Representantes de las fincas de Chánguena y Térraba, en la Zona Sur, decidieron cambiar el rumbo de las negociaciones por sus tierras y mediante una carta dirigida al presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera, le hacen ver la posibilidad con la que cuenta el mandatario al estar facultado para expropiar la tierra donde se ubican dichas fincas para dársela a los campesinos.
En la misiva evidencian las gestiones que han hecho para mantenerse en las tierras que por muchos años los han albergado, protegido, sembrado y cosechado, donde no obstante ahora viven bajo la presión de que en cualquier momento las pierden.
“Desde el año 2001 vivimos y trabajamos en esta finca, hemos realizado muchas gestiones para mantenernos acá. Los procesos de negociación han sido diversos, como también lo han sido los procesos judiciales.
En enero del 2015 la finca fue rematada en una almoneda que se le adjudicó al Banco Nacional, esto fue posible gracias a una negociación previa donde participaron funcionarios de casa presidencial y el Banco Nacional, la idea era que el banco se adjudicara el bien y procediera a venderla al Inder, no obstante, el proceso se vio interrumpido por dos apelaciones al remate interpuestas por el arrendatario Óscar Echeverría Heigol, que finalmente se resolvieron en su contra.
Habiendo sido superado este escollo, el Banco Nacional asume la posesión del inmueble, pero de nuevo aparece Óscar Echeverría con un nuevo proceso judicial en el juzgado Contencioso Administrativo, que se constituye en una anotación para la finca y en consecuencia el Inder se ve imposibilitado de comprar el bien”.
Lo anterior no lo es todo, recientemente Coopalca del Sur, que aparece en el Registro Nacional de la Propiedad como propietaria de las fincas, arrancó con un juicio ordinario en el juzgado contencioso reclamando una indemnización, lo que pone cuesta arriba las gestiones hechas por los campesinos.
“Lo que le solicitamos al Presidente de la República es que gire instrucciones al presidente ejecutivo del Inder para que proceda con los trámites de expropiación de las fincas, amparados en que hay legislación suficiente que justifica esa figura de expropiación como la ley del ITCO, además la Constitución Política en su artículo 45 y un decreto firmado por don Óscar Arias que dan elementos suficientes para proceder con el tema de declarar de interés público los conflictos de ocupación de tierras en precario, inclusive la Ley de Resolución Alternar de Conflictos”, explicó Daniel Villalobos, presidente de Cootraosa R.L.
Y es que la preocupación no suelta a los campesinos, pues el mes entrante se vence el tiempo pactado por el gobierno de solucionarles el conflicto a los ocupantes de los territorios y tras casi un año esto no ha ocurrido y quedarían en desventaja para poder ser sacados del lugar por la policía.
“Por parte del Inder lanzaron la cortina de humo y así se quedó, estamos a pocos días de que se cumpla el año de ocupación en precario y eso nos tiene bastante preocupados, porque a partir de que se cumpla el plazo puede venirse cualquier otra acción de desalojo para los ocupantes de finca Chánguena”, acotó Erick Morales, presidente del grupo campesino.
Por último, Renier Canales, gerente de Cootraosa, señaló que no ha habido una respuesta positiva del gobierno, al contrario hay posiciones cerradas por parte del ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, así como desconocimiento de la ley por parte de Ricardo Rodríguez, presidente ejecutivo del Inder.
“Lo lamentable de todo esto es que se creó una falsa expectativa de parte de don Ricardo Rodríguez Brenes, en diciembre en medios de comunicación de la Zona Sur decía que era un regalo navideño para las familias de Chánguena y que en enero del 2017 una parte sería trasladada al nuevo inmueble valorada en 1.165 millones de colones en Palmar y la otra mitad que faltaba a mediados de marzo y mire en qué fecha estamos y no sabemos dónde es al día de hoy”, detalló Canales.
PERIODISTA: Alexander Méndez
CRÉDITOS: Fotos: Carlos Barquero
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Jueves 27 Abril, 2017
HORA: 12:00 AM
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