Luego de que la viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga, insistiera en que el pago del incentivo salarial que recibe por concepto de prohibición es, a su parecer, completamente legal, a pesar de no ser licenciada en Derecho y no estar colegiada, requisito necesario para tal beneficio, como lo han señalado pronunciamientos anteriores de la Procuraduría y la Contraloría, ahora el Plenario sirvió de escenario perfecto para que los diputados del Partido Liberación Nacional (PLN), del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), del Movimiento Libertario y del Frente Amplio (FA) atacaran al Poder Ejecutivo y a la jerarca que por cierto está de vacaciones.
La socialcristiana Rosibel Ramos fue quien usó palabras más fuertes: “¿Cómo el Presidente de la República y los diputados del PAC guardan silencio con actos de corrupción tan ingratos para este país como es el tema de los robos descarados de las viceministras a los recursos públicos? Cuando en criterios de la Procuraduría no los merecía, es decir se los robó”, apuntó.
Agregó que si eso hubiera pasado en el PUSC, los calificativos serían diferentes y exigió que la jerarca sea despedida de forma inmediata. “La viceministra es una corrupta”, enfatizó.
La solicitud de despido fue secundada por la libertaria Natalia Díaz, quien dijo que el mandatario debe actuar de inmediato.
“Es un gobierno al que le falta transparencia, tanto que han abogado por la llamada ‘casa de cristal’, pero cuando se requieren acciones puntuales, lo que hacen es otorgarle vacaciones, y ese dinero debe ser devuelto inmediatamente”, argumentó.
Por su parte, Ronny Monge del PLN, recordó que el PAC prometió un gobierno de probidad, de legitimación, de vidrios de casa de cristal, cosas que no han sucedido.
“Además vemos la soberbia de la viceministra diciendo que no devuelve nada y no acata las resoluciones y para evitar que esto se enfrié se va de vacaciones”, señaló.
Incluso Ottón Solís, fundador del PAC, también calificó el caso como de “corrupción pura”.
SIN AUTORIDAD
Para el jefe de fracción del FA, Edgardo Araya, los casos de las viceministras, evidencian una pérdida de autoridad del Poder Ejecutivo.
“¿Con qué autoridad moral pretende el gobierno pedir más impuestos o reformas al empleo público?, cuando no vemos una acción contundente para restablecer el asunto, es decir la respuesta ha sido débil”, se cuestionó el frenteamplista.
El subjefe de fracción del PAC, Franklin Corella, expresó que no tienen problemas de hablar de corrupción en la función pública, en especial en los últimos diez años.
También hizo una solicitud en la curul al presidente Solís para que se detengan los pagos de la viceministra, mientras se hagan las aclaraciones del caso con las instituciones respectivas y “apaciguar así” la incertidumbre del caso.
Hasta el momento el mandatario no ha dado declaraciones acerca del tema y sólo por medio de un comunicado de Casa Presidencial se insistió en que han actuado apegados a la legalidad y transparencia en los tres casos.
La viceministra Zúñiga afirmó en Consejo de Gobierno que defenderá el pago del 65% extra a su salario, hasta que un pronunciamiento legal sobre su caso diga lo contrario.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
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Jueves 23 Febrero, 2017
HORA: 12:00 AM
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