Los magistrados de la Sala Constitucional admitieron, para trámite y estudio, tres proyectos de referéndum, a saber: uno que busca la apertura del monopolio de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), otro para la convocatoria de una Asamblea Constituyente y el que propone la Ley del Salario Mínimo Vital, -este último para regular los salarios del sector privado-.
Para cada uno de ellos, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) aprobó que los interesados hagan la respectiva recolección de las firmas, un 5% del padrón electoral es lo necesario.
Sin embargo, se han presentado dos acciones de inconstitucionalidad contra los proyectos de referéndum de la Ley de Salario Mínimo Vital y de la convocatoria de una Asamblea Constituyente, así como un recurso de amparo en contra del rompimiento del monopolio de Recope.
La información fue confirmada por Andrei Cambronero, letrado del TSE, quien sostuvo que en ninguno de los tres procesos los magistrados de la Sala Constitucional mandan a suspender la recolección de firmas, pero que es una decisión de los proponentes si paralizan o no dicha fase, lo que sí se le frena a la autoridad electoral es la emisión de la resolución final.
Adujo que el TSE ya contestó la solicitud de información planteada por los magistrados de la Sala Constitucional sobre el proyecto presentado por el movimiento cívico “Ya no más Recope”, por lo que se está a la espera de la respuesta de la Sala IV.
DOS NO, UNO SÍ
Douglas Caamaño fue el ciudadano que planteó el recurso de amparo contra dicho proyecto de referéndum, por considerar que el texto aprobado por el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa “produce confusión y deja por fuera elementos de consideración que deben ser sujetos de conocimiento de todos lo que eventualmente aporten su firma para apoyarlos”, se indica en el expediente 17-2964-0007-CO.
Además, se detalla en el documento que “dice que impugnó el contenido de la resolución 864-E9-2017 citada, pretendiendo que el Tribunal accionado precisara los elementos de convicción que llevaron a esa autoridad a dictar la recolección de firmas”.
Sobre el particular, Mauricio Sánchez, uno de los coordinadores del movimiento cívico “Ya no más Recope”, sostuvo que ante el recurso de amparo se tomó la decisión de no iniciar el proceso de recolección de firmas, pese a que ya los formularios habían sido aprobados por el TSE, por lo que se optó por esperar la resolución.
En lo que respecta al proyecto de Salario Mínimo Vital, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep) interpuso una acción de inconstitucionalidad por considerar que el proyecto, de ser aprobado, lesionará normas en materia de fijación salarial contemplados en el Código de Trabajo.
Al respecto, Albino Vargas, secretario general de la Asociación de Empleados Públicos y Privados (ANEP), reconoció que no se están recogiendo las firmas necesarias hasta que la Sala Constitucional resuelva, pues temen que, en caso de que los magistrados indiquen que el proceso es ilegal, se perdería la inversión realizada.
Vargas agregó que ya están sellados y listos los formularios para proceder a la recolección de las rúbricas, pero que no se llevará a cabo este proceso hasta en tanto no se conozca la respuesta de la Sala IV. El que sí sigue su proceso es de la convocatoria de la Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución Política, pues, de acuerdo con Emily Reyes, la Sala Constitucional no les frenó la realización de los procesos respectivos, por lo que se tomó la decisión de efectuar la recolección de las firmas.
Estas firmas le serán entregadas al TSE para su análisis, sin embargo la instancia electoral aún está impedida a emitir una resolución en tanto no haya una respuesta de los magistrados constitucionales.
