La Subcomisión Interinstitucional para el Registro del Femicidio determinó que, del 1 de enero de 2017 a la fecha, ocho féminas murieron en el país víctimas de ese delito.
Este grupo es el único con la potestad para establecer la cifra oficial en estos hechos de sangre, por lo que hizo la clasificación a partir de un recuento inicial de 19 muertes violentas de mujeres en lo que va del año.
Con base en la información judicial que se tiene hasta la fecha, se clasificó las 19 muertes de la siguiente manera:
• Femicidio legal: Estas son las muertes de mujeres a manos de sus cónyuges o parejas actuales, tipificado por el artículo 21 de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres.
• Femicidio ampliado: Son las muertes violentas de mujeres en razón de su género, en donde no había una relación de matrimonio o unión libre: ejemplo, las muertes durante el noviazgo, después de un divorcio, luego del cese de una unión de hecho y las que ocurren en ámbito público, a raíz de un ataque sexual.
• Homicidio de mujeres pero que no fueron femicidio legal o ampliado.
• Homicidio de mujeres aún sin clasificar, pues se encuentran pendientes de informe.
La Subcomisión también revisó todas las muertes violentas ocurridas en 2016.
Según las cifras preliminares, el año pasado hubo 64 homicidios, de los cuales 23 fueron femicidios (11 legales y 12 ampliados), mientras que 21 homicidios de mujeres no fueron femicidios y 20 están aún pendientes de informe.
Las muertes incluidas dentro del femicidio ampliado son la respuesta del sistema judicial costarricense para contar con una estadística que registre, incluya y visibilice todas las muertes de mujeres.
La Subcomisión Interinstitucional para el Registro del Femicidio la integran representantes de la Sección de Estadísticas del Poder Judicial, de la Fiscalía Adjunta contra la Violencia de Género, del Inamu, los Ministerios de Salud, de Educación y Seguridad Pública, la UNED, la Defensoría de los Habitantes, la ONG Cefemina y el Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia.
