El ministro de Seguridad, Gustavo Mata, acompañado de diputados de varias fracciones presentaron en la Asamblea Legislativa el proyecto de reforma parcial de la Ley de Armas y Explosivos No.7530, cuyo propósito es legislar de manera más drástica temas como la administración de municiones, permisos de portación y control de armas de fuego.
La reforma comprende los artículos 25, 88 y 89 de esa normativa y se refieren al control que quieren imponer a la posesión de armas con diseño similar a las de guerra, las nuevas sanciones por tenencia y portación de armas y la tenencia de armas prohibidas.
PENAS
Entre lo más llamativo de la reforma están las penas de cárcel, que en el caso de miembros de crimen organizado detenidos con armas permitidas se incrementa de 4 a 8 años de prisión.
Además la posesión de armas prohibidas tendrá una pena de 8 a 15 años de prisión.
“Lo que quiero generar es un orden en este tema y no estoy hablando de la población civil sino de las empresas de seguridad. ¿Cómo quieren que limpiemos este país cuando tenemos en las calles 10 mil armas utilizadas por el crimen organizado? Eso es lo que encontramos en las calles y para eso hay que normar”, declaró Mata en el Salón de Expresidentes.
Los legisladores que apoyan la iniciativa aseguran que la situación de inseguridad amerita tomar medidas.
“Queremos regulaciones que permitan garantizar la convivencia pacífica de los costarricenses. Una de las propuestas es que las personas con antecedentes penales de violencia doméstica no puedan tener acceso a la portación de armas”, comentó Silvia Sánchez, diputada de Liberación Nacional.
EN CONTRA
No todos apoyan esta iniciativa. Algunos diputados mantienen sus reservas en cuanto al desarme de la ciudadanía y empresas de seguridad, pues afirman que el proyecto no afectará el amplio mercado negro de armas que surte a los delincuentes.
“Nos preocupa porque tenemos entendido que son dos proyectos de ley que se van a presentar como reforma de ley. Creemos que esto va en la línea de motivar un desarme no solo de las empresas privadas sino de los ciudadanos”, indicó Natalia Días, legisladora del Movimiento Libertario.
Los expertos y portadores de armas consideran que las medidas pretenden desarmar a la ciudadanía y no se toman en cuenta las realidades de los portadores, que se sienten vulnerables ante esta decisión.
“La ley establece el permiso de portación hasta para tres armas cortas por varias razones: distintos tamaños para distintos usos, para practicar, etc., pero la más importante es que en caso de aplicar la legítima defensa el Ministerio Público la decomisa, dejando al portador a merced de venganzas por parte de los delincuentes”, dijo el consultor de seguridad Bryan Sandí.
En el Congreso hay dos iniciativas de ley que pretenden realizar cambios a la legislación, la que se menciona se presentó este martes y será valorada en comisión para que eventualmente ingrese a la corriente legislativa.
PERIODISTA: Gustavo Retana
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Miércoles 06 Septiembre, 2017
HORA: 12:00 AM
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