En diciembre del 2013, el abogado Yashin Castrillo presentó una acción de inconstitucionalidad bajo el expediente 13032-2013, donde se impugna una violación al principio de igualdad y no discriminación en el artículo 242 del Código de Familia, lo cual es contrario a la Carta Magna.
La intención es que las leyes de nuestro país reconozcan el derecho de las uniones de hecho entre parejas del mismo sexo, que desde el 2015 fue presentado a votación por el magistrado, Fernando Cruz.
Han pasado 4 años sin que se conozca la resolución de la Sala Constitucional, razón por la que se le extendió a Chinchilla, nuevo presidente de esta sala, una solicitud para que se vote el tema.
Dicho pedido se vale del discurso del propio Chinchilla, quien indicó que “es un problema que nos estalla y con toda razón”, haciendo referencia a los atrasos de muchas decisiones todavía en consulta.
Por su parte, el activista recordó que, sin esta votación, los organismos internacionales no pueden emitir ningún pronunciamiento. “Con la conformación actual de la Sala, el promedio de resolución de la Sala es de un año y medio y cuando se presentó el proyecto a votación estaba en ese rango. Y según el reglamento la corte Interamericana de Derechos Humanos, no puede entrar a conocer esta solicitud del gobierno mediante el procedimiento indicado cuando el objeto es el mismo que se presentó a los tribunales internos”, explicó Yashin Castrillo, activista de los derechos LGBT.
ACUERDOS
La Sala Constitucional ha atrasado la decisión por múltiples factores y aunque los activistas consideran que antes del fin de año se podrá votar positivo esta consulta, señalan que el actual gobierno ha montado junto al Poder Judicial una estrategia con fines específicos.
“Hay un acuerdo político entre el Gobierno de Luis Guillermo Solís, el Poder Judicial y Sala Constitucional porque de no existir, ya la Sala Constitucional habría votado el tema de las uniones de hecho. Y si ahora se hace la votación afirmativa el Gobierno no podría endosarse la lucha de los grupos minoritarios en cuanto a los derechos que le asisten. Esto sería una conquista de los activistas y no del Gobierno que solicitó declarar sin lugar la demanda por estar pendiente el voto de la Sala Constitucional”, aseguró Castrillo.
Esta resolución pendiente en la Sala no solo afecta a la población gay del país, ya que hay temas pendientes de familia que no han podido resolverse por solicitud de los mismos magistrados.
PERIODISTA: Gustavo Retana
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Sábado 27 Mayo, 2017
HORA: 12:00 AM
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