Los empresarios agremiados a la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) inician el segundo tiempo del pleito que libran con el Ministerio de Hacienda por la interpretación que se hace de la Ley del impuesto sobre las ventas por la inclusión de centros de recreo.
Anteriormente el sector pidió a los autoridades del Ministerio de Ambiente (Minae) que desistiera de cobrar impuestos al ingreso a los parques nacionales.
Después de recurrir a todas las instancias, el titular de Ambiente, Édgar Rodríguez, y el presidente Luis Guillermo Solís firmaron una modificación al decreto No.38295-Minae, eliminando así el cobro del 13% de impuesto y postergando además la entrada en vigencia de las nuevas tarifas.
Canatur sostiene que la Dirección de Tributación ya notificó a varios empresarios de La Fortuna, San Carlos, para cobrarles unos ¢1.000 millones por impuestos que no sabía que debía cobrar, puesto que la ley no lo establece, y aduce que la división de Hacienda interpreta nuevamente la ley de manera errónea, por lo que tomarán acciones legales.
“Pedimos una revisión al ministro de Hacienda, Helio Fallas, para que él resuelva si lo que dice el director de Tributación se sostiene o no, además mandé una carta al Presidente de la República.
Estamos dando tiempo hasta el 2 de septiembre para que se resuelva, de lo contrario valoraremos las medidas legales a tomar”, dijo Pablo Abarca, presidente de Canatur.
Entre las medidas consideran presentar un recursos de amparo ante la Sala Constitucional, pero no lo expresa con seguridad, pues espera que Fallas reafirme el criterio del subordinado, Tributación, o se pronuncie el presidente Solís.
TRIBUTACIÓN: COBRO
NO ES RETROACTIVO
“Al tratarse de un análisis de la ley vigente no se puede cobrar por todos los años que han pasado, únicamente en los casos de fiscalización, en ese caso extremo sería de tres años de cobro”, dijo Carlos Vargas, director de Tributación Directa.
Canatur teme que a sus agremiados se les empiece a cobrar impuestos bajo esa modalidad, lo cual representaría -en palabras de su presidente- “el cobro de los ingresos de todo un año”, dejándolos sin recursos para asumir las demás obligaciones financieras.
Abarca insiste en que Tributación hace una interpretación errónea, pues no se ha cobrado desde la década de 1980 y no existe precedente legal que les permita tomar acciones en ese sentido.
Ante este pronunciamiento Vargas dijo que existen antecedentes administrativos y judiciales sobre este tema desde 1992, los que se han repetido a lo lardo de los años.
En este punto se delimitan de acuerdo a la actuación administrativa, cuando se trata centros de recreo o similares, todos los recintos para entretenimiento o relajación.
Expone que esto no es una novedad porque ya existía, la interpretación resulta de un análisis técnico de la normativa existente, no están yendo más allá de lo expuesto ni asumen el papel de legisladores, como señala el representante de Canatur.
