La ética del bien común y la ética de una banda de ladrones
Patricia Mora Castellanos*
Hace un año, y gracias a la denuncia internacional de la investigación periodística conocida como “Panama Papers”, el término “compañías offshore” se popularizó en el mundo entero como sinónimo de “trampa legal para facilitar la evasión fiscal”. En el complejo mundo “offshore”, lo único más importante que la eficiencia es el secreto. En los últimos meses, no obstante, después de varias investigaciones periodísticas, fiscales y legislativas, que surgieron a partir de las filtraciones periodísticas de los “Panama Papers”, se rompe parte de este secreto y se erosiona la confianza pública en ese mecanismo de ocultamiento de fortunas.
En el caso costarricense, luego de once meses de labor en la Comisión Legislativa Especial, tenemos suficiente material para compartir lo afirmado por el economista británico Richard Murphy en su reciente obra “Secretos Sucios. Cómo los Paraísos Fiscales destruyen la Economía” (2017) en la que señala que los paraísos fiscales fueron diseñados con tres objetivos y solamente tres objetivos.
En primer lugar, debilitar el Estado de Derecho y la soberanía de las Naciones; en segundo lugar, promover los secretos de quienes pueden costear sus servicios; y en tercer término concentrar la propiedad sobre la riqueza en unas pocas manos a perpetuidad. La totalidad de la industria offshore existe para asistir a quienes pretenden esos tres objetivos.
La investigación legislativa de la Comisión Especial que analizó las relaciones del Bufete Mossak Fonseca en Costa Rica arrojó varios datos concretos sobre las 137 personas nombradas en 26 casos hechos públicos por los “Panama Papers”, para efectos costarricenses: el 19% de las personas señaladas ha desempeñado o desempeñan altos cargos públicos, entiéndase vicepresidentes, diputados, ministros, viceministros, directores de tributación, altos cargos de instituciones públicas y del cuerpo diplomático; el 23% de las personas mencionadas tiene una clara filiación política, 64,5% con Liberación Nacional y 25% con la Unidad Social Cristiana, es decir, el bipartidismo que históricamente ha gobernado este país.
A modo de ejemplo de un personaje con cargo público, identificamos el caso del abogado Alberto Raven Odio, actual directivo del Banco de Costa Rica, Banco que maneja dinero que pertenecen a todas y todos los costarricenses. De 121 sociedades offshore ubicadas en exóticas jurisdicciones, el señor Raven Odio figura en sociedades de Panamá, las Islas Vírgenes Británicas, las Bahamas y otras similares. En 62 de estas entidades offshore, el señor Raven Odio aparece como intermediario. El caso es particularmente importante pues expone el vínculo perverso que debemos denunciar: un vínculo entre el poder político y el poder económico, relación que socava nuestra vida democrática.
Tal y como lo han afirmado cientos de connotados economistas internacionales, la existencia de los paraísos fiscales no suma nada a la riqueza y bienestar global y no sirve a ningún propósito económico útil. Estos mecanismos que benefician a unos pocos individuos ricos y corporaciones multinacionales se dan a expensas del resto de la humanidad, lo que incrementa la desigualdad en la sociedad.
Si queremos que la democracia sobreviva, debemos ponerles fin a aquellas prácticas fiscales, tanto en sus expresiones claramente ilegales, como la evasión, así como en las que aún se enmarcan en el campo de la legalidad, pero que son claramente antiéticas e inmorales, como son las elusivas. Esta situación nos coloca en un escenario donde se enfrentan dos éticas, citando al maestro Franz Hinkelammert, “la ética del bien común y la ética que se auto-receta una banda de ladrones”.
*Diputada Partido Frente Amplio
Integrante de la Comisión Legislativa Espacial que analizó las relaciones del Bufete Mossak Fonseca en Costa Rica
