no contempla que las nuevas formas de exclusión social son más complejas y menos tangibles. En la actualidad, la pobreza se caracteriza por una serie de carencias que tienen consecuencias graves, pero no siempre perceptibles.
Esta nueva realidad no sólo exige un abordaje integral y articulado de parte del Gobierno, sino de las empresas eléctricas y otros sectores, que mediante esquemas de responsabilidad social compartida sigan poniendo la solidaridad en el centro de sus acciones y resultados.
*Ministro de Ambiente
