Por una trama que pareciera no limitarse a un caso específico el Ministerio Público investiga a los jueces del Tribunal de Juicio de Liberia, quienes fueron acusados por supuestamente permitir una acción jurídica que perjudicó en su momento a los ofendidos de un caso de estafa y administración fraudulenta que se ventiló en dicha instancia bajo el expediente No.11-001009-0396-PE.
Dichas anomalías del tribunal liberiano están en etapa de investigación por parte de la Fiscalia de Estafas de San José y sería la fiscal Sofia Valenzuela quien tiene la responsabilidad de sentar responsabilidades y analizar las pruebas que se presentaron en los expedientes judiciales que resumen los hechos No.16-1313-396-PE y No.16-000694-1220-PE, documentos en poder de DIARIO EXTRA.
El tema se maneja con suma cautela por tratarse de acciones que ponen en entredicho la función judicial y la estructura jurídica del país, esto pese a que no se ha determinado si se cometió un hecho ilícito por parte de los jueces, aunque las pruebas incluidas en el expediente son respaldadas por el Tribunal de Apelaciones de Santa Cruz, donde se presentó una apelación de la polémica resolución que cuestionó en su momento a la fiscal del Ministerio Público de Liberia, Johana Rodríguez.
DETALLES
Uno de los que presentaron la acción correspondiente fue el abogado liberiano Frack Paniagua, quien asegura en la acusación que el tribunal cometió fraude de simulación, acción que lo perjudicó y según el profesional fue con el fin de que no pudiera cobrar los honorarios respectivos, ni realizar embargos que por ley le corresponde en procesos de arreglos de pago entre sus representados y los imputados de los polémicos procesos.
El Tribunal de Santa Cruz puso el dedo en la llaga y confirmó parte de lo que la Fiscalía investiga en este caso específico. “El Ministerio Público se opuso a la negociación en virtud de que no se cumple con los requisitos objetivos para la aplicación del instituto porque se ordenó la apertura a juicio también por los delitos de falsedad ideológica y patrocinio infiel, tipos penales donde se pretende tutelar la fe pública y los deberes contra la función pública, bienes jurídicos que no pueden atribuirse a víctimas individualizadas.
Lo anterior hace que se esté ante una ilegalidad manifiesta, no solo por el momento procesal oportuno sino además por la falta de anuencia del Ministerio Público”, reza el fallo de dicho tribunal.
Dicho tribunal cuestionó que este tipo de fallos se da con el consentimiento de las partes al estar involucrados en el proceso que se ventiló sobre bienes jurídicos.
Los jueces de Santa Cruz ordenaron la anulación del juicio y remitieron el caso para que se lleve a cabo un nuevo juicio donde se asegure el debido proceso. Mientras tanto, la Fiscalia investiga las acciones de los jueces de dicho tribunal liberiano.
PERIODISTA: Gustavo Retana
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Martes 10 Enero, 2017
HORA: 12:00 AM
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