Insostenibilidad del “sostenible” proyecto de desarrollo de la pesca
Edgardo Araya*
La Sala Constitucional, en su voto 10540-2013, del 7 de agosto del 2013, reconoció formalmente una realidad que data desde el inicio de las actividades pesqueras modernas en nuestro país, pero que el Estado Costarricense se negaba a aceptar: la insostenibilidad ambiental y, a la larga, económica y social, de la pesca de arrastre del camarón y otras especies marinas.
La acción de inconstitucionalidad presentada por la Asociación Programa de Restauración de las Tortugas Marinas (PRETOMA), que originó el voto indicado de la Sala Constitucional, se planteó precisamente contra la Ley de Pesca y Acuicultura, que autorizaba la pesca de camarón utilizando la técnica de redes de arrastre. Esto a pesar de estar demostrado el grave impacto que esa actividad tiene sobre los ecosistemas y la biodiversidad marina.
La pesca de arrastre, tal y como su nombre lo indica, consiste en la utilización de redes de gran tamaño que son arrastradas por los barcos sobre el fondo marino. Como puede imaginarse, en esas redes quedan todo tipo de especies, no sólo la que pretenden capturar, sino todas las que comparten el ecosistema, lo que se denomina pesca incidental. No tienen escapatoria. Además, al arrastrar los lodos marinos, destruyen y remueven la base de la cadena alimenticia en el mar, que son las algas y otros nutrientes que precisamente se encuentran en esos fondos. Cuanto más pesada y grande la red, más profundo se incrusta en el suelo marino y más grave es su daño al ecosistema, y por ende, a la biodiversidad marina.
Ese aspecto -la destrucción de la biodiversidad marina- es clave para entender la insostenibilidad de la actividad pesquera hecha de esa manera. Las redes no discriminan entre especies y entre edades de los individuos. Se llevan todo lo que encuentren a su paso, sean adultos, jóvenes, hembras, machos. La consecuencia inmediata de esto es la desaparición de las especies, o sea, se acaba la pesca.
Esto afecta sobre todo a los pescadores artesanales (pequeños), que mueven en mucho la economía costera y que no tienen la capacidad de realizar pesca de arrastre. Los dejan sin nada y cada vez es más dura la tarea de llevar sustento al hogar mediante su pequeña actividad pesquera. Si no se hace algo, más temprano que tarde será inviable la pesca en las zonas afectadas y se acabará el sustento que ahora tienen y el alimento que recibe por ellos el resto de la sociedad costarricense.
Listado de buenas intenciones. Como alternativa a toda la problemática señalada, el Gobierno ha presentado a la corriente legislativa el proyecto de ley denominado “Ley para el desarrollo y aprovechamiento sostenible del camarón en Costa Rica”. Este proyecto fue promovido -según dice el Poder Ejecutivo- después de más de un año de diálogos con el sector pesquero afectado y otros actores sociales. Más allá de las dudas que nos genera la legitimidad de ese proceso de diálogo, que puede ser objeto de otro artículo, lo cierto del caso es que el proyecto no plantea ninguna acción u obligación concreta para corregir la forma en que se realiza la pesca que hoy se hace por arrastre. Hay que tener claro que la actividad de pesca de camarón no fue prohibida. Lo que fue prohibido es hacerla de manera irresponsable e insostenible social y ambientalmente.
El proyecto de ley es un listado de buenas intenciones. Plantea una serie de principios que deben regir las políticas para la autorización de la pesca; principios que ya están vigentes en el país y que fueron tomados en cuenta por la Sala Constitucional para prohibir la pesca de arrastre. Es decir, el proyecto no suma nada a lo que tenemos hoy, pero sí siembra la duda cuando, en uno de sus últimos artículos transitorios, hace referencia a los afectados por el voto mencionado y les da trámite preferente para volver a autorizarles la actividad prohibida, condicionado a lo que se indique en el reglamento de la ley.
Es decir, lo realmente importante para garantizar la sostenibilidad del ecosistema marino no va a quedar en la ley, sino en un reglamento que emitirá el Gobierno (¿para qué ley, entonces?), sin que exista de previo, como lo indicó claramente la Sala, el correspondiente respaldo científico y tecnológico que demuestre una reducción significativa de captura incidental que sea compatible con un desarrollo sostenible democrático.
Avisados estamos. La Ley de pesca sostenible es insostenible.
*Diputado, abogado ambientalista.
