Los gremios del Poder Judicial insisten en rebatir el proyecto sobre las reformas al Régimen de Pensiones para los trabajadores judiciales, el cual tuvo dictamen de mayoría en la comisión especial de la Asamblea Legislativa, a cuyos diputados acusan de separarse de los parámetros técnicos que entregó el estudio actuarial de la Universidad de Costa Rica (UCR).
De acuerdo con Jorge Morales, secretario general del Sindicato de la Judicatura (Sindijud), existen tres aspectos puntuales en que los legisladores optaron un criterio distinto al que recomendaba el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la UCR.
El primero es el tema del cálculo de la pensión, pues en el proyecto se propone un 85% del promedio de los últimos 240 salarios.
“Ese salario de referencia no es el mismo que indica el estudio de la UCR, que indica 120 salarios (últimos 10 años) y no los 240 (últimos 20 años) como se establece por estos diputados, esto repercute contra los trabajadores”, afirmó Morales.
Para los gremios, el proyecto de mayoría busca equiparar el salario de referencia al que toma en consideración el sistema de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), que parte de esos últimos 240 salarios, pero al contrario de los pensionados de la Caja, los jubilados del Poder Judicial aportan hoy un 11% de la cuota obrera y se propone que suba a un 15%.
“Se produce una verdadera injusticia con la clase trabajadora del Poder Judicial, pues a la asignación del 85% que se establece habría que reducirle las aportaciones obrera (15%) y el seguro de enfermedad (5%) y la financiación de la junta administradora, conceptos no aplicables en el caso de los jubilados del sistema básico”, agregó Morales.
Es decir que al restarle los demás aportes a ese 85%, las pensiones judiciales recibirían un 65%, a pesar de que aportarían cinco veces más que cualquier otro pensionado.
NO ERA A RAJATABLA
Sobre este punto, la diputada Marcela Guerrero, del Partido Acción Ciudadana (PAC), integrante de la comisión que dictaminó el proyecto, reconoció que ellos no siguieron al pie de la letra lo que indicó el estudio de la UCR, pero que en los escenarios propuestos del 85% con una gradualidad del 11% al 15% de contribución y el transitorio de 18 meses para entrada en vigencia, ambas medidas generan un “hueco” que debía taparse. “Por eso se amplió a 20 años (240 salarios) el cálculo”, explicó.
PERVIVIR PENSIONES
DE LUJO
Otro aspecto que los gremios y la cúpula de la Corte miran con preocupación del proyecto de mayoría es que a su criterio este premiaría a las llamadas pensiones de lujo en lugar de bajarlas.
Esto porque si bien tanto el proyecto de mayoría como el de minoría crean una contribución especial solidaria -fijando un tope de ¢4 millones en las pensiones judiciales-, según los gremios, el “escalonamiento” que se indica en el proyecto de mayoría haría que una pensión de ¢5 millones pague ¢350 mil, mientras que en el de minoría sería de ¢500 mil, es decir un 50%. Si el ejemplo fuese una pensión de ¢10 millones, en el primero, la contribución sería de ¢2.8 millones, mientras que en el de los gremios sería de ¢3 millones.
JUNTA ADMINISTRADORA
Otro punto que los gremios objetan del proyecto de mayoría es la conformación de la junta administradora del fondo, que la mayoría de los diputados proponen tenga tres miembros externos.
“No compartimos, ni entendemos la justificación para que la junta sea integrada por personas ajenas a quienes son los dueños de los recursos del fondo”, comentó Morales.
Insistiendo sobre este tema, Guerrero señaló que si la administración del fondo de pensiones judiciales no tuviera el riesgo que hoy tiene, este mecanismo posiblemente no sería necesario.
INVERSIÓN
Otro punto que preocupa a los gremios es la forma en que se permita invertir los dineros del fondo.
Para el fiscal Ronald Segura, representante de la Asociación de Fiscales del Poder Judicial, el problema es que los fondos de pensiones están limitados a invertir en el mercado de la Bolsa de Valores, mientras que los diferentes estudios han recomendado diversificar sus mercados de inversión. El 78% de los fondos del Poder Judicial está invertido en títulos de gobiernos, que por lo general tiene una rentabilidad muy baja.
Segura agrega que por esa razón en el proyecto de gremios buscan que se permita la inversión en proyectos hipotecarios y en obra pública que es la única manera de tener mayor rentabilidad.
“Ellos (los diputados) sí están poniendo en riesgo la solvencia financiera del fondo a largo plazo”, insistió.
POSICIONES ENCONTRADAS
Jorge Morales
Sindicato jueces
“Nuestro reproche es que se parta de los peores pronósticos posibles para establecer una reforma sumamente onerosa para la clase trabajadora, por eso nuestra propuesta, sin desconocer los puntos esenciales de la UCR, aboga por que se reconozca el 4% de tasa real que se manejó para los cálculos del régimen básico”.
Ronald Segura
Fiscal
“El proyecto de Supen pretendía liquidar el fondo de pensiones del Poder Judicial, y miente doña Sandra Piszk cuando dice que la huelga no tenía sentido, lo tiene, porque lo que no queremos es que los ¢500 mil millones que tiene el fondo hoy se los lleven al IVM”.
Marcela Guerrero
PAC
“Que nos dejen legislar también, eso nos corresponde a nosotros. Creo que ellos deben dejar que el proceso siga su curso, antes eran otros argumentos, ahora son estos”.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
EMAIL: [email protected]
Jueves 17 Agosto, 2017
HORA: 12:00 AM
SIGUIENTE NOTICIA