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Opinión

¿Privatizar las universidades?

Bien decía Adam Smith que el presupuesto del Gobierno debe manejarse con los mismos criterios que el de cada familia. Los presupuestos sanos son equilibrados, es decir, déficit cero. El gasto público reduce las tasas de crecimiento, aumenta el desempleo y hace que los salarios sean más bajos. Lejos de aumentar el gasto público, debemos reducirlo de modo que no supere el 15% como porcentaje del PIB. Ya algunos países como Alemania y Canadá están adoptando algunas de estas medidas.


La función del Gobierno debe ser de árbitro, con reglas claras, simples e iguales para todos. Bien se sabe que la libre competencia es buena en cualquier actividad económica. Por tanto, el Gobierno que busca el bienestar social debe velar porque exista la mayor competencia posible en todos los mercados. ¡Jamás un Gobierno debe meterse a empresario! Esto ha sido un fracaso a lo largo de toda la historia.


Un burócrata, al administrar recursos que no se ha ganado con el sudor de su frente, nunca podrá tener el incentivo para manejar dineros de manera sana; menos aun si los administra amparado en un monopolio o situaciones de privilegio.


El caso de las universidades no es excepción. Mientras que un bachillerato en administración en la universidad privada más reconocida del país cuesta unos US$9,600, en la Universidad de Costa Rica, usando recursos del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) sale en casi US$ 40 mil. Y eso que el FEES no es la única fuente de financiamiento. Más del 57% de los recursos del FEES se va a pago de burocracia. Organizaciones como la Asociación de Consumidores Libres, han denunciado el mal uso de los fondos y activos de las universidades estatales.


Se dice que el Gobierno debe ejercer una función social al proveer bienes como salud y educación a personas que, por su nivel de ingreso, no son capaces de pagarlo. ¡Estoy de acuerdo! Pero el desperdicio es un pecado y debe ser repudiado socialmente. Debemos buscar siempre la manera más eficiente de hacer las cosas. Es decir, para garantizar el acceso de buenos estudiantes a la educación superior no es necesario que el Gobierno administre universidades.


Así como el INS no administra talleres y se dedica únicamente a pagar el servicio, de la misma manera, es suficiente con que el Gobierno pague o subsidie el pago de la matrícula universitaria. Las universidades son empresas y, como tales, su calidad depende únicamente, del grado de competencia que exista en el mercado.


Propongo un sistema de educación superior donde todas las universidades sean privadas y sometidas a la más dura competencia.


El Gobierno se limitaría a calificar a las universidades pero no a autorizar su apertura. Se privatizarían las universidades estatales y con esos recursos se destinarían a crear fondos de préstamos blandos o becas. Los préstamos se pueden canalizar por medio del sistema bancario y las becas coordinadas directamente con cada universidad. Los nombres de los becados deben ser de dominio público.


Para lograr una calidad en la educación superior comparada al primer mundo, se requieren de más reformas.


Sin embargo, la calidad jamás podrá alcanzarse bajo empresas públicas y sin la más dura, irrestricta y libre competencia.

 

*Miembro de la Mont Pelerin Society.

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Martes 09 Diciembre, 2014

HORA: 12:00 AM

CRÉDITOS: Por: José Joaquín Fernández

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