El proyecto de ley Nº 19 993 busca agilizar la ejecución de infraestructura vial. El punto más interesante de esta propuesta es que los funcionarios responsables de atrasar obras públicas por impericia o negligencia serán sancionados con aproximadamente ₡3,5millones.
Es decir, aquel trabajador que entorpezca la realización de la infraestructura vial, deberá cancelar de su bolsillo un monto aproximado de 12 salarios base, así lo establece el texto base del proyecto impulsado por el diputado Mario Redondo.
La sanción caería sobre todas las personas que tengan que ver con la ejecución de una serie de proyectos de infraestructura vial que se catalogan como urgentes.
El control de los proyectos se llevaría mediante un expediente electrónico donde se puede ver el avance, estado, cuánto dura en una oficina, cuál es el funcionario que lo tiene, entre otros puntos que no detalló Redondo.
También reveló que hubo una reunión con el ministro de Obras Públicas y Transportes, Carlos Villalta, así como con el viceministro de la misma cartera, junto con miembros del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), quienes se comprometieron a dar observaciones al respecto.
Aseguró que varios diputados han mostrado interés, por lo cual considera que se le podría un trato especial, para su pronto debate.
¿BENEFICIO A LA 32?
El legislador por la provincia de Limón, Luis Vásquez, aplaude el proyecto, ya que considera que hay funcionarios públicos que “están muy cómodos en sus escritorios (…) y en sus oficinas”.
Aseguró que si con respecto a la ampliación de la ruta 32 no ve avances, pronto tomará medidas drásticas.
“Yo estoy hablando en todos los proyectos que se pretendan votar, voy hasta las últimas consecuencias, todo enfocado al tema ruta 32, y si en algún momento me tengo que levantar en el plenario y no permitir que avancen otras propuestas: lo voy a hacer”, amenazó Vásquez.
El socialcristiano dice que podría haber una traba voluntaria por parte de algunos funcionarios para que la ampliación a cuatro carriles a lo largo de los 107 km entre Río Frío y Limón no se haga.
Actualmente la iniciación de la ampliación está frustrada porque no cuenta con los resultados de la viabilidad ambiental que solicita el Sistema Nacional Técnico Ambiental (Setena).
Sin embargo, el diputado Vásquez aseguró que irá hasta las últimas consecuencias para que lo se tenga que hacer para Limón, se haga de manera correcta.
Por la carretera que se pretende mejorar se desplaza el 80% de las exportaciones de Costa Rica. Además, para el 2018 se espera contar el Megapuerto de Moín que actualmente en construcción.
PERIODISTA: Redacción Diario Extra
CRÉDITOS: Esteban Mora
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Martes 21 Junio, 2016
HORA: 12:00 AM
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