Seis alcaldes que pretenden mantenerse en la silla municipal en el periodo 2016-2020 han sido castigados por la Contraloría General de la República.
Entre sus castigos figuran desde amonestaciones y suspensiones hasta solicitud de cancelación de credenciales y prohibición para ocupar puestos en la hacienda pública, según el Sistema de Registros de Sancionados del ente contralor.
Las principales causas se relacionan con irregularidades en el manejo de contrataciones y nombramientos.
LOS CASTIGADOS
Sumando tres periodos como alcaldesa de San Pablo de Heredia por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Aracelly Salas Duarte fue amonestada con una suspensión de 30 días sin remuneración. La sanción quedó en firme el 21 de noviembre de 2011. Según el informe de investigación PA-35-2011, su caso está vinculado al cobro irregular de anualidades.
“No envió información que hacía referencia a gestiones personales suyas para el cobro de anualidades, las cuales debían ser conocidas por este órgano contralor como parte de su función de control y fiscalización de la hacienda pública, es decir, que la investigada conociendo la improcedencia del pago de anualidades a alcaldes y el requerimiento de la Contraloría acerca de que se le pusiera en conocimiento casos donde estuviera de por medio el cobro de dicho rubro salarial, la investigada no envía la documentación respectiva conociendo que ella misma había interpuesto demanda judicial para el cobro de lo anterior, lo cual se considera va en detrimento del erario público de la municipalidad, pues no se puede destinar fondos para el pago de anualidades según jurisprudencia de los Tribunales de Justicia”, se lee en el informe.
La mayor sanción la han recibido los alcaldes del Partido Liberación Nacional (PLN), Jorge Eduardo Calvo Calvo y Alberto Cole de León. El primero representa al municipio de Abangares y el segundo al de Osa. Ambos suman dos periodos consecutivos y pretenden un tercero, a pesar de que la Contraloría les dictó la prohibición de ingreso a cargos de la hacienda pública.
En el caso de Calvo primero recibió una sanción disciplinaria, que consistió en una suspensión de 15 días sin goce de salario, la cual quedó en firme el 8 de marzo de 2010. Se le encuentra culpable de contratar los servicios de un asesor legal a medio tiempo, sin seguir los procedimientos de contratación administrativa, según la investigación PA-78-2009.
Seis años después, el 31 de agosto de 2015, la Contraloría recomendó la cancelación de sus credenciales y la prohibición por cinco años a ocupar cargos en la hacienda pública.
Los hechos que se le achacan, según la entidad, son: “Irregularidades detectadas en diez contrataciones tramitadas como directas, en el mes de diciembre del año 2010; el pago a la empresa Constructora Cumon S.A. por alquiler de maquinaria en un número de horas y monto económico mayor al contratado; así como lo relativo al pago con fondos públicos de una actividad social de fin de año 2010 para los empleados municipales”.
A Cole la prohibición se le impuso por 4 años, referentes a su accionar como exdirectivo de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur. Específicamente se le acusa por el “incumplimiento de la Ley de Contratación para los contratos de publicidad, impresión de la guía de compras y pagos realizados para la compra de un vehículo Daihatsu Sirion 2003 como parte de la promoción “Métale un gol a su economía”.
Carlos Eduardo Cantillo, también alcalde del PLN, quien ha liderado la Municipalidad de Carrillo por dos periodos, fue castigado públicamente por incumplir el deber de declarar su situación patrimonial. Su amonestación se publicó en el Diario Oficial La Gaceta.
Los representantes de las municipalidades de Coto Brus y Limón culminan la lista de los reprendidos por la Contraloría.
Rafael Ángel Navarro Umaña, quien también busca un tercer periodo con el PUSC, tiene como parte de su gestión la imposición de dos sanciones disciplinarias, cada una por 30 días. La primera quedó en firme el 20 de setiembre de 2011 y la segunda el 9 de julio de 2012. Es acusado de incumplir sus obligaciones en nombramientos internos, se refiere a la designación de integrantes que no tenían la competencia para la elaboración de un nuevo manual de puestos.
En el caso del limonense Néstor Mattis, también recibió amonestaciones escritas considerando que incurrió en una irregularidad en la contratación de forma directa del Hotel de Playa Westfalia para el convivio de funcionarios, así como una suspensión por 8 días sin goce salarial por autorizar el uso de un vehículo municipal para fines distintos.
DIARO EXTRA intentó contactar a los postulantes pero al cierre de edición no atendieron el celular. Muchos de los castigos de la Contraloría quedan sin ejecutarse por un conflicto de competencias con el Tribunal Supremo de Elecciones.
