Al parecer el buen corazón del presidente Luis Guillermo Solís o su afán por que las cosas se resuelvan más rápidamente podría salvarles el pellejo a los grandes evasores de este país, entre los que se encuentra el Grupo Nación, ya que no sería necesario resolver el tema de sus deudas con el Estado en tribunales.
Lo anterior luego de que el jueves pasado el Poder Ejecutivo decidiera derogar el decreto que impedía a Hacienda conciliar con los grandes evasores.
El presidente Solís, con el respaldo de Helio Fallas, vicepresidente y ministro de Hacienda, derogó la directriz de la exmandataria Laura Chinchilla, que hacía referencia a este tema.
“Deberá la Procuraduría General de la República procurar que la mayoría de ilícitos denunciados sean llevados a la etapa de juicio, por cuanto resulta de relevancia en la política de control de la evasión fiscal, que no solo se dé el pago de la deuda, sino que además se cumpla el propósito del legislador de imponer penas privativas de libertad a quienes incurran en estas conductas reprochables”, rezaba la Directriz 30-P, que publicó Chinchilla en abril del 2012.
SE SALVARÍA LA NACIÓN
Fallas aceptó que esta decisión abre el paso a negociaciones de deudas en casos polémicos como el del Grupo Nación, que fue elevado al Ministerio Público en el 2004, tras la denuncia del Ministerio de Hacienda por el presunto de delito de defraudación fiscal, en el que habría simulado la venta de dos rotativas.
“Un caso como el de La Nación sí podría conciliar, pero lo que sí quiero decir es que esto no tiene que ver nada con ellos, ni con ningún grupo, sino fue un análisis que más bien hicimos, vimos los pros y los contras, y desde hace unas semanas se decidió tomar la decisión”, añadió.
El grupo de comunicación le adeudaría al Estado un monto que a marzo del 2012 se cifraba en ¢1.918.300.797,43.
El medio de comunicación intentó conciliar y con base en esa directriz presidencial se le negó la opción de negociar. Según trascendió, pretendía pagar solo un porcentaje.
Fabrizzio Chavarría, abogado del Ministerio de Hacienda, afirmó que ilegalmente se le estuvo frenando a la Procuraduría conciliar en estos casos.
“Aunque estuviera la directriz pasada vigente, siempre la Procuraduría tuvo la posibilidad de conciliar o no. La directriz es ilegal en el entendido que hay una potestad que tiene la Procuraduría que le da la ley, que mediante directriz, que es una norma inferior, se le trató de limitar. Nunca debió haber existido”, explicó.
ILEGAL
Esta directriz fue derogada, y según el Vicepresidente de la República se espera que el nuevo mandato entre en vigencia esta semana, cuando se publique en La Gaceta.
En criterio del gobierno esa medida es ilegal, por tanto la expresidenta Chinchilla sobrepasó sus potestades.
“El gobierno pasado efectivamente sacó una directriz de no conciliar, pero desde el punto de vista jurídico está incorrecto porque en realidad es la Procuraduría la que debe conciliar, el que toma la decisión (…)
Yo lo que prefiero es que se abra la posibilidad de conciliar porque la experiencia es que si se va por juicios vamos a durar mucho tiempo y no estamos recibiendo la plata en forma rápida”, indicó.
Además resaltó que “muchos de los juicios se han caído, pero para ello estaríamos proponiendo una capacitación a los jueces fiscales para que ellos entiendan mejor ese tema fiscal y puedan fallar más apropiadamente”.
