Editorial
En Costa Rica la única escalerita que tienen los pobres para subir posiciones en la sociedad es la educación. Sin embargo lejos están los días en los que con el título de bachillerato se podía conseguir un buen trabajo.
En esta titulocracia tica son cada vez más los colegiales que deben optar por matricularse en una universidad privada, pues los cupos limitados, los extensos currículos y los incómodos horarios les hacen imposible optar por una pública.
Lamentablemente, muchas veces, de ser una tabla de salvación, las universidades privadas se convierten en un calvario financiero para los valientes que se atreven a matricular.
Las facilidades de pago, los descuentos y la amabilidad del primer cuatrimestre desaparecen cuando el estudiante ingresa a la carrera, peor aún, si por alguna circunstancia se atrasa en el pago, pues los intereses comienzan a correr y aparece el acoso telefónico para que cancele el monto adeudado.
Lo peor del caso es que, contrario a lo que se pensaría, muchos de los estudiantes no son millonarios, sino más bien jóvenes de clase media o baja que acuden a alguna entidad bancaria por un préstamo, o trabajan para pagarse las materias, cuyo alto costo ha ocasionado que las universidades privadas dejen de ser casas de enseñanza para convertirse en casas de lucro y usura.
Aunado a esto, muchas quedan debiendo en cuanto a calidad académica, pues parece que los controles sobre la vigencia del currículo y la pertenencia de las materias son prácticamente nulos.
Debido a esta falta de interés de algunos en que sus estudiantes sean competentes no es extraño toparse con practicantes o graduados de instituciones privadas con conocimientos muy limitados, no por falta de capacidad sino por falta de exigencia y de un plan de estudios adecuado a las cambiantes necesidades de los empleadores.
Pese a los altos costos de las materias, muchas de las cuales no bajan de ¢500 mil, poco se preocupan las privadas por ofrecer un salario digno a los profesores que enseñan en sus aulas, por lo que muchos de los mejores no imparten clases en ellas.
Es obvio que no se puede esperar que estas casas de enseñanza no lucren con el servicio que ofrecen, pero siendo un bien indispensable y un derecho humano, deberían ser mejor reguladas para evitar que “desplumen” a los estudiantes y les paguen tan mal a los docentes.
Existen muchas universidades privadas decentes, en las que se preocupan por sus estudiantes y los tratan con respeto, pero hay otras que son una estafa porque cobran carísimo por una educación mediocre y se aprovechan de la necesidad de la gente.
Es hora de que las entidades de gobierno que rigen el sector educación intervengan en serio a favor de los ciudadanos, que caen en las garras de administraciones abusivas, que pisotean sus derechos amparadas en procedimientos hechos a la medida por ellas mismas.
