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Nacionales

85% de ticos perciben que hay mucha corrupción

6 de cada 10 costarricenses considera que ha aumentado en últimos 2 años

  • Marta Acosta, contralora general de la República, sostuvo que no se puede seguir permitiendo actos de corrupción.

  • Encuesta Nacional de Percepción de la Corrupción 2017,

  • Encuesta Nacional de Percepción de la Corrupción 2017,

  • Encuesta Nacional de Percepción de la Corrupción 2017,

A menos de 24 horas después de que el presidente de la República Luis Guillermo Solís rindiera su tercer informe de labores, que entre otros temas destacó que en su administración no hay corrupción, la población costarricense piensa lo contario, al punto que un 85% de personas entrevistadas por la Contraloría General de la República (CGR) coinciden en que “en la actualidad hay mucha corrupción” en el país.

Este es uno de los resultados desprendidos de la Encuesta Nacional de Percepción de la Corrupción 2017, realizada por la CGR en todo el territorio nacional en febrero anterior. Los datos contrastan con la expresión en firme que señaló el mandatario ante los diputados, restándole contundencia el hecho de que un 61% de los entrevistados sostuvo, de manera categórica, que la corrupción aumentó en los últimos dos años.

Para la muestra, la Contraloría encuestó vía telefónica a 3.208 personas, de las cuales, 2.171 son ciudadanos, 605 son funcionarios públicos y 432 oferentes.

El estudio consta de cuatro módulos, a saber: Prevención en el sector público; Sensibilidad ciudadana ante la corrupción; Percepción de los empleados públicos y el de Contratación Administrativa.

Además de esto, para un 24% de los encuestados, la corrupción es el segundo problema más grande en Costa Rica.

Dentro de los resultados destaca el hecho que el 75% de los encuestados aseguran que no conocen alguna gestión o acción, llevada a cabo por el sector público para evitar que se registren actos de corrupción y de un total de 44% que ha concursado para conseguir un puesto en sector público un 71% considera que sí hubo corrupción en dicho trámite.

 

INSTITUCIONES
EN MAYOR RIESGO

 

Cuando se le preguntó a los encuestados sobre la institución a la cual ellos perciben como la que tiene el mayor riesgo de corrupción, en diferentes módulos, coincidieron, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y la Asamblea Legislativa.

Dichas instituciones ocupan los primeros lugares de mención por los encuestados y a estas les siguen otras como el Ministerio de Seguridad Pública, el Poder Judicial, la Refinería Costarricense de Petróleo (Recope) y las municipalidades o cualquier dependencia del Gobierno Central.

Al respecto, la presidenta ejecutiva de la CCSS, María del Rocío Sáenz, sostuvo que la entidad es una institución que administra uno de los presupuestos más altos y diversos del sector público, con presencia en todo el país, por lo que al  tratarse de un análisis de percepción es de esperar que la población refiera a la CCSS como una de las instituciones más sensibles para su vida diaria; por lo que la entidad no es inmune a ser permeada por dos décadas de un discurso de "permanente crisis" que, reforzado por distintos actores, no hay conciencia de los avances y de las acciones de transparencia adoptadas.

“El fortalecimiento de la gestión y ejecución contractual, la mayor efectividad de las gestiones de inspección y cobro, el fortalecimiento de las Contralorías de Servicios, el total acceso de información dado al Poder Judicial frente a las investigaciones de denuncias de corrupción del pasado y la apertura plena ante entidades de fiscalización y supervisión como la Contraloría General de la República y la Supen son claro reflejo de una cultura de transparencia que se consolida en la CCSS”, enfatizó Sáenz.

También se tramitó gestiones ante el MOPT y Asamblea Legislativa, pero a la hora del cierre no se logró respuesta.

 

TRÁMITES PERMISIVOS
Y POR PROVINCIA

 

Por otro lado, se les preguntó a las personas sobre la percepción de corrupción de los servicios en los cuales han realizado trámites y la mayoría percibe que se podría dar algún grado de irregularidad en lo que respecta al trámite de licencia de conducir.

Respondió afirmativamente el 63,54% de los entrevistados, le sigue el trámite en ayudas del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), permisos para construir con 57,27%, y de otorgamiento de bonos para vivienda en un 56,72%.

Por provincia, la percepción más negativa de corrupción se la lleva San José, la cual concentra un 38,82%, le sigue Alajuela con 16,84%, Cartago con 11,32%, Puntarenas con 8,65%, Guanacaste con 7,27% y Limón que concentra un 4,69% de las percepciones desfavorables.

 

OFERENTES
TAMBIÉN AFECTADOS

 

Las empresas que participan en concursos de instituciones del Estado también perciben la existencia de corrupción, pues un 55% cree que hay corrupción en las compras públicas.

De los 432 oferentes entrevistados, el 28% aseguran que sus competidores han cometido algún acto de corrupción en el proceso de la contratación y existe una percepción del 86% de que los trámites de la Administración Pública son engorrosos.

 

LIDERAZGO Y
COMPROMISO

 

Marta Acosta, contralora general de la República, apuntó que es el tercer año consecutivo en que se efectúa dicha encuesta a nivel nacional y que para esta oportunidad se realizó a tres actores como lo son la ciudadanía, los funcionarios públicos y los oferentes de bienes y servicios del Estado.

“Debemos seguir trabajando no solo en su detección y sanción sino en su prevención con mayor énfasis, y de ninguna manera se puede permitir que las manifestaciones de la corrupción se asuman con normalidad o indiferencia. Necesitamos más liderazgos y personas comprometidas que den la debida importancia a los valores necesarios para evitar la corrupción”, determinó Acosta. 

Añadió que “entendemos por corrupción pública el abuso de poder para el beneficio propio, tanto directo como indirecto del corrupto o del grupo al que pertenece. Corrupción implica el incumplimiento de normas jurídicas o éticas y   comportamientos que anteponen el interés privado sobre el interés general. Debemos recordar que el beneficio social de evitar un acto de corrupción es mucho mayor que el obtenido con la detección y sanción de ese mismo acto de corrupción.  Existe entonces un gran beneficio social al dirigir los esfuerzos públicos hacia los enfoques preventivos, los cuales han sido poco desarrollados en todos los países”, aseguró Acosta.

DIARIO EXTRA quiso conocer la posición del gobierno ante los resultados de la encuesta, pero el mandatario Luis Guillermo Solís indicó que contestará hoy, sin embargo al final de la noche del jueves su oficina de prensa envió un comunicado.

En este se afirma “Es importante destacar que el estudio se refiere a las percepciones de las personas encuestadas pero no a hechos concretos de corrupción. En ese sentido, es importante tomar en cuenta que la percepción de la ciudadanía costarricense acerca de este tema es especialmente sensible debido a los reiterados escándalos de corrupción que afectaron al país en gobiernos pasados y que siguen frescos en la memoria de nuestra población”.

Sin embargo es muy curiosa esta posición porque según el sondeo demuestra que los encuestados perciben que la corrupción ha aumento en los últimos dos años, precisamente durante el gobierno del Partido Acción Ciudadana.

 

Resultados de alarma

 

72,32% de los costarricenses consideran que existe una alta tolerancia de la población a la corrupción; mientras que un 15,59% acepta que hay algo de tolerancia.

• Un 68,26% estima que en el sector público no se toman acciones para evitar que se den actos de corrupción.

• El 76% de los consultados no conocen alguna campaña para evitar que se dé corrupción.

• El 64% de los entrevistados creen que la ciudadanía es la principal responsable de evitar que se dé la corrupción.

56,18% de los entrevistados no se informan para evitar la corrupción.

81,42% de la gente no sabe cómo realizar una denuncia contra corrupción.

46% de los funcionarios públicos desconfía de los canales de denuncia.

41% de los empleados públicos desconoce la vía para denunciar.

30% conoce de algún caso de corrupción en su institución.

• El 66% no sabía que en la institución se realizara algún ejercicio de valoración de riesgos de corrupción.

• El 54% no conoce alguna acción dentro de la institución para evitar que se dé corrupción.

• De los que tuvieron conocimiento del acto de corrupción, el 79% dice que el caso fue denunciado.

• El 38% considera que la adquisición de bienes y servicios es el proceso institucional que posee el mayor riesgo de corrupción.

• El 71% cree que la institución para la que trabaja se realiza una buena labor para evitar que se dé corrupción.

 

Fuente: CGR.

PERIODISTA: Krissia Morris Gray

CRÉDITOS: Infografías: Contraloría General de la República

EMAIL: [email protected]

Viernes 05 Mayo, 2017

HORA: 12:00 AM

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