La única forma en que el gobierno recobre la confianza es que proceda con el despido de las tres viceministras cuestionadas por recibir sobresueldos a pesar de que legalmente no podían.
Esa es la conclusión que comparten varios diputados de oposición, principalmente Karla Prendas del Partido Liberación Nacional (PLN) y Ottón Solís de Acción Ciudadana (PAC), luego de escuchar los argumentos que las jerarcas dieron en la Comisión de Ingreso y Gasto Público y la explicación que brindó la contralora Marta Acosta sobre la aplicación de ley en los casos de pagos de prohibición para funcionarios estatales.
Ottón le pidió al ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, que hable con el mandatario Solís y se despida a Ana Gabriel Zúñiga, viceministra de la Presidencia, y Carmen Muñoz, de Gobernación.
En el caso de Ana Cristina Trejos, que ya renunció al Ministerio de Vivienda y si bien devolvió el dinero de más, el fundador del PAC señaló como un “premio” su nombramiento en la junta directiva del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), por lo que pidió que también se le destituya de ese cargo.
El legislador dijo sentirse sorprendido por el caso de la ex viceministra Trejos.
“Ahora lo tendrá más fácil porque sólo tiene que asistir a una junta directiva, es decir en lugar de castigo, premio. Le ruego que hable con el señor Presidente y despida a las tres muchachas, a estas dos y la viceministra de Gobernación Carmen Muñoz, y así el gobierno queda bien y la esperanza de la gente, porque si hay un error se castiga con el despido, no devolver el pago”, señaló.
La liberacionista Prendas concordó con Solís en que lo único que queda es el despido.
“Ministro, usted debe actuar después de los pronunciamientos que aquí se han dado y lo que queda es la destitución de las viceministras, si eso se hace podríamos creerles, es la única salida ante los actos que se dieron”, indicó la verdiblanca.
PROCEDIMIENTO
En el caso de Muñoz, ella está realizando la devolución de los casi ¢11 millones de más que recibió.
Zúñiga por su parte ha insistido que su pago es legal, hasta que un ente competente demuestre lo contrario. Aunque ha dicho que de darse esa resolución devolverá los ¢30 millones que ha recibido adicionales desde que inició esta administración.
El abogado constitucionalista Fabián Volio explicó a DIARIO EXTRA que en el caso de la viceministra Zúñiga se debe dar el procedimiento respectivo que ya se inició en la auditoría interna del Ministerio de la Presidencia.
“Si se determina que se le pagó de más, el funcionario tiene distintas opciones, la primera que lo acepte y diga, ‘tome, aquí está la plata’; la opción dos es que se llegue a un arreglo de pago, donde se acuerde un rebajo mensual del salario; y la tercera se da cuando la persona no reconoce que hay un pago irregular y se debe abrir un procedimiento, al final si se determina que sí hay un error, se debe aplicar la forma en que se va a recuperar el dinero, ya sea con un rebajo automático mensual o incluso con el embargo de bienes”, explicó.
SE AFERRA AL PUESTO
Zúñiga insistió que ella no piensa renunciar a su cargo ante la consulta de los congresistas. Lo que sí dijo es que su puesto está a disposición del presidente Solís. Gonzalo Ramírez, del Partido Renovación Costarricense, señaló que el caso debería remitirse al Ministerio Público ya que en su criterio el tema es un claro ejemplo de enriquecimiento ilícito.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
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Sábado 11 Marzo, 2017
HORA: 12:00 AM
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