La Fiscalía de Delitos Económicos, Tributarios y Aduaneros resolvió acusar a La Nación por dos delitos de defraudación fiscal tributaria y solicitar se eleve el caso a juicio.
Tras la resolución la Procuraduría General de la República, como defensora del Estado, deberá pronunciarse si se constituye como querellante y cuál será el monto que exigirá al grupo de comunicación tras los daños al Estado.
“La acusación fue comunicada el lunes anterior a la Procuraduría General de la República. Una vez transcurra el plazo de ley para que la representación del Estado se pronuncie si desea constituirse en parte, el expediente será remitido al Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José”, confirmó la oficina de prensa del Ministerio Público.
VENTA DE ROTATIVAS
El caso de la presunta evasión de impuestos de La Nación se remonta ocho años atrás, cuando la Dirección General de Tributación detectó anomalías en la situación tributaria del Grupo Nación S.A., las cuales cifró en una deuda que a marzo de 2012 llegaba a ¢1.918.300.797,43, contemplando multas e intereses en perjuicio del Estado.
Tributación presentó la denuncia ante el Ministerio Público en 2004, relacionándola con la venta y alquiler simultáneo de unas rotativas. Las irregularidades fueron detectadas por un estudio aplicado sobre el pago del impuesto de la renta, selectivo de consumo y general de ventas.
La Nación vendió las rotativas a la empresa Leasing Capital Corporation por $2 millones y tan solo dos meses después esta las vendió a Arrendadora Interfin S.A. por $5 millones, generando una ganancia de $3 millones a la compañía de Belice para que finalmente La Nación volviera a arrendarlas.
Para la Fiscalía el medio de comunicación simuló la venta, en la cual no obtuvo ganancia, para sacarlas de sus activos y finalmente venderlas sin tener que pagar impuestos, ya que la empresa no estaría bajo su supervisión.
La resolución de la Fiscalía se da pese a que está pendiente una audiencia en la que la defensa de La Nación solicitó la nulidad de la prueba presentada por el Ministerio Público.
“Si bien es cierto existe una audiencia pendiente para conocer alegatos de nulidad presentados por la defensa de los imputados, se consideró que el debate sobre ese punto se ha prolongado por un tiempo más que razonable, por lo que se decidió dar por concluida la investigación.
Lo que a futuro se vaya a resolver sobre lo alegado por los defensores será considerado en etapas posteriores, según los alcances de la resolución, dado que las gestiones por sí solas, de momento, en nada influyen, condicionan o restringen la requisitoria fiscal.
Sobre el tema de la acción de inconstitucionalidad que se estudia en otra instancia del Poder Judicial, de momento eso no afecta la acusación planteada”, alegó la Fiscalía.
Por este caso figuran como imputados el presidente ejecutivo Manuel Jiménez, los abogados Javier León y Luis Javier Uribe, y Carlos González, exmiembro del Comité de Vigilancia de La Nación.
DIARIO EXTRA intentó contactar al abogado Carlos Tiffer a través de su despacho, pero al cierre de edición no obtuvimos respuesta.
La Fiscalía confirmó que por el delito de defraudación fiscal la sanción va de 5 a 10 años de cárcel.
