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Opinión

Quieren silenciar a DIARIO EXTRA

“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión;
este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones,
el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas,
sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

(Art. 19 Declaración Universal de Derechos Humanos)

 

 

En tiempos tan convulsos como los que aquejan al mundo y muy en específico a la sociedad costarricense, el Derecho a Saber que tiene nuestro pueblo y el paralelo Derecho de Acceso a la Información que todos poseemos son elementos vitales para la sobrevivencia de nuestro adolorido sistema democrático.

 

Sin la garantía de estos Derechos sería imposible saber la verdad; sería imposible exigir una adecuada rendición de cuentas a quienes nos gobiernan; sería imposible que Usted conozca los actos de corrupción que nos carcomen; sería imposible el ejercicio del periodismo independiente de denuncia y de investigación; y particularmente, sería imposible ejercer los derechos de participación política que a Usted le pertenecen.

 

El Derecho de Acceso a la Información en poder de las autoridades públicas se basa en el principio de máxima divulgación porque –como bien lo indica el principio Nº. 4 de la Declaración de Lima– en los sistemas democráticos, esa información le pertenece al pueblo. La información no es propiedad del Estado y el acceso a ella NO se debe a la gracia o favor del gobierno; éste tiene la información sólo en cuanto representante de los ciudadanos.

 

El papel de la prensa independiente (para que Usted pueda disfrutar de ese derecho) es primordial porque somos los comunicadores, los periodistas y los medios de comunicación quienes día a día buscamos y difundimos la información que le permite estar plenamente enterado y para que pueda tomar decisiones vitales en su vida personal y colectiva.

 

Pero para poder llevarle a Usted el reportaje que merece, es necesaria la garantía del Derecho de Reserva de Fuentes o el Derecho al Secreto Profesional, de lo contrario la información de interés público no podría ser divulgada por el temor de la fuente (y de otros posibles denunciantes) con las subsiguientes represalias. Por eso, el número 8 de los Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que “Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales”.

 

El famoso caso Watergate es un buen ejemplo de la importancia que tiene ese Derecho en las sociedades democráticas. Este es sobre dos periodistas del prestigioso Diario estadounidense Washington Post, quienes recibieron declaraciones y documentos de un informante el cual se mantuvo en el anonimato y fue denominado sólo como Garganta Profunda.

 

La información que esos reporteros le transmitieron al pueblo estadounidense gracias a esa fuente anónima fue tan importante, que dio como resultado la renuncia del propio presidente Nixon y el encarcelamiento del Jefe de Personal de la Casa Blanca. La identidad de Garganta Profunda fue uno de los secretos periodísticos mejor guardados de todos los tiempos y los periodistas nunca fueron obligados a revelarla.

 

A la postre se supo quién era (por voluntad del propio informante) y que él fue uno de los más altos jerarcas del FBI, que su interés en suministrar los datos fue para develar la grave corrupción. ¿Qué hubiese sucedido en ese y en muchísimos casos más de corrupción si a los periodistas y al periódico se les hubiesen rastreado todas las llamadas para detectar quiénes pasaron la información que obligó a Nixon a renunciar por la presión de la ciudadanía? ¿En una Democracia quién tiene el poder? ¿Los funcionarios públicos o los ciudadanos?

 

Pues bien, hoy nos toca la desagradable tarea de denunciarle al mundo y a la sociedad costarricense que es el propio PODER JUDICIAL DE COSTA RICA el que durante casi un año se ha dado a la tarea de espiar a los comunicadores de DIARIO EXTRA al mejor estilo de las Dictaduras.

 

El poder del Estado ha sido utilizado en nuestra contra con el único fin de silenciarnos; se han usado los recursos (normativos y económicos) que otorga la Ley Contra el Crimen Organizado para combatir ese tipo de delincuencia sólo para obligarnos a revelar quiénes han sido las fuentes utilizadas por nuestros periodistas para informarle a Usted la verdad; para amedrentar a nuestros informantes; y para que nuestros informantes se abstengan de suministrarnos información que interesa al pueblo de Costa Rica que tiene derecho a saber “adonde está parado”.

 

La seguridad ciudadana y la corrupción en la función pública son temas que Usted tiene derecho a saber.

 

Desconocemos las razones por las que el poder estatal ha hecho semejante gasto de recursos y desconocemos cuál puede ser el interés de esos funcionarios en silenciarnos.

 

Lo cierto es que Instituciones y funcionarios de la más alta jerarquía del Poder del Estado, que están llamados a darnos protección y justicia, son quienes paradójicamente han violado nuestros derechos fundamentales, el Derecho del Pueblo a Saber, y el Derecho del Pueblo a estar plenamente informado.

 

La conducta del Poder Judicial tiene que ser denunciada porque nuestra Democracia no puede tolerar el abuso del poder para generar terror en periodistas y en informantes.

 

Grupo Extra no va a tolerar la amenaza, la agresión y realizará todos los actos que sean necesarios para proteger al periodismo independiente y de investigación.

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Lunes 20 Enero, 2014

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