Una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, para eliminar el pago del 100% del salario a los funcionarios del Poder Judicial por incapacidad de enfermedad, permitirá un ahorro de aproximadamente ¢7.000 millones anuales en las arcas del Estado.
Así lo explicó el legislador Ottón Solís, proponente de la iniciativa, que recibió un apoyo afirmativo de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Congreso, con lo cual pasa ahora a discusión al plenario.
Gracias a una negociación en la convención colectiva de los empleados de la Corte, ellos disfrutan del pago completo cuando reciben una incapacidad por enfermedad. La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aporta el 60% y el Poder Judicial el 40%, que sale de su presupuesto, algo que no tienen los demás trabajadores del sector público ni mucho menos del privado.
De acuerdo con Solís, esta realidad ha motivado a que algunos médicos deshonestos se presten para firmar incapacidades a funcionarios para que se vayan a la casa con el salario completo.
“Es uno de esos excesos en los que cayó Costa Rica y que hay que corregir”, sentenció el legislador.
La reforma plantea que toda incapacidad deberá ser comprobada por el documento extendido por la CCSS o por el Instituto Nacional de Seguros (INS).
Si hay sospecha de que el empleado pudo haber engañado en su incapacidad, el jefe inmediato deberá pedir una nueva valoración del caso al médico tratante y si se comprueba la simulación, se deberá iniciar el proceso sancionatorio. Si fueren magistrados, se comunicará a la Asamblea Legislativa.
ESFUERZO EQUIVOCADO
Jorge Morales, juez y secretario general del Sindicato de la Judicatura del Poder Judicial (Sindijud), calificó la propuesta como una barbaridad, ya que va en contra de la progresividad de los derechos laborales del conglomerado de los funcionarios.
“Es una barbaridad que se esté planteando reducir derechos de los trabajadores, en vez de plantear un aumento en las condiciones del resto de los asalariados del sector público”, explicó.
Sobre las críticas a la proliferación de las incapacidades insistió en que los controles se pueden mejorar, sin tener que tocar el beneficio.
“Esa persona enferma debe velar por su salud y tras de eso recibe menos salario, eso no es justo para los trabajadores”, indicó.
Un criterio similar emite Edgardo Araya, diputado y jefe de fracción del Frente Amplio (FA), quien votó en contra de la propuesta.
“El esfuerzo debería ser al revés, en lugar de equiparar hacia abajo, se debería hacer hacia arriba para que todos y cada uno de los trabajadores de este país cuando se incapaciten reciban el 100% de su salario”, manifestó.
Araya insiste en que la persona que recibe una incapacidad no lo hace porque quiere y que ese trabajador debe seguir pagando la comida, la luz, el agua y el alquiler con los mismos precios y no con una rebaja del 40%.
Por su parte, el criterio de los magistrados sobre el proyecto fue positivo, luego de un análisis de la magistrada instructora Nancy Hernández López.
“El proyecto de ley consultado no afecta la organización y funcionamiento del Poder Judicial y los cambios en la normativa propuesta pertenecen al ámbito discrecional del legislador”, concluyeron.
Los sindicatos del Poder Judicial analizan qué acciones podrían tomar ante una eventual aprobación del proyecto, que incluirían la presentación de mociones a través de algún legislador y una consulta de inconstitucionalidad a la Sala IV.
Entre enero y diciembre de 2015 se registraron 147.964 días de incapacidad, según datos del Poder Judicial. Por maternidad se dieron 22.101, accidentes de tránsito 2.885, accidentes de trabajo 21.610 y enfermedad 101.368.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
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Jueves 23 Febrero, 2017
HORA: 12:00 AM
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